Comunicado 26 / 2026
Ciudad de México, 08 de septiembre de 2026.- A un año de la implementación del modelo de justicia impuesto por el oficialismo y tras el informe presentado por el ministro presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar, JUFED informa que el pretendido éxito de la reforma se sostiene sobre cifras maquilladas, simulación institucional y subordinación política que lastima el Estado de derecho.
A 12 meses de la promesa de una “justicia real y verdadera”, la realidad exhibe un panorama diametralmente opuesto al triunfalismo oficial. Frente a las afirmaciones de que el rezago ha sido abatido y de que la actual Suprema Corte opera con total eficiencia, JUFED advierte que la inmensa mayoría de los expedientes contabilizados como “resueltos” no corresponden a sentencias de fondo dictadas en sesiones de Pleno con deliberación colegiada, sino a un volumen masivo de acuerdos de trámite y de Presidencia que superan el 70% de las supuestas resoluciones, ocultando artificialmente la lentitud procesal que diversos observatorios especializados han documentado.
Indigna que el discurso oficial se sustente en el señalamiento de que la anterior integración difundía cifras inexactas, para ahora terminar confesando que fue la propia administración actual la que decidió suspender la difusión de la estadística judicial; con ello, lo que antes permitía contar con datos verificables ha quedado reducido a una opacidad que dinamita cualquier narrativa de una justicia “real y verdadera”.
Resulta por demás paradójico e irónico que el discurso oficial califique a la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como “lenta”, mientras que la inmensa mayoría de las sentencias relevantes emitidas por el actual Pleno sobreviven procesalmente gracias al reciclaje y aprovechamiento de los precedentes, doctrinas y criterios jurídicos construidos durante décadas por los ex integrantes de La Corte, a quienes hoy se intenta descalificar sin sustento técnico.
Temas fundamentales en materia de usura, derechos de la infancia, pensiones por viudez y protección biocultural demuestran que, a falta de una identidad constitucional propia, la Corte electa por acordeones se sostiene sobre los cimientos jurídicos del pasado que tanto condena.
