Durante la presentación del informe del Observatorio de la Justicia “50 instituciones que dan seguimiento al nuevo poder judicial que arrancó hace un año”, los Ministros en retiro Javier Laynez y José Ramón Cossío Díaz coincidieron en señalar que no hay manera de corregir la reforma judicial, mientras el punto central sea la elección, de tal manera que las posteriores “reformas a la reforma” son paliativos.
Ambos cuestionaron que el nuevo modelo haya sustituido la carrera judicial y los ascensos basados en experiencia y exámenes de oposición por elecciones de candidatos previamente definidos mediante tómbola, da a conocer este día el periódico Reforma.
“Me preocupan los parches a la reforma judicial. No hay manera de corregir esa reforma mientras el punto central sea la elección”, afirmó Laynez, quien renunció a la Suprema Corte el año pasado y dejó su lugar a los nuevos Ministros, algunos de los cuales fueron incluidos en los llamados acordeones utilizados para orientar el voto durante la elección.
Cossío Díaz coincidió en que las modificaciones posteriores no resuelven el problema de fondo, pues mantienen el mecanismo electoral como base para integrar al Poder Judicial.
“Lo que estamos viendo son paliativos, que si se quita esto, que si se pone lo otro, que si se pospone, eso realmente no tiene ningún efecto. Simple y sencillamente porque está estructuralmente mal concebido a partir de una elección”, sostuvo.
Laynez recordó que desde que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la reforma había advertido que la elección de integrantes del Poder Judicial era incompatible con el funcionamiento adecuado de la justicia.
El problema, explicó, radica en que se destruyó el incentivo de construir una carrera profesional dentro del Poder Judicial, sustentada en experiencia acumulada, preparación y rigurosos concursos de oposición, para sustituirlo por un sistema en el que los cargos dependen de una campaña electoral.
“Todo esto son una aspirina para un cáncer terminal”, sostuvo Laynez al referirse a las medidas adoptadas para intentar corregir las deficiencias del nuevo modelo.
“La preparación no va a contar, sino que haga una mejor campaña, sea más simpático y encuentre el acordeón indicado”, acusó.
Las críticas ocurren después de que, tras los primeros meses de funcionamiento del nuevo Poder Judicial y la exhibición de errores, confusiones y cuestionamientos sobre la preparación de algunos de sus integrantes, principalmente jueces y magistrados, el Congreso aprobó en junio una nueva reforma promovida por el Ejecutivo.
Entre otras medidas, esa modificación pospuso de 2027 a 2028 la segunda elección judicial, simplificó el proceso para definir candidaturas y estableció un examen de conocimientos mínimos. Esta semana, además, la Consejera Jurídica de la Presidenta anunció una nueva iniciativa para fortalecer la evaluación y capacitación de los funcionarios, aunque sin modificar el principio de elección popular.
Para los participantes en el encuentro, realizado en un hotel de Santa Fe con especialistas de instituciones como la UNAM, el ITAM y la Universidad Panamericana, funcionarios judiciales en retiro y activistas, todavía no es posible dimensionar completamente las consecuencias de la reforma.
La razón es que el Poder Judicial aún conserva parte de la estructura de funcionarios de carrera que permanecieron en sus cargos y que deberán abandonar sus puestos conforme avance el nuevo proceso electoral.
“Todavía no podemos medir el grado de devastación que va a significar la eliminación de la carrera judicial como existía, porque todavía lleva una herencia”, expresó el Juez en retiro Rodrigo de la Peza.
Cossío Díaz, quien concluyó su periodo como Ministro de la Suprema Corte en 2018, señaló que varios de los riesgos advertidos desde el inicio del proceso ya comenzaron a materializarse.
Entre ellos mencionó la coincidencia que originalmente tendría la elección judicial de 2027 con los comicios intermedios, razón por la cual ésta ya fue pospuesta; el rezago que enfrenta alrededor de 60 por ciento del nuevo Poder Judicial; la falta de preparación de algunos de los nuevos jueces y la pérdida de independencia frente a los otros poderes.
“Los que dijimos que iba se están cumpliendo”, afirmó.
Los participantes reconocieron que existen algunos avances y decisiones de la nueva Suprema Corte, particularmente en materia de derechos sociales, como la garantía de un mínimo vital de agua.
Sin embargo, señalaron que hasta ahora el máximo tribunal no ha emitido alguna sentencia que implique un conflicto relevante con el Gobierno o que afecte directamente al Poder Ejecutivo.
Para los especialistas, por ello, el verdadero impacto de la reforma todavía está por verse: mientras el Poder Judicial conserve parte de la experiencia acumulada por los funcionarios de carrera, los efectos de haber sustituido ese modelo por elecciones populares permanecerán parcialmente ocultos.
La advertencia central de los ex Ministros, sin embargo, permanece: mientras la elección siga siendo el mecanismo para definir a quienes imparten justicia, las modificaciones destinadas a corregir el nuevo sistema sólo podrán atender sus síntomas, pero no su problema estructural.
