Por primera vez en más de 200 años, el Pleno de la #SCJN sesionó fuera de su sede histórica en la Ciudad de México, en la plaza principal de Tenejapa, una comunidad indígena chamula, en febrero de este año.
Con información de Redacción, JUFED, El País, La Jornada, N+, El Sol de México
El 1 de septiembre de 2025, México transformó su sistema judicial con la elección de 881 cargos federales y mil 800 locales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este tiempo ha realizado 163 sesiones públicas y ha resuelto unos 2 mil 600 asuntos, además de inclinar sus actividades hacia los derechos indígenas y afromexicanos, desahogar litigios fiscales multimillonarios que estaban rezagados y avalar reformas de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Fue inaugurado el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina, para cubrir las responsabilidades del antiguo Consejo de la Judicatura Federal.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 35% menos asuntos en su primer año de trabajo que la integración anterior en un periodo similar. La atención a las sesiones ha caído a menos de un 10% y aún hay importantes propuestas de campaña sin cumplir, según revela un análisis del Departamento de Datos de N+.
Uno de los principales temas de controversia fue que los jueces electos popularmente y otros funcionarios tenían inexperiencia y el riesgo de que los jueces se convirtieran en políticos en una elección constante.
Lo más importante fue el debilitamiento de los contrapesos al Gobierno de Morena.
Desempeño sumamente positivo, afirma el Ministro Presidente
El presidente de la así promocionada “Nueva Corte”, Hugo Aguilar Ortiz, calificó de “sumamente positivo” el desempeño del máximo tribunal, aunque reconoció que el reto es extender su visión al resto del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde persisten rezagos y altas cargas de trabajo. “Esto de volver a cerrar las puertas de la Corte, cerrar los cubículos de los ministros y pensar que sin diálogo va a ser iluminado el ministro para encontrar las mejores soluciones, se acabó. Eso se queda en el pasado”, dijo a La Jornada.
Tensiones, negociaciones y grandes pendientes
EL PAÍS publica este martes las opiniones de trabajadores, a un año, donde quedan en evidencia las tensiones, las negociaciones, los avances y los grandes pendientes. “Creo que queda mucho por hacer”, resume una fuente del Tribunal de Disciplina, “sí hay problemas porque es una transición, pero no todo es blanco y negro”.
Los que han estado en el despacho de Néstor Vargas, el presidente del poderoso Órgano de Administración Judicial (OAJ), identifican dos fotos: a un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum; al otro, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. “Eso nunca se había visto en un órgano judicial”, apunta una fuente cercana.
Vargas, quien arrastra una denuncia por abuso sexual, fue consejero jurídico de Sheinbaum en el Gobierno de Ciudad de México y después designado por ella para el Órgano. Los otros integrantes lo eligieron presidente en un acto a puerta cerrada y desde entonces está al frente del monstruo que controla el millonario presupuesto del poder judicial.
Pese a su poder, el OAJ ha tratado de mantenerse lejos del escrutinio público, al que sí están sometidos a diario, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte. En esta estrategia hubo una grieta. El 6 de enero, Lorena Josefina Pérez Romo dejó su puesto en una salida inesperada después de solo cuatro meses en el cargo. Oficialmente sigue sin conocerse nada sobre la renuncia, pero alrededor han girado acusaciones de irregularidades económicas dentro del órgano y también de una lucha de poder con Vargas. Pérez fue sustituida por Xóchitl Almendra Hernández, cercana al ministro de la Corte Irving Espinosa. Después de ahí, de nuevo el silencio.
“El OAJ no está funcionando como un órgano colegiado, es Néstor quien está tomando las decisiones, lo hace todo él, como si él fuera el órgano”, apunta una fuente cercana, que identifica que, ante la duda, el presidente nombra a la presidenta: “Yo ya le dije a Claudia”. Dos fuentes señalan el enfrentamiento claro entre Vargas y Celia Maya, la presidenta del Tribunal de Disciplina. Una tensión que ha obstaculizado el ya de por sí desordenado traslado de recursos del OAJ al resto de tribunales.
“El Órgano de Administración es un completo desastre que ha permeado al funcionamiento de todos los tribunales”, afirma un cargo dentro del Tribunal Electoral, que explica que la aprobación de los recursos se hace semana a semana, lo que obliga “a una serie de conversaciones desgastantes para que se aprueben cosas bastante banales”, como la compra de papel higiénico o de folios para imprimir.
El comedor institucional del TEPJF, por ejemplo, estuvo sin funcionar durante meses porque el contrato se había quedado “atorado” en el OAJ. Lo mismo con las sillas o los ordenadores del Tribunal de Disciplina. “No han encontrado una forma eficiente de trabajar con todos los tribunales que tienen que atender”, apuntan. Es un Órgano para más de 900 órganos jurisdiccionales federales.
Era final de octubre y el Tribunal de Disciplina apenas estaba todavía repartiendo a sus cinco integrantes en comisiones. Hace apenas un mes que entró en vigor su reglamento interno y 10 días que crearon su Comité de Transparencia.
Menos asuntos votados y menos productividad
Según los datos de N+, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la SCJN votó 3,174 proyectos de sentencia. En un periodo similar, del 11 de septiembre de 2025 al 24 de agosto de 2026 (último día del que hay información publicada), la nueva integración de la Corte votó 2,059 asuntos a partir de proyectos de sentencia.
Esto es una reducción de asuntos resueltos de más del 35% entre un año y otro. La reducción en la productividad podría responder en parte a que la Reforma Judicial estableció la desaparición de las Salas, por lo que ahora todos los asuntos se resuelven en el Pleno. Esto obliga a que todos los ministros voten en cada uno de los asuntos y que el tiempo en que antes se podía destinar a tener dos sesiones paralelas, ahora solo se pueda tener una.
Esto, sin embargo, se atendió ya en otra Reforma al Poder Judicial en que se dio al Pleno de la Corte la posibilidad de operar en secciones (grupos similares a las Salas) y éstos han decidido no hacerlo.
No funcionan aún las “Secciones”, que antes eran las Salas
A un año de la implementación de la reforma judicial, el Poder Judicial de la Federación (PJF) arrastra pendientes como la falta de pago de indemnizaciones a juzgadores, a lo que se suma también la creación de las secciones, antes Salas, para agilizar la resolución de asuntos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), observa El Sol de México.
La estrella de la reforma judicial, el que iba a encargarse de la corrección de los jueces y magistrados, no ha publicado todavía cuántos casos está investigando, cuántos juzgadores han sido sancionados y por qué motivos, cuántas quejas han llegado y cómo se han canalizado, apunta EL PAÍS. Una fuente dentro del tribunal define todo este primer año como una transición, mientras otra identifica ya la falta de controles y los sesgos en las investigaciones.
“Ha faltado agilidad porque el Tribunal no tiene acceso directo a su presupuesto. Entonces es complejo que otro órgano decida qué necesitas”, apunta una fuente interna, que valora la división del antiguo Consejo porque tenía “mucho poder”: “Ahora hay más equilibrio”. Sin embargo, en la partición, el OAJ se quedó con el personal, lo que también ha lastrado la puesta en marcha del Tribunal de Disciplina.
A eso se ha unido al alto número de quejas que reciben: unas 1,000 al mes. Estas reclamaciones —que vienen de la Fiscalía, la Consejería Jurídica, los sindicatos o cualquier ciudadano— pasan primero por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA). Este departamento tiene la instrucción de solo avanzar con las que tengan “elementos” y que no todo sea una “sanción”.
Así, por ejemplo, cuando se reciben reclamos por la tardanza en los tribunales (el 66% de los asuntos en los tribunales de circuito presenta rezago y el 26% de los juzgados de distrito, según las cifras del OAJ) se opta primero por llamar a los titulares para presionar: “Tienes rezago, tienes que atenderlo, se están quejando”. Estos avisos, apunta una fuente cercana, sí están funcionando.
Esa dinámica es muy diferente de la que otra fuente identifica en las suspensiones a jueces y magistrados. “Hay varios grupos: algunos conflictos laborales, equivocaciones de titulares y, sobre todo, cuestiones políticas”, apunta: “Se está juzgando el criterio jurisdiccional, es decir, cómo resolvieron. También cuestiones procesales sobre la reforma judicial, por ejemplo, un magistrado está ahora suspendido por presentar en las audiencias a una magistrada como magistrada electa”.
Además de vigilar la tan mentada corrupción de los jueces y el rezago en la impartición de justicia, el Tribunal de Disciplina era también la respuesta del Gobierno para corregir la inexperiencia de los jueces electos. Se iba a encargar de evaluarlos y también de ordenarles los cursos de formación.
Juzgadores inexpertos y Tribunal Electoral controlado
Una fuente interna cifra que entre el 8% y el 11% de los nuevos juzgadores van a tener que pasar el curso de actualización tras no aprobar los exámenes de evaluación.
Hace años que la polémica envuelve al Tribunal Electoral. La lucha por controlar la institución estalló en 2023 y sus consecuencias todavía siguen. En 2024, los votos de la Sala Superior fueron necesarios para ratificar la super mayoría de Morena en las elecciones. Esto llevó a que en 2025 fuera la única que se salvara de la demolición judicial. Solo sus dos puestos vacantes salieron a las urnas y se permitió que los magistrados que ya estaban se quedaran hasta la siguiente elección judicial.
Ahora eso todavía ha ido a más: Morena acaba de aprobar que puedan reelegirse en 2028 y permanecer en el máximo órgano electoral seis años más, es decir, hasta 2034. Así, algunos podrían sumar hasta 17 años en el cargo cuando su mandato era solo de ocho.
Este premio es una consecuencia directa de la actuación de los magistrados. En el Tribunal Electoral, relata una fuente interna, los debates se han acabado: “El magistrado Reyes Rodríguez explica el sentido de sus votos y razona los argumentos, pero eso dejó de ser frecuente, como antes de la elección cuando todavía había un poco más de pluralidad y se discutían las posturas durante la sesión pública. El debate ya es una rareza dentro del tribunal”.
Cuando hay temas delicados, agrega esta empleada, “hay una coordinación de las magistraturas para decidir quién va a argumentar frente a la postura del magistrado Reyes Rodríguez”. Tratan, señala, de que no sea el presidente Gilberto Bátiz quien lo haga y suele ser la magistrada Claudia Valle. Ambos fueron electos en junio del 2025, pero sí conocían la labor jurisdiccional del tribunal (Valle, por ejemplo, venía de una sala regional): “Ha sido un pleno decoroso en ese sentido”.
La JUFED exige resultados
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha documentado fallas y pendientes que el Poder Judicial acumula, tras la reforma que prometió una justicia cercana a los ciudadanos.
“Estamos viendo una justicia improvisada; para muestra las discusiones de la Suprema Corte, con errores, falta de seriedad y una tendencia a defender los intereses del gobierno. Se sustituyó el mérito y la capacidad técnica por la popularidad a través del voto, y estamos en un bache tremendo”, explicó la magistrada Julia García, directora de la JUFED.
Anteriormente, los jueces y magistrados estaban vinculados a la carrera judicial y eran elegidos mediante exámenes, pero con la reforma judicial, esa opción quedó destinada sólo para el personal técnico y operativo.
El 2 de junio de este año, la reforma judicial tuvo modificaciones para la operación de la Suprema Corte y de la segunda etapa de las elecciones, las cuales se aplazaron para 2028, cuando originalmente estaban previstas para 2027.
En el caso de la SCJN, se restablecieron las salas bajo el nombre de “secciones” para agilizar la resolución de los asuntos. Sin embargo, hasta el momento no se han constituido.
“Reformar la reforma en menos de un año demuestra que la primera no sirvió y fue descuidada. Sólo hicieron cambios cosméticos que no resuelven los problemas de fondo ni garantizan que llegue gente con experiencia”, opinó la directora de la JUFED.
Además, de acuerdo con la JUFED, también hay un incumplimiento sistemático de la Constitución por parte del OAJ, ya que la reforma establecía los pagos extraordinarios y pensiones complementarias para los juzgadores que fueron sustituidos por quienes ganaron las elecciones.
