Menu
Home » Carrusel » Viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles
familia-cortada-bajo-manos-protectoras-93218973

Viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles

Hace algunas semanas fue aprobado por el Congreso de la Unión un decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, que ha sido enviado a las Legislaturas de los Estados para su respectiva aprobación y que significará un golpe de timón en la forma tradicional de concebir y litigar esas materias para los operadores jurídicos de México. A la fecha, ya ha sido aprobado por los Congresos de Hidalgo, Coahuila y Chihuahua. Reducidas a su mínima expresión, estas reformas y adiciones podrían significar el enfilamiento del derecho procesal civil y familiar hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y la posible instauración del predominio de la oralidad en los juicios, aspectos ambos ya vigentes en materia procesal penal, con la plena entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. El decreto de reforma y adición a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política señala que regirá en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), en los términos siguientes:

“Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 17; y la fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

“ARTÍCULO 17 …. “… Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

“ARTÍCULO 73 …. 1. A XXIX-Z …. . “XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar; “XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

“TRANSITORIOS “Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

“Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas.

 “Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

“Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

 “Quinto. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. “Ciudad de México, a 28 de abril del 2017”

Jurista conversa en este número con distinguidos abogados, especialistas en derecho civil, familiar y procedimental para recoger sus opiniones sobre éste, que será un tema fundamental de debate en todos los espacios de encuentro de la comunidad académica, jurisdiccional y colegiada.

1.- El Congreso de la Unión tendrá facultades exclusivas para legislar en materia de procedimientos civiles y familiares ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- Señor licenciado Octavio Ruiz Martínez, la opinión del suscrito es que nos estamos sometiendo a lo que maneje el centro de la República. Esto es, se están olvidando de que somos una Federación formada por Estados Libres y Soberanos.

José Antonio Márquez González.- Favorable. Me parece que este paquete de reformas es parte de una agenda política nacional que se ha impulsado en forma consistente y efectiva, a despecho de la escasez de recursos materiales y de las necesarias negociaciones políticas de fondo.

José Manuel de Alba de Alba.- Es una de las reformas más importantes, pues atendiendo a los datos del INEGI, las materias civil y familiar son las que más ocupan la labor de los Tribunales del país, ya que la materia familiar comprende el 36% y la materia civil un 30%, es decir, más de las dos terceras partes de todos los juicios que se tramitan en México.

2.- ¿Se debe llegar también a un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- Lo van a poder hacer, ello es indudable. Solamente insisto en que tenemos que darnos cuenta de que hay un galopante y desenfrenado federalismo, y al rato tratarán de derogar el contenido del artículo 124 de la Constitución General de la República. Les están quitando a los Congresos locales las facultades configurativas que tienen en ciertas competencias que no están reservadas a la Federación. En resumen, es un enfermizo centralismo.

José Antonio Márquez González.- Sí. Ésta es una consecuencia natural del carácter y del alcance de las reformas emprendidas.

José Manuel de Alba de Alba.- Creo que es un gran avance el que exista una legislación única aplicable a todo el territorio nacional, en materia de procedimientos civiles y familiar, ya que el hecho de existir tantos códigos procesales como Estados de la República genera un gran rompecabezas procesal, provocando que en algunas entidades de la República, unos derechos sean instrumentados con más celeridad y en otros no.

Además, la reforma en materia de procedimientos civiles y familiares replantea una función judicial en un entorno más democrático en el que todos los jueces tienen la responsabilidad de aplicar la Constitución y los Tratados internacionales obedeciendo al principio pro persona en materia de derechos humanos.

La definición del federalismo en México como garantía de equilibrio entre poderes ya no obedece solamente a la distribución formal de competencias entre entidades federativas y estados, sino a otros factores que de manera decisiva están interviniendo en la determinación de la democracia, como lo es la sociedad civil organizada y la mayor capacidad de acción y responsabilidad de los jueces, en particular en materia familiar. Finalmente, la democracia en México requiere para su consolidación la generación o reforzamiento de mecanismos que garanticen a los ciudadanos el equilibrio en el ejercicio del poder.

Sin duda el federalismo y el sistema de justicia civil y familiar tendrán que abonar a ello, siendo a esta generación a la que le corresponderá ser parte de los cambios necesarios para la implementación de una justicia más eficaz.

 3.- ¿Cree que un nuevo procedimiento civil y familiar deba orientarse hacia la oralidad?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- El suscrito nunca ha creído en un sistema químicamente puro oral, como indebidamente le llamaron a la reforma penal, cuando la sentencia debe ser por escrito. Debemos hablar de procedimientos en donde prepondere la palabra hablada, sin soslayar lo que de escrito todos deben tener. Por otro lado, va a ser imposible que se cumplan los principios que animan esta reforma, como por ejemplo el de inmediación procesal, ya que por ejemplo en nuestro Estado, juezas y jueces familiares celebran al mismo tiempo de tres a cuatro audiencias y entonces la pregunta será ¿Cuál va a presidir el operador jurídico, cuando no tiene el don de la ubicuidad ni las herramientas de experto en conducta, por las que pueda detectar lenguajes corporales, silencios de partes y testificantes? A lo imposible nadie está obligado.

 ¿Para qué quieren la presencia del juez en una audiencia, cuando el punto en contradicción va a ser probado con prueba documental?

José Antonio Márquez González.- Sí. Lo que preocupa es, como ya dije, la carencia de fondos económicos y además de las instalaciones adecuadas para la implementación de estos juicios, así como el retraso que ya se tiene en relación con los compromisos internacionales que nuestro país hubo de suscribir.

 José Manuel de Alba de Alba.- Pienso que puede ser Mixto, en el cual la demanda y la contestación deben ser escritos y todo lo demás oral, con excepción del pronunciamiento de la sentencia, ya que creo que el juez debe tomar el tiempo necesario para emitir la decisión y no precipitarse.

4.- ¿Considera que se podrían incorporar al proceso avances de la tecnología como expedientes digitales, desahogo de pruebas por videoconferencia, presentación de demandas por Internet, notificaciones por correo electrónico u operadores procesales inalámbricos, para llegar a lo que algunos denominan como e-justicia?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- Trabajar con las nuevas tecnologías, siempre será benéficio. Pero tengamos cuidado cuando a las modificaciones legislativas no le acompañamos la correspondiente programación presupuestal, mucho menos de capacitación.

José Antonio Márquez González.- Sí, definitivamente. La e-justicia es una realidad y lo será más a medianos plazos de 20 o 30 años. Esto urge a los organismos de justicia y a las universidades a instaurar de manera inmediata los cursos y la tecnología necesarios para hacer frente a estos nuevos avances.

José Manuel de Alba de Alba.- Indudablemente es necesario que en la impartición de justicia se deben incorporar todos los avances tecnológicos.

5.- ¿Qué opina sobre el plazo de 180 días para expedir las reformas legales que hagan aplicable la reforma y cree que será necesario, como en la reforma procesal penal, que tuvo un plazo de 8 años para entrar en vigor, fijar una temporalidad similar?

 Claudio Raymundo Gámez Perea.- El plazo, obviamente es una broma. Nadie en sus cabales en tan reducido tiempo podrá entender estas reformas a plenitud.

José Antonio Márquez González.- Este plazo depende de las vicisitudes políticas en la marcha general del país, que desgraciadamente influyen en forma considerable sobre los plazos y las condiciones técnicas de implementación de este tipo de reformas legales. Un plazo de sólo 180 días se antoja como demasiado breve para una reforma de esta naturaleza.

 José Manuel de Alba de Alba.- Si pensamos que el término que se estableció para la implementación de la reforma procesal penal tuvo un plazo de ocho años para entrar en vigor, es claro que el término de 180 días que aquí se propone es muy corto, sin embargo, creo que el plazo que se dio para la reforma penal propició un letargo legislativo, que sólo se activó cuando ya se estaba concluyendo el mismo, por ello creo que el plazo otorgado es suficiente, ya que parece una mala costumbre nacional el que no se actúa hasta que se llega el término nacional.

 6.- ¿Existe solidez en los conocimientos técnicos en el ámbito nacional y sería factible un proceso de deliberación y reflexión para obtener un buen producto normativo que no retrase la marcha de la justicia, lastime personas o desprestigie aún más a las instituciones de justicia?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- Por supuesto debe haber reuniones para obtener el mejor producto que las y los expertos procesalistas de las materias civil y familiar aportarán.

José Antonio Márquez González.- No existe la necesaria solidez en los conocimientos técnicos y aún me parece que seguiremos aprendiendo –sobre la marcha– en un ineludible procedimiento de “ensayo y error” que ajuste las condiciones necesarias. Desgraciadamente, un “proceso de deliberación y reflexión para obtener un buen producto normativo” es un ideal en buena medida elusivo. Me inclino más por la solución número uno, es decir, aprender sobre la marcha, aun cometiendo los inevitables errores.

José Manuel de Alba de Alba.- Creo que los conocimientos técnicos ya se tienen, ya que son muy semejantes a los que se implementaron en materia procesal penal y mercantil; y por lo que se refiere al proceso de deliberación y reflexión, soy de la idea que abrir a la deliberación lleva a un retardo en las reformas que son esenciales, además que ya tenemos la experiencia del Código de Procedimientos Familiares de la Ciudad de México.

7.- ¿Qué propondría usted hacer a los abogados litigantes, entidades jurisdiccionales, fiscalías y escuelas para enfrentar este reto que transformará la cultura del litigio en lo mencionado?

Claudio Raymundo Gámez Perea.- Sugiero con toda humildad que primero reconozcamos los objetivos de esta propuesta de Código Único, tipo o Nacional, y enseguida obtener experiencias de procesos muy modernos que ya se llevan en algunos Estados del país, con lo que nos acercaremos más a la pretensión de nuestro interés. Se debe interactuar entre académicos, operadores jurídicos y postulantes.

José Antonio Márquez González.- La pregunta lo plantea muy bien. El sentido de las reformas constitucionales está orientado a la “transformación de la cultura del litigio” y, en efecto, nos involucra a todos, abogados, litigantes, entidades jurisdiccionales, fiscalías y escuelas. Yo agregaría a los abogados consultores, a los notarios públicos y aun a los corredores públicos, como operadores especializados que deben formar parte de esta cultura de litigio y, más aún, de prevención del litigio. Pero confío plenamente en el aporte de los nuevos jóvenes abogados que se esfuerzan en tener una formación distinta a la tradicional formación del magister dixit y la clásica enseñanza oral y de lecturas de las facultades de Derecho.

 José Manuel de Alba de Alba.- Creo que, parafraseando a Alvin Toffler, los abogados y jueces del siglo XXI no deben estancarse en el conocimiento y deben poder aprender, desaprender y reaprender, pues si no se actualizan serán cada día menos abogados. (Eduardo J. Couture).

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


Requerido

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.  [ Aceptar ]