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Supremacía Constitucional.

Mtra.  IVONNE ANIEVA LADRÓN DE GUEVARA/JURISTA.-

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IVONNE ANIEVA LADRÓN DE GUEVARA.

 Antecedentes.

La Supremacía Constitucional en nuestro País, comienza  en el acta constitutiva de la Federación dictada en 1824 específicamente  en el artículo de la misma que a la letra rezaba:

                        “Las Constituciones de los Estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la Constitución general: por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de ésta última”.

                        Partiendo de lo anterior la constitución de ese año incorporó este mismo principio en su artículo 161, en el que se estableció que cada uno de los estados tenía la obligación de organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse a la Constitución ni al Acta Constitutiva, así como guardar y hacer guardar la constitución y las leyes generales de la unión y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la Federación con alguna potencia extranjera. [1]

                        En comparación con la redacción del artículo 133 de la constitución vigente, este artículo no establecía la supremacía de la Constitución en forma explícita; sin embargo de su articulado, específicamente de los numerales del 163 al 171 se considera a la Constitución como el documento más importante de la nación al establecer que todo funcionario antes de comenzar sus actividades debía prestar juramento a la Constitución y que para el caso de omitir este requisito caía en responsabilidad de acuerdo con las leyes y decretos que el congreso emitiera; asimismo se establecieron reglas para reformar o adicionar a la constitución y el acta constitutiva relativos a la libertad e independencia nacionales.

                        Las leyes constitucionales de 1836 tampoco contemplaron en forma expresa la supremacía de la Constitución, sin embargo se previó un control de la misma diverso a la constitución anterior, en cambio se formó un Supremo Poder Conservador depositado en cinco personas de acuerdo con el artículo 1º de dicho documento y quienes tenían entre otras funciones, las de declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de los dos meses posteriores a su sanción, cuando resultaban contrarios a un artículo expreso de la constitución.[2]

                        En el año de 1857 es cuando se establece por primera vez el concepto de supremacía Constitucional en su artículo 126 en los siguientes términos:

                        “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieron por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”[3]

                        El artículo 126 de la constitución de 1857 permaneció sin modificaciones incluso fue incluido en la constitución de 1917, aunque de manera poco meditada  pues en él se facultaba al “Congreso de la Unión” y no al Senado para  aprobar los tratados internacionales, este error fue corregido en 1934, ya que solo establecía lo siguiente:

                         “Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieran por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.[4]

En la actualidad.

                        Ahora bien, actualmente los artículos 40 y 133 de la Constitución enuncian la supremacía Constitucional frente a todas la demás leyes, le otorgan a la Constitución la cualidad de Ley Suprema y/o Ley Fundamental, ésta supremacía se evidencia al llamarla Constitución, es decir, lo que constituye, lo que funda, lo que crea o establece, faculta o limita.

                        Además de los artículos mencionados, la supremacía Constitucional también se encuentra reconocida en los artículos 41 y 124 de la Constitución, el primero porque establece el régimen de competencia en el que se obligan los integrantes de los poderes de la Unión y de los Estados para respetar a la Constitución, el segundo porque al regular el ámbito de competencias entre la Federación y Estado, establece que los dos poderes de gobierno, se encuentran obligados a observar la Constitución, en lo que atribución competencial se refiere. De tal manera que los artículos de nuestra Constitución vigente expresan el principio de la supremacía Constitucional.

                         En el artículo 133 de nuestra Carta Magna se prevén diversos principios, entre otros, el de supremacía constitucional y el de jerarquía normativa. El conocimiento de éstos es de gran importancia en la aplicación del Derecho, ya que son la base para solucionar algunas antinomias. Lo anterior, pues cuando en un asunto jurisdiccional se plantea la contradicción entre dos normas jurídicas, el conocimiento de esos principios es fundamental para determinar cuál de ellas es la que debe prevalecer.

                        La doctrina mexicana es uniforme al establecer que en el artículo 133 se encuentra contenido el principio de supremacía constitucional conforme al cual la Constitución es la norma suprema y la base de todo el sistema normativo. Al respecto, Jorge Carpizo comenta:

                        “Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por medio del cual se dispone que la Constitución es la ley suprema, es la norma cúspide de todo el orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las instituciones y el ideario de un pueblo. Supremacía constitucional significa que una norma contraria –ya sea material o formalmente- a esa norma superior no tiene posibilidad de existencia dentro de ese orden jurídico”.[5]

                        Asimismo, en el Diccionario Jurídico Mexicano, en relación con la supremacía de la Constitución se establece lo siguiente:

                        Bajo el término de supremacía de la constitución, se hace referencia a la cualidad de la constitución de fungir como la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional.[6]

                        Por su parte, Fix Zamudio y Valencia Carmona sostienen lo siguiente:

                        El principio de supremacía constitucional, por tanto, descansa en la idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el punto más elevado de éste, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en la conocida expresión de José María Iglesias, presidente de la Corte en el siglo pasado, ‘sobre la Constitución, nada; bajo la Constitución, todo’[7]

                        La supremacía Constitucional dentro del orden jurídico de un estado es necesaria por razones de seguridad, congruencia y armonía entre todas las disposiciones jurídicas que interactúan al interior del estado.

                        En otros términos la idea de la supremacía constitucional se puede establecer en que no debe haber nada ni nadie por encima ni fuera de la Constitución.

                        Lo anterior parece sencillo; pero en realidad se trata quizá de uno de los problemas más complejos y con mayores dificultades para su aplicación e interpretación no sólo en México sino en el mundo.

                        La idea de la supremacía constitucional radica en que dicha norma o serie de normas es el resultado de la Soberanía popular y por ende reflejo de las necesidades y aspiraciones de un grupo social. Así las cosas, la Constitución debe contener o más bien establecer los principios de organización para el ejercicio del poder; pero además y quizá lo más importante, cuales son los límites para el ejercicio del Poder.

                        De ahí que si entendemos a la Constitución como el medio de control del poder establecido por el propio pueblo, en el pleno ejercicio de la democracia; bajo la idea democrática del presidente Lincoln de que se trata del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces no puede haber ningún acto de gobierno o persona alguna que vaya en contra del sentido de los principios constitucionales.[8]

                        Es decir; la Constitución debe contener los principios fundamentales de la organización y la actividad del Estado y al tratarse de una cuestión de interés general ningún interés particular lo podrá vulnerar.

                        Por lo anterior; los actos de gobierno y de los gobernantes deben ser en aras del bien común y de acuerdo sobre todo a los límites que se establecen en la Constitución en beneficio y para la protección de los Derechos Fundamentales de los individuos.

                        Bajo esa tesitura no podríamos considerar correcto ni siquiera mínimamente constitucional, un acto que aun siendo legal contravenga los principios constitucionales. Por lo anterior debemos diferenciar actos constitucionales de actos legales, ya que puede haber actos legales pero inconstitucionales y actos legales y constitucionales.

                        Por ende se debe procurar que exista congruencia entre los actos de la autoridad y los principios constitucionales ya que de esa forma se estaría materializando la supremacía constitucional.

                        De ahí que cuando se habla de supremacía constitucional, cobra importancia la idea de la jerarquía normativa desarrollada por el jurista Austriaco Hans Kelsen, y que ha generado la llamada pirámide normativa o pirámide invertida, como una forma de representación gráfica de dicha supremacía de la Constitución, como la norma que establece como se crean las demás leyes y como la norma que además establece cuales son los límites de esas normas secundarias.

                        En México el poder judicial de la Federación ha interpretado al artículo 133 Constitucional considerando a la Supremacía Constitucional como un derecho público individual.[9]

                        La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a determinar que la Constitución federal se ubica jerárquicamente en un nivel superior respecto de las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado, los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos, se ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo. Asimismo, si bien el artículo 133 contiene de manera expresa el principio de supremacía constitucional, existen otros preceptos en la Constitución mexicana, que de manera implícita nos llevan a ubicarla como la lex fundamentalis de la Nación Mexicana; entre ellos, los artículos 41, 128 y 135

[1] BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE,  Agustín., Filosofía del Derecho Internacional; Iusfilosofía y politosofía de la sociedad mundial., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2001, p 55

[2] TENA, RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 1808-1999,  22ª edición, México, editorial Porrúa, 1999, p. 193.

[3] COSÍO, VILLEGAS, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2ª edición, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 230 y 239.

[4] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, disponible en: http//www.diputados. gob.mx.

[5] Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales. 8ª. ed. México: Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas,

Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 1.

[6] Osornio Corres, Francisco Javier y Ma. de Lourdes Martínez Peña. Voz, “Supremacía de la Constitución”,

en Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad

Nacional Autónoma de México, 2007. t. P-Z. p. 3600.

[7] Fix-Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. 2ª. ed. México: Porrúa; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. p. 68.

[8] TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, 33ª edición., México, 2000, p.256.

[9] Constitución, Supremacía de la, Es un derecho Público Individual, Fuentes y Evolución de este Derecho, (Tesis), séptima época, Instancia: Sala Auxiliar, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III del Informe de 1970.

La autora del presente es artículo la Mtra. IVONNE ANIEVA LADRÓN DE GUEVARA

Es  Licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana.

Especialista en derecho laboral y amparo.

Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz en el periodo comprendido del 2002 al 2004.

Maestría en derecho de Amparo por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

Actualmente abogada y asesora de diversas empresas, trabajadores y sindicatos.

Un comentario

  1. La constitución es el reflejo de un pacto social en el cual todos los involucrados consentimos su aplicación como medio de regular la mejor convivencia éntrelos individuos dentro de un contexto contemporáneo de relaciones humanas respetuosas y armónicas, tomando como base la experiencia y evolución de las relaciones sociales, así como los derechos humanos reconocidos.
    La constitución como “ley suprema” es el reflejo de la voluntad del pueblo, por ello, como la ha sostenido la máxima instancia de la justicia regional en la protección de los derechos humanos, “El sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Por ello, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder”.
    En horabuena por su aportación e ilustración al tema.
    Atentamente:
    Eduardo Vega.
    Estudiante de derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México “UnADM”

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