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Reflexiones sobre la obstrucción legal a las candidaturas independientes en México

Enrique Carpizo

Enrique Carpizo

 ¿Necesidad o temor al cambio?

El hartazgo social hacia ciertos partidos políticos que padecen del actuar cuestionable o indebido de algunos de sus militantes hace que el tema de las candidaturas independientes cobre importancia en un contexto donde la confianza en agrupaciones políticas y en el gobierno se ha venido a menos, sin embargo, múltiples Estados del país en vez de cambiar esa percepción a través de actos positivos se empeñan en atacar la apertura de la democracia al querer aumentar o haber aumentando los requisitos previstos a nivel federal para evitar poner en riesgo o perder su influencia en sociedad. Son hasta ahora Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, los Estados que aumentaron los porcentajes de firmas requeridos para ser candidato independiente u obstaculizaron el procedimiento, reformas que además de generar indignación, devienen inconstitucionales por ir más allá de los mínimos de participación democrática y violar el derecho a votar y ser votado, pues los requisitos iniciales a nivel federal para ser candidato independiente a la Presidencia de la República son del 1% de firmas sobre el total de la lista nominal y del 2% para Senador o Diputado, y los plazos para reunir las firmas oscilan entre 120 días en el caso del candidato a Titular del Ejecutivo, de 90 días para el aspirante a Senador o 60 días para Diputado, aspectos que pueden ser optimizados en favor del principio pro democracia, consistente a mi juicio, en preservar todo aquello que facilite a las personas su derecho al voto u ocupar cargos públicos en sintonía al derecho nacional e internacional vinculante y a la realidad del contexto social donde ejercen derechos y libertades, pero no limitados como vemos pasó en Puebla donde no se justifica la arbitrariedad en el aumento al 3% respecto del 2% de firmas que a nivel federal se requiere y menos la infame reducción del plazo para recaudar las firmas, pues ello obstruye el acceso a la candidatura independiente, corrompe el ánimo social y quizá doblegue al aspirante para pedir apoyo a un partido o incluso aceptar ser postulado por una agrupación política ante la abrumadora restricción legal, entonces, será posible que algunos militantes de partido se disfracen de independientes al ser más fácil para ellos conseguir las firmas, los votos y llevar la delantera? Debemos evitar la complicidad en acciones contrarias a la democracia y al saneamiento social. Si bien la Corte de Justicia o el Tribunal Electoral tendrán la última palabra en el análisis de la inconformidad contra de los obstáculos a la candidatura independiente, lo cierto es que la verdad no depende de que la reconozcan sino de que la hagamos evidente. Soy optimista y espero que en este tema no ocurra lo mismo que aconteció con la consulta popular cuya existencia es ilusoria debido al número de elevado de requisitos para hacerla procedente y obligatoria, siendo penoso y nocivo el aumento de simulación democrática en México.

Enrique Carpizo

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