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Reflexiones en torno a la suspensión del acto reclamado en la nueva Ley de Amparo.

Dr. Benjamín Rubio

Dr. Benjamín Rubio

ÍNDICE.- I.- Introducción. II.- Breves consideraciones en torno a la suspensión del acto reclamado en el amparo III.-Los requisitos generales para otorgar la suspensión: a) solicitud de la medida por parte del quejoso; b) acreditar el interés suspensional e interés legítimo; c) que no se siga perjuicio al interés social o al orden público, y d) la ponderación de la apariencia del buen derecho. IV. La necesidad de prescindir de la teoría sobre la clasificación de los actos materia de la suspensión. V. Conclusiones.

I. Introducción

El presente trabajo tiene como objeto realizar reflexiones en torno a la suspensión del acto reclamado en el Amparo Indirecto. El estudio comienza con conceptos básicos y posteriormente se enfoca a los requisitos que exige la norma para su procedencia.

Hecho lo anterior, se analiza si la teoría de los actos reclamados sigue siendo piedra angular de examen para el otorgamiento o no de la suspensión, o bien, solo se debe regir el estudio sobre ponderación de apariencia del buen derecho, en relación con el orden público y el interés social.

II. Breves consideraciones en torno a la suspensión del acto reclamado en el amparo.

El Ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, en uno de sus estudios sobre suspensión , comparala institución con el juego infantil “encantados”, en el que hay un niño al que denominó encantador, y éste persigue a los demás, y una vez que toca a otro niño dice “encantado”, lo que provoca que el “encantado” ya no deba correr y, debe permanecer paralizado, en tanto se levante ese encantamiento. El Ministro mencionaba que es así como funciona la suspensión, pues esa palabra significa detener o paralizar, es decir, una vez que se pronuncia, ésta toca a la autoridad responsable, en consecuencia, queda encantado y debe detener la ejecución del acto.

En efecto, la suspensión fue concebida como un medio que permite la paralización de los actos reclamados, bajo el argumento de mantener viva la materia de amparo, situación que se ha mantenido vigente en parte, ya que esa concepción evolucionó, pues no todos los efectos de una concesión de suspensión deben obligar a la autoridad a paralizar un acto, hay otros en los cuales se obliga a un hacer a la responsable, pues la suspensión no tiene como único objeto mantener viva la materia de amparo, sino también se propone evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio, los perjuicios que la ejecución pudiera ocasionarle la tramitación del juicio.

Bajo ese esquema se concibe a la suspensión, pues no solamente paraliza o detiene, sino que puede ordenar a la autoridad responsable hacer o dar algo, todo bajo un argumento, el de protección de derecho anticipado del quejoso. Esta concepción costó trabajo acuñarla al existir un problema semántico, ya que la palabra “suspensión” en estricto sentido no significa “hacer” o “dar” sino “paralizar o detener”, y ese problema traía consigo un problema de interpretación.

El problema se fue solucionando conforme se asimiló que la suspensión en amparo tiene las características y elementos de una medida cautelar, capaz de otorgar anticipadamente un buen derecho que proteger, ya paralizando o bien obligando a la autoridad a un hacer o dar.

Esos sesgos de considerar a la suspensión como medida cautelar, ya venía forjándose años atrás, pues se puede advertir en diversas opiniones como la de Vallarta que argumentaba; que hay casos, en que antes de abrirse lo que verdaderamente es el juicio debe comenzar por asegurar lo que constituye su materia, a fin que la sentencia no sea después estéril y nugatoria , de igual forma Fix Zamudio, mencionaba que la suspensión constituye una providencia cautelar en cuanto significa una apreciación preliminar de la existencia de un derecho con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva.

Así pues, la suspensión como medida cautelar tiene el objeto de anticipar provisionalmente algunos de los efectos de la protección definitiva, basándose en una apreciación preliminar de la existencia de un derecho, para proteger al quejoso mientras dure el juicio constitucional , que no es otra cosa que un examen preliminar de la materia de la controversia para descubrir un principio de fundamentación que permita al juez otorgar efectos restitutorios a la medida precautoria, sin prejuzgar sobre el fondo.

Lo anterior encuentra justificación en el principio de tutela judicial efectiva, que prescribe que las normas procesales deben interpretarse de manera que se maximice el acceso a la justicia, bajo principios de efectividad, sencillez y rapidez. Principios, que son adoptados en el trámite de la suspensión, ya que es efectivo en tanto es idóneo para lograr la paralización del acto o bien, adelantar los efectos, es sencillo al exigir solo la petición de parte y, rápido en razón que en veinticuatro horas debe ser acordado la procedencia o no de la medida en forma provisional. De esta forma, el efectivo acceso a la tutela jurisdiccional que establece el artículo 17 constitucional, así como la adecuada defensa de los derechos fundamentales, dotan a la suspensión en el amparo de la jerarquía de garantía de los derechos y de derecho sustantivo al mismo tiempo, como parte de los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y de acceso pronto y eficaz a la protección del juicio de amparo.

Este bosquejo de la suspensión, es el nuevo escalón, a partir del cual ahora comienza la interpretación, pues para bien de todos hay un giro en el tema, ya que anterior a concebir a la suspensión como medida cautelar y tomando como referencia el buen derecho, se concebía en forma avalorado y abstracto , es decir, partiendo de su interpretación semántica, y bajo una generación de teoría de actos, que lo único que se obtenía era que por excepción se concediera la suspensión, en cambio como se verá, el esquema gira para valorarse en concreto conforme al buen derecho, partiendo la premisa a la inversa; por excepción se debe negar la suspensión, y tomando como referente que sin una medida cautelar eficaz, el amparo es inoperante como arma en contra de la arbitrariedad.

III. Requisitos generales para otorgar la suspensión.

Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo vigente, exigen para otorgar la suspensión ya sea provisional o definitiva, lo siguiente:

- El quejoso haya solicitado la apertura;

- Acreditar el interés suspensional o en su caso el interés legítimo;

- No se siga perjuicio al interés social o al orden público; y,

- Se pondere la apariencia del buen derecho.

El primer y tercer requisito, son consecuencia directa del primer artículo, y de una primera lectura parecería que son los únicos que deben acreditarse, sin embargo, esa regla se complementa con los demás numerales mencionados que exigen acreditar el interés suspensional o en su caso el interés legítimo y la ponderación de la apariencia del buen derecho, por tanto, deben ser interpretadas en su conjunto como exigencias de estudio para decretar la suspensión.

a) Solicitud de la medida por parte del quejoso.

Este requisito básicamente está encaminado a corroborar que en efecto lo haya solicitado el quejoso por sí o a través de representante o mandatario, o a través de cualquier persona conforme a los artículo 14 y 15 de la Ley de Amparo, cuando se trate de actos en materia penal y actos como la incomunicación, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tortura, deportación, destierro entre otros de trascendencia a la integridad física, libertad y vida.

b) Acreditar el interés suspensional e interés legítimo.

Respecto al segundo requisito, dividiré el estudio en dos, el primero en relación al interés suspensional y el segundo en relación al interés legítimo.

El denominado por la jurisprudencia “interés suspensional”, no es otra cosa que demostrar en forma indiciaria que el acto reclamado agravia al quejoso, entonces, es un estudio previo del interés jurídico sin tanto rigor, de ahí que se diga que el acreditamiento es indiciario, de tal forma que el Juez pueda presumir que el acto reclamado afecta los derechos subjetivos del promovente, criterio que ha sido sustentado en diversas ejecutorias como la siguiente.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.

Como se aprecia y se dijo, el análisis de este requisito no requiere de un estudio a fondo, sino solo indiciario, que permita preventivamente entrar al análisis de la medida cautelar, sin tantas exigencias como se solicita en la sentencia, de tal manera que se pueda apreciar en forma preliminar que el quejoso tiene un derecho que defender, igual apreciación sobre indicio en el interés suspensional fijó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 101/2008, en la que estableció que esa acción implica, tomar como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará daños.

El hoy Ministro de la SCJN Zaldívar Lelo de Larrea, manifestaba que en la suspensión no debe acreditarse el intereses suspensional, incluso indicaba que ese requisito fue generado por los criterios de la corte sin tener sustento normativo, y en efecto así fue, la ley abrogada no exigía el análisis del interés jurídico en la suspensión, fueron las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales quienes generaron esa figura de nombre “interés suspensional”, que en términos de lenguaje se escucha erróneo, sin embargo así se le denominó.

La norma vigente en forma expresa exige acreditar el interés jurídico en la suspensión, no le da un nombre en especial, pero lo cierto es, que aparece en forma de enunciado normativo en el artículo 131 cuando establece en su segundo párrafo que “En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.”

Ese enunciado en términos generales muestra que el acreditar el interés jurídico en la suspensión lleva como fin, que la medida cautelar no sea un modo de constituir derechos, sino solo en su caso adelantar el que se tenga antes de la presentación de la demanda, sin indicar como debe acreditarse, sin embargo, debe complementarse con los criterios de jurisprudencia existentes, siendo en consecuencia demostrable en forma indiciaria, usando el medio de prueba directa o indirecta que se tenga en ese momento, bajo la obligación del juez de estudiarlo sin tanto rigor o exigencias como en la sentencia, sino solo a través de presunciones.

En cuanto al tema de interés legítimo en la suspensión, el artículo 131 de la ley de amparo ya citado establece en su párrafo primero que “Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.”

Del numeral trascrito se observa una regla de nuevo uso en el juicio de amparo tratándose de suspensión, que refiere al interés legítimo, exigiendo para otorgarse el acreditar tres tópicos:

- Un daño inminente;

- Que el daño inminente sea irreparable de no llegar a concederse; y

- El interés social que justifique el otorgamiento.

Elementos complejos en razón de que debe discernirse que son cada uno de ellos, lo que implica un análisis teórico que permita saber a qué refiere cada uno, acto seguido, proponer un método de análisis y determinar en forma concreta cómo se demuestran, tomando en consideración la limitación de pruebas permitidas en el incidente de suspensión. Claro está, que se requerirá de una interpretación final por parte de la Corte para que establezca el estándar de lo mencionado, pero en tanto sucede se generará una nueva doctrina sobre el tema.

Será difícil ese camino de formar un nuevo panorama en este tópico, pues se trata de conceptos que no pueden probarse con pruebas simples, sino más bien complejas, por lo que, el quejoso y en su caso el juez, deben realizar argumentos que sostengan cada uno de esos temas, pero los mismos no podrán ser objetivos más bien serán simples acercamientos empíricos sobre las pretensiones, en razón que difícilmente se tendrán pruebas para demostrar términos ambiguos, de ahí que la generación de un método de estudio es importante a efecto que el argumento y las pocas pruebas que se tengan puedan llevar a una conclusión que este cerca o lo más cerca de lo que el legislador buscó, otorgar suspensión solo en casos urgentes y graves.

Aunado a lo anterior, el precepto normativo no aclara si la demostración de los elementos debe ser plena o solo indiciaria, si nos fuéramos a una interpretación literal, parecería que debe acreditarse plenamente, ya que no se hace alguna distinción en el enunciado, incluso está redactado en forma imperativa pues establece: …la concederá cuando el quejoso acredite…, lo cual considero incorrecto, es decir, la acreditación debe ser solo en forma indiciaria, tomando en consideración lo que ya advertimos, en el incidente de suspensión está restringido el catálogo de pruebas, además opera el principio de mayoría de razón, ya que si el interés suspensional solo exige acreditarlo en forma presuncional o indiciario, entonces, de la misma forma debe ser para el caso del interés legítimo.

Ahora pasaré a tratar cada uno de los elementos que debe acreditarse cuando se aduce interés legítimo en la suspensión.

El daño inminente refiere a que debe ser actual o debe estar por suceder no puede ser futuro o incierto, entonces el daño ha de ser inminente cuando amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. Pero se debe tener cuidado cuando se pretenda acreditar lo anterior, ya que la tradición en el juicio de amparo ha estado vinculada a acreditar o argumentar sobre actos no sobre daños, y la norma vigente en este tema abandona el acto para ser núcleo central de estudio el vocablo “daño”, entonces, la forma de argumentar este elemento recae sobre el “daño” que ocasiona el acto reclamado.

Bajo el mismo tenor está el segundo de los elementos, mismo que parece ser un freno para otorgar la suspensión cuando se alegue interés legítimo, ya que demostrar que el daño inminente es irreparable es complejo, pues la irreparabilidad en el daño refiere a que el estado de cosas no puede ser restituido al que se encontraba antes de la violación del derecho reclamado, o bien, es el perjuicio que sólo puede ser indemnizado mediante una reparación o compensación del daño, y si estos fueran los conceptos que se adopta, entonces pocos serán los actos que podrán ser paralizados en esta hipótesis.

Ahora bien, existe el problema de cómo analizar el daño irreparable, ya que en cualquiera de los dos conceptos que se propone, es necesario discernir y probar en forma directa o indirecta o con argumentos cualesquiera de esas posiciones, entonces el estudio debe partir a través de dos concepciones con las cuales se podrá justificar la irreparabilidad del daño:

1. La urgencia, que dará elementos del porque no podrá regresar al estado de cosas anterior, y establecerá las razones de reparar las consecuencias solo con indemnización, y

2. La gravedad, que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, entonces, este análisis pondrá sobre el argumento un margen que permita establecer las repercusiones al entorno que producirá esa consecuencia.

En cuanto acreditar que el interés social justifique el otorgamiento, estamos frente a un tema netamente argumentativo, en donde deberá fundarse y motivarse porque se considera que el interés social se beneficia con el otorgamiento de la medida, siendo el argumento resultado directo del análisis de los otros dos elementos sometidos a estudio.

c) Que no se siga perjuicio al interés social o al orden público.

La SCJN ha sostenido que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público debe entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

El artículo 129 de la Ley de Amparo vigente establece en forma enunciativa una serie de hipótesis en las que el legislador considera se contraviene el orden público o el interés social, esas hipótesis son enunciativas no limitativas, lo que implica puedan existir otras más, que en el análisis particular se obtenga que con ellas se vulnere una norma que evita trastorno o desventaja o la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, de ahí que no se puedan enumerar todas sino solo las más graves, a efecto que a partir de ellas se genere el argumento.

Una aportación en la ley vigente es el hecho que permite al juzgador utilizar discresionalidad, ya que excepcionalmente puede conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en dicho artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social, hecho que es destacado, ya que en la ley derogada y jurisprudencia generada hasta esa época era tajante, había que negarse a rajatabla aun cuando pudiera provocar mayores perjuicios que beneficios a la sociedad.

d) La ponderación de la apariencia del buen derecho.

Una de las novedades implementada en la Ley de Amparo vigente, fue introducir como regla el estudio ponderado de la apariencia del buen derecho, circunstancia que permite evolucionar a la institución de la suspensión en su estudio, pues se pasa de un estudio abstracto a un estudio concreto y valorativo, ya que en el pasado se daba importancia a la denominada naturaleza del acto, y con la nueva exigencia esto deja de ser importante, pues se permite valorar en concreto. La apariencia del buen derecho, es básicamente una actividad de análisis preliminar de la inconstitucionalidad del acto reclamado, que permite un asomo al fondo del asunto, analizando en forma concreta el acto, tomando en cuenta sus particularidades, considerando sus elementos objetivos y valorativos, y una ponderación de intereses.

La norma vigente exige que la ponderación de la apariencia del buen derecho se realice frente al interés social, estudio que considero no es correcto, ya que el estudio preliminar del acto, permitirá advertir si el mismo es constitucional o no, de no ser constitucional se debe adelantar el derecho, sin requerir un estudio de la afectación al interés social, ya que a la sociedad le interesa que todo acto de autoridad sea constitucional, es decir, no pueden existir actos constitucionales que afecten el interés social, sería un contrasentido.

Lo anterior puede interpretarse del último párrafo del artículo 129, que autoriza excepcionalmente al órgano jurisdiccional a conceder la suspensión aun tratándose de actos que estén en el catálogo como aquellos que afectan el interés social o el orden público, siempre y cuando pueda causarse mayor afectación al interés social. Esta autorización que prevé el legislador, no hace más que confirmar que lo que prevalece en el estudio es la ponderación de la apariencia del buen derecho, pues lógico es que si el análisis preliminar del acto reclamado da como conclusión la inconstitucionalidad del mismo, entonces, no debe existir barrera que impida adelantar sus efectos. El problema se verificaría cuando el acto reclamado en un análisis preliminar no pueda apreciarse su constitucionalidad o no, entonces, en ese supuesto considero que la ponderación deba enfrentarse a intereses social.

IV. La necesidad de prescindir de la teoría de la clasificación de los actos materia de la suspensión.

La ponderación de la apariencia del buen derecho viene a dar por concluido la teoría de los actos reclamados, que en abstracto clasificaba a los actos como: consumados, declarativos, de tracto sucesivo, positivos, negativos, prohibitivos, entre otros, pues lo que prevalece en el análisis será la aplicación del principio en mención, sin ser relevante como pueda clasificarse el acto, cierto puede auxiliar en el argumento pero dejará de ser la piedra angular, el argumento para conceder la suspensión tendrá su respaldo siempre y en todos los casos en ese principio.

La teoría de los actos reclamados tenía razón de ser o por lo menos estaba justificada, ya que el artículo 124 de la Ley de Amparo derogada no contenía un método para analizar el otorgamiento o no de la suspensión, realmente el análisis se fue construyendo por interpretación, así se dio prevalencia a valorar los actos en abstracto clasificándolos, bajo el convencimiento en jurisprudencia que adelantar el derecho iba en contra de lo que denominaban “naturaleza del juicio de amparo”, ya que podía quedar sin materia.

Esta forma de análisis fue la que prevaleció pero no por ello la que convenciera a todos los operadores jurídicos, como prueba de ello, trascribo un párrafo escrito en 1956 sobre el tema:

…A la sombra de que la suspensión no tiene efectos restitutorios, por ser estos propios del amparo mismo, la jurisprudencia ha formado una clasificación de actos violatorios (actos ejecutados, parcialmente ejecutados, actos de tracto sucesivo, actos positivos y negativos, imperativos y prohibitivos), con lo que no ha hecho sino embrollar la materia dando lugar a decisiones contradictorias y contribuyendo con ello a desnaturalizar el amparo, restándole seriedad, y más aún, haciendo de él un medio para que las autoridades abusen del poder y para que los particulares se burlen de las disposiciones gubernamentales. En efecto, una jurisprudencia que se llama definida y que de tal no tiene más que el nombre, porque está sujeta a innumerables excepciones, establece que contra los actos ejecutados no procede la suspensión; consecuencia de esta jurisprudencia es que el individuo a quien se le viola una garantía tiene que soportar durante el tiempo que dilata el juicio, que puede ser de meses o años, la conculcación de derechos, pudiendo suceder, lo que es frecuente, que cuando se le otorgue la protección inmediata, el amparo habrá dejado de llenar sus fines…

Esta reflexión de aquellos años refleja precisamente la importancia del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, a efecto de adelantar el mismo cuando se aprecie la inconstitucionalidad del acto, con independencia del nombre bajo el cual se pueda clasificar el acto, dando preferencia al análisis preliminar que permite valorar en concreto el acto reclamado, de ahí que predique que la teoría de los actos ha llegado a su fin.

Situación que se corrobora de la exposición de motivos de la reforma de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

En materia de suspensión del acto reclamado, se propone establecer el marco constitucional a fin de prever un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, y al mismo tiempo cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural. Para tal efecto, se privilegia la discrecionalidad de los jueces consagrando expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Sin embargo, para asegurar su correcta aplicación, se establece la obligación del Juez de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social y el orden público y la apariencia de buen derecho. Con esto se logra que la medida cautelar sea eficaz y que no se concedan suspensiones que molestan la sensibilidad de la sociedad.

La exposición de motivos nos arroja dos elementos que permiten corroborar lo dicho, uno que el constituyente considera la suspensión como medida cautelar y, dos; otorga suma importancia al arbitrio judicial a efecto de ponderar la afectación al interés social y el orden público frente a la apariencia del buen derecho, sin que deba considerarse la clasificaciones de los actos reclamados, ya que de hacerlo si impediría esa ponderación.

La redacción del artículo 107 fracción X CPEUM pudiera arrojar confusión, pues establece:

Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Esta redacción indica que cuando la naturaleza del acto lo permita se deberá ponderar, sin embargo, hablar de la naturaleza del acto, no significa que deba clasificarse el acto –consumados, negativos, declarativos, entre otros-, sino que deba atenderse al derecho que se dice violado, analizando en concreto y no en abstracto el mismo, de tal forma que permita establecer o corroborar como mínimo:

- El interés suspensional;

- La certeza del acto reclamado o no, y tratándose de la provisional atender a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad haga el quejoso;

- No contravenga el orden público ni el interés social;

- Verificar que el acto reclamado sea susceptible de paralización–medida cautelar negativa-, o bien generar una obligación a la autoridad responsable de hacer o dar –medida cautelar positiva-;

- Verificar que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.

Lo puesto tiene congruencia con la exposición de motivos, ya que se abandona la preclasificación de actos, a efecto de priorizar el arbitrio judicial a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho frente al orden público e interés social, sin perder de vista el cumplimiento de los requisitos para solicitar la suspensión y que conforme 107 fracción X de la CPEUM son los que establezca la Ley de Amparo, y solo los que establezca la ley de amparo, que no deben ser más, y por tanto se debe abandonar anteriores criterios que establece como requisito a efecto de otorgar la suspensión clasificar el acto.

Si se optará con seguir con la doctrina de la clasificación de actos, la finalidad de la reforma constitucionalidad no tendría éxito, ya que establecer un estereotipo a los actos impide en muchos supuestos entrar al estudio preliminar y periférico del derecho cuestionado, impidiendo el arbitrio judicial.

V. Conclusiones.

Primero: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107 fracción X, reconoce a la Suspensión del acto reclamado como una medida cautelar.

Segundo: La ley de Amparo vigente introduce al sistema nuevas figuras en el análisis de la suspensión del acto reclamado, entre ellas el estudio del interés legítimo y la ponderación de la apariencia del buen derecho frente al interés social y orden público.

Tercero: El interés legítimo debe estudiarse dentro de la suspensión, tomando como parámetro de análisis, el daño inminente e irreparable en caso que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

Cuarto: El ejercicio de ponderación de la apariencia del buen derecho frente al interés social y orden público, tiene como base la discrecionalidad del Juzgador, dejando atrás la teoría de los actos que presupone una categorización de los mismos y que impide el análisis en concreto del acto reclamado.

                                                                                                                                                            Benjamín Rubio Chávez.

                                                                                                                                                            @brubiochavez

Referencias bibliográficas.

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De Alba de Alba, José Manuel, La apariencia del buen derecho en serio, México, Porrúa, 2011.

Fix-Zamudio, Héctor, Breve introducción al juicio de amparo mexicano en Ensayos sobre el Derecho de Amparo, México, UNAM, 1993.

———-, Juicio de amparo, México, Porrúa, 1964.

Góngora Pimentel, Genaro, La suspensión en materia administrativa 11 ed., México, Porrúa, 2009.

Lelo de Larrea, Arturo Zaldívar, Hacia una nueva ley de Amparo en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2011.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Décima época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, t.I, diciembre de 2013.

———- Novena época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, t.I, abril de 2009.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Reforma en Materia de Amparo de 6 de junio de 2011, en http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/PDFs/proceso%20legislativo%20amparo.pdf. Vallarta, Ignacio, El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, México, Porrúa, 1975.

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