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Nuevas mecánicas de acción del Juicio de Amparo

Lic. Juan José Llanes

Lic. Juan José Llanes

EL DOS DE ABRIL DE 2013, FUE PROMULGADA LA NUEVA LEY DE AMPARO (tras una injustificada dilación por parte del Poder Legislativo federal); sin embargo, la reciente ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal innova destacadamente en torno de las mecánicas de acción del juicio de amparo. Como bien lo apunta Fabiola Martínez Ramírez: “El México postmoderno y democrático al que aspiramos se nos presenta cada día con mayor complejidad, diversidad de ideas, intereses variables y por lo tanto múltiples confrontaciones en todos los ámbitos; desde luego, el derecho no ha quedado a la zaga en este debate, pues esta dinámica social que se presenta día con día exige que el derecho sea activo, variable y dúctil”1 . Podemos afirmar, entonces, que la nueva Ley de Amparo pretende que esta institución jurídica esté adecuada al tiempo actual: “La idea de concebir una norma injusta o un derecho en donde la ausencia de valores sea evidente -continúa Martínez Ramírez- exige una transformación, una mecánica en la que interactúen las distintas esferas del estado y donde los poderes no queden centralizados en un solo órgano”2

Sin embargo, la aspiración no queda limitada al Estado de derecho, sino que se impone la necesidad de transformarlo en un Estado constitucional, aquél en donde la ley está subordinada a la Constitución y, por lo tanto, el parámetro que regula cualquier acto de autoridad es la norma fundamental. Esta es la intención final de la nueva Ley de Amparo.

LA NUEVA LEY DE AMPARO Y SUS MECÁNICAS DE ACCIÓN

Con una estructura muy similar a la anterior, la nueva Ley de Amparo publicada el 2 de abril de 2011, mantiene y aun refuerza en distintos aspectos lo más esencial del juicio de los derechos fundamentales: se trata de un proceso desarrollado ante la jurisdicción especializada, y que tiene por objeto resolver un litigio de índole constitucional sobre la violación, por una autoridad pública, de los derechos fundamentales de una persona particular, invalidando el acto reclamado si tuviera mérito la pretensión del quejoso. Sin embargo, este ordenamiento incluye cambios y novedades con los que se superan conceptos tradicionales e imperantes por largo tiempo sobre el juicio de amparo. Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, refieren razones de orden “simbólico” que impulsaron a la nueva Ley de Amparo:

“La mencionada reforma del 6 de junio de 2011 es un hito en la historia del juicio de amparo por su amplitud; con ella se dio cabida a instituciones y normas que amplían la protección que brinda este proceso y prevé una más eficaz tutela de los derechos… Ante todo esto, una nueva Ley de Amparo contribuye a dar relieve al compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, como lo hizo el inicio de la décima época jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación”3 .

Quizás sea ésta la nota más destacada de la citada amplia reforma en materia de tutela constitucional: la incorporación de los Derechos Humanos dentro del espectro tutelar del juicio de Amparo, que no únicamente inspira a la nueva Ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, sino que también, en buena medida, la define. ¿Cuáles son esas notas distintivas de la nueva Ley de Amparo y la subsecuente generación de nuevas mecánicas de acción?

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO

 Se adicionan los principios generales del Derecho a las fuentes supletorias del régimen del juicio de amparo. Se subrayó la necesidad de que, en el del juicio de amparo, rijan diversos principios establecidos en la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el Derecho internacional de los derechos humanos.

 NUEVO CONCEPTO DE “AUTORIDAD RESPONSABLE”

 La nueva Ley de Amparo ya contiene una definición de este concepto, por lo que ya no es necesario recurrir a la jurisprudencia para discernir qué es una “autoridad responsable”. Sin embargo, el punto más importante es que la nueva legislación admite la procedencia del amparo contra ciertos actos de particulares: los “equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos (unilateral y obligatoriamente) y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. LA

SUSTITUCIÓN DEL TERCERO PERJUDICADO POR TERCERO INTERESADO

La nueva Ley de Amparo denomina “tercero interesado” a quien en las legislaciones precedentes era conocido como “tercero perjudicado”. Esta última denominación había sido tildada de incorrecta y anacrónica. Para corregir esta nomenclatura deficiente, al menos en lo que respecta al último aspecto señalado, se pone a tono el juicio de los derechos fundamentales con la controversia constitucional —sistematizando el ámbito procesal constitucional— y el contencioso-administrativo, que le son análogos.

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Los escritos dentro del juicio de amparo se podrán interponer por medio de papeles físicos o por vía electrónica. Esta nueva forma de incoar el procedimiento, de hecho ya funcionaba en algunos otros tribunales mexicanos (en materia fiscal, por ejemplo). Pero, si bien es cierto que el empleo de las tecnologías no era inédito, la Ley de Amparo se coloca a la avanzada en cuanto al “expediente electrónico”, como formal duplicado oficial de autos.

 NUEVAS FORMAS DE INTEGRAR JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia –de conformidad con la nueva Ley de Amparo- se integra por reiteración de criterios, contradicción de tesis y por sustitución. Tratándose de la jurisprudencia por reiteración de criterios, el Pleno de la Suprema Corte podrá integrar criterio jurisprudencial, siempre que se sustente el mismo criterio en cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría calificada de por lo menos 8 votos; tratándose de las Salas, se necesitarán 4 votos, y unanimidad de los Tribunales Colegiados. Se regula también la figura de la interrupción de jurisprudencia, dejando de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie una sentencia que sea contraria a aquéllas que integraron inicialmente la jurisprudencia. La jurisprudencia por contradicción o unificación de criterio, se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte, resueltos por el Pleno, los Plenos de Circuito, resueltos por las Salas de la Corte y de los Tribunales Colegiados de un Circuito, resuelto por el Pleno de Circuito respectivo. Éste –el Pleno de Circuito- es otra de las nuevas figuras creadas en la nueva Ley de Amparo.

 EL AMPARO ADHESIVO

 Se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito y consiste en que aquella parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual deberá ser tramitado en el mismo expediente y resuelto en una sola sentencia. Con la inclusión de esta figura se pretende conjuntar y dar celeridad a la resolución definitiva del juicio de amparo directo. Es decir, el legislador buscó concentrar en un solo juicio el análisis de todas las posibles violaciones cometidas durante el proceso jurisdiccional, a fin de decidir y resolver de manera conjunta sobre las referidas irregularidades, agilizando el procedimiento encaminado para obtener una decisión judicial definitiva que ponga fin a la controversia. De igual forma, con el amparo adhesivo se pretende imponer al quejoso la carga de invocar, en el escrito inicial, todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento originario, estime que puedan vulnerar sus derechos procesales. También se obliga a los Tribunales Colegiados de Circuito a fijar en sus resoluciones de forma precisa los efectos de sus sentencias, de manera que las autoridades responsables puedan cumplir con ellas sin mayor dilación. Cabe precisar que el Poder Reformador de la Constitución y el Congreso ordinario exceptuaron de este instrumento de regularidad constitucional a las normas generales de naturaleza tributaria.

 LOS DERECHOS HUMANOS

 Con motivo de las respectivas reformas constitucionales de Juicio de Amparo y de Derechos Humanos, del 6 y 10 de junio de 2011, los Derechos Humanos se convierten en el objeto de tutela por excelencia del juicio de amparo, en la inteligencia de que, en estricto apego a los principios constitucionales de progresividad y fuerza expansiva en la interpretación y aplicación de los Derechos Humanos, actualmente es posible integrar al derecho interno los tratados internacionales atinentes a esta materia, como un parámetro de control para revisar violaciones a estos, analizando su adecuación o no a los instrumentos internacionales -control de convencionalidad- o a la Constitución Federal -control de constitucionalidad-. Tanto en la Ley Fundamental, como en la Ley de Amparo vigente, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección, por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

EL INTERÉS LEGÍTIMO

La nueva Ley de Amparo sustituye el interés jurídico –como condición sine qua non de legitimidad- por el interés legítimo. Por medio de esta institución se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (es decir, sin contar un derecho subjetivo) tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada, lo cual implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que, de hecho, pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En consecuencia, en la nueva Ley de Amparo, se generan los requisitos, para aludir al interés legítimo como condición de legitimidad para intentar este medio de tutela: justificar una afectación por lo menos indirecta que sea real y actual que el acto reclamado le causa al impetrante del amparo; justificar el beneficio directo o indirecto que se obtendría con su concesión; argumentar de manera clara y precisa cuál es el interés del quejoso en el juicio de amparo respecto de su acto reclamado y, para efectos de la suspensión del acto reclamado, acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Todo ello, incorporó una nueva línea de acción del derecho de amparo: el llamado “amparo colectivo”.

EL AMPARO CONTRA LA OMISIÓN

 El juicio de amparo procede ahora no solamente por lo que la autoridad haga, sino también por lo que deja de hacer: si una autoridad es omisa en el cumplimiento de una obligación que le impone la ley, cualquier persona afectada podrá reclamar dicha omisión ante un juez federal a través del amparo. El amparo en contra de la llamada “afectación “pasiva”, cierra la puerta a la impunidad cuando las autoridades no cumplen cabalmente con su responsabilidad

1

MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola, El juicio de amparo, su naturaleza jurídica y relación con los tribunales constitucionales, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3066/3.pdf, p. 1. (consultadoen noviembre de 2013).

2

MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola, Op. Cit., p.1

3

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén, Apuntes sobre la nueva Ley de Amparo, en http://elmundodelabogado.com/2013/apuntes-sobre-la-nueva-ley-de-amparo/, (consultado en noviembre de 2013).

Contenido publicado en la Revista Jurista edición 13

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