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Medidas cautelares y el viejo sistema de justicia penal

 

En primer término me referiré al artículo 19 de la Constitución, este numeral con motivo de la reforma en materia penal, introdujo como derecho humano el acceso a medidas cautelares, a efecto de enfrentar en libertad los procedimientos penales en aquellos delitos que no son considerados como de prisión preventiva. Estableciendo en la parte que interesa lo siguiente:

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso…

Esta disposición se complementa con diversos numerales que dan sentido a esa disposición constitucional, como son el artículo quinto transitorio y 155 del código nacional de procedimiento penales, que establecen:

QUINTO TRANSITORIO.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.

 

155.- A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

 

  1. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;

 

  1. La exhibición de una garantía económica;

 

III.       El embargo de bienes;

 

  1. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;

 

  1. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

 

  1. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;

 

VII.      La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;

 

VIII.     La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;

 

  1. La separación inmediata del domicilio;

 

  1. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;

 

  1. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;

 

XII.      La colocación de localizadores electrónicos;

 

XIII.     El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o

 

XIV.    La prisión preventiva.

 

Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.

 

Este sistema de normas trascritas, que fueron impulsadas para el nuevo sistema de justicia penal tiene como fin primordial el respeto del principio de presunción de inocencia, a efecto que como regla general se enfrenten los procesos penales en libertad y por excepción en prisión.

Esa visión del constituyente y del legislador permite que el código contenga un sin fin de medidas cautelares que ayuden a ese propósito, es decir, que el justiciable que cometa un delito excluyendo los que están contemplados como prisión preventiva enfrenten el procedimiento en libertad.

Así también, un amplio catálogo de medidas cautelares permite que no sea la situación económica la que impere para el logro del fin perseguido por el constituyente, esto es, en el sistema mixto tradicional para obtener la libertad era forzoso el pago de caución, entonces, solo aquellos afortunados con recursos materiales lograban cubrirla y con ello obtenían su libertad provisional en tanto se resolviera en definitiva su proceso, y aquellos que no contaban o cuentan con recursos tenían como única opción la prisión preventiva.

Esa vieja visión trae una injusticia, la libertad provisional solo se obtenía por el pago de caución, el procesado sin dinero o bienes debía enfrentar el proceso en prisión, con una posibilidad que después de meses o años obtuviera una sentencia absolutoria que de ninguna forma le restituía su tiempo en prisión preventiva, esta circunstancia denotaba que solo aquellos que tuvieran recursos económicos se beneficiaban de la libertad.

Este punto al advertirlo el constituyente y el legislador, permitió que la libertad provisional no dependiera del estatus económico del imputado, sino más bien de la justa causa y de la discrecionalidad del juzgador al caso concreto, por tanto, se dotó al titular del órgano jurisdiccional de un enunciado normativo que estableciera un catálogo extenso de medidas cautelares que permiten a este determinar caso por caso un beneficio al justiciable que le permita enfrentar un procedimiento en libertad, asegurando desde luego los derechos de la víctima.

Así esta serie de normas referentes al nuevo sistema de justicia penal, puedan ser aplicadas en favor de un procesado bajo el anterior sistema mixto, autorizándole a este solicitar alguna medida cautelar conforme a la normatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Hacerlo no solo respeta las normas ya reproducidas si no también los diversos principios de perspectiva de derechos humanos como:

  • Principio pro personae;
  • Principio de progresividad;
  • Principio de de retroactividad de la ley en beneficio; y
  • Principio de presunción de inocencia.

El primero de los principios, refiere que cuando del sistema normativo o bien, del bloque constitucional se adviertan diversos derechos, entonces el juzgador deberá optar por aquel que más el beneficie al sujeto de derecho.

El segundo de ellos, el de progresividad establece que cuando el gobernado gana un derecho humano, no es posible su regresión, tomando en consideración que los derechos humanos siempre deberán avanzar en beneficio, jamás regresar en perjuicio.

El tercero de ellos, va encaminado que cuando hay una reforma de ley si esta le beneficia al justiciable entonces se le debe aplicar en su beneficio, prohibiendo que se aplique en perjuicio, situación que aplica por excepción en materia procesal cuando el tema versa sobre la libertad.

Ahora bien si en el sistema normativo existe por un lado: un artículo del viejo sistema penal que establece que para la obtención de libertad provisional se debe caucionar sin valorar la situación especial del contexto del imputado; y, por otro lado existe un diverso derecho relativo al nuevo sistema de justicia penal, que establece un catálogo amplio de medidas cautelares, que permite enfrentar un procedimiento en libertad sin estar sujeto al pago de caución, entonces, conforme al primero de los principios se debe aplicar el que más beneficia, esto es, la aplicación de alguna de las medidas cautelares que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, revisando las circunstancias personales del procesado.

De igual forma, si el constituyente y el legislador establecieron ya como derecho humano una serie de medidas cautelares para que el imputado enfrente como regla general el proceso penal en libertad, y si ese derecho humano es mejor que la sola fijación de caución que preveía el viejo sistema, entonces, significa que la ciudadanía ganamos un mejor derecho, uno en el cual se trata con igualdad a las partes, sin considerar como medio de ventaja el estatus económico, así atendiendo al principio de progresividad se debe aplicar aun en el viejo sistema este derecho humano que impide no solo la regresividad, sino también el respeto al derecho de presunción de inocencia y de igualdad procesal.

Del mismo modo la existencia del artículo 155 del código nacional de procedimientos penales, permite que ese numeral se aplique retroactivamente al procesado en el viejo sistema penal, esto porque su contenido lo beneficia en cuanto a su libertad provisional, en consecuencia obliga al juzgador a tomar de esa baraja de posibilidades la medida cautelar que mejor convenga al caso concreto.

Las anteriores razones dieron lugar al criterio de jurisprudencia de número 1a./J. 74/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece:

 

 

PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. El análisis de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede realizarse de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. La razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita.

Así, ante la lluvia de derechos y principios mencionados, no debe negarse la posibilidad al procesado en el viejo sistema de acceder a las medidas cautelares que otorga el nuevo sistema de justicia penal, en cualquier hipótesis, es decir, aun cuando el procesado haya solicitado la fijación de caución conforme a la ley anterior y se haya fijado la misma, ya que se debe abonar en el acceso de los derechos que más convienen a la persona.

 

 

                BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ

 

 

Twitter @brubiochavez

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