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Los principios procesales: La adecuación secundaria “Privado” del trabajo

ÁNGEL JAVIER CASAS RAMOS Licenciado en Derecho. Maestro en derecho procesal laboral. Abogado en Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social y consorcios farmacéuticos. Catedrático de las Universidades de Xalapa, Hernán Cortés, Eurohispanoamericana e Instituto de Estudios Superiores.

ÁNGEL JAVIER CASAS RAMOS
Licenciado en Derecho. Maestro en derecho procesal laboral. Abogado en Comisión Federal de
Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social y consorcios farmacéuticos. Catedrático de las
Universidades de Xalapa, Hernán Cortés, Eurohispanoamericana e Instituto de Estudios Superiores.

ÁNGEL JAVIER CASAS RAMOS/JURISTA.- El derecho, como cualquier aspecto de la vida, se encuentra en constante cambio. Es innegable que las realidades se transforman y el orden positivo, en la medida de lo posible, trata de ajustarse a los fenómenos que regula, en un esfuerzo por darle alcance y solución a los reclamos sociales. Desde un aspecto deontológico, esa es y debe ser siempre la función de la ciencia jurídica, no sólo la búsqueda del conocimiento del derecho, sino la procuración de su observancia.

El problema viene cuando el derecho se deslegitima por contener regulaciones que lejos de beneficiar a la mayoría (lo cual es el objeto de las democracias), privilegia únicamente los intereses de aquellos que ostentan el poder.

No es un secreto que desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de noviembre del año 2012, el “derecho privado del trabajo” (a falta de otra denominación) ha venido experimentado una involución. La fuerza expansiva del Derecho Laboral de la que nos hablaba Mario de la Cueva, pareciera quedar poco a poco en la historia como un mero recuerdo.

Entre reformas a la LFT, los criterios jurisprudenciales que cada vez se manifiestan más patronalistas y las reformas constitucionales más recientes, podemos advertir los riesgos de que las protecciones al trabajo que contenían las normas laborales, se desdibujen cada vez más en aras de una supuesta “competitividad”

El día 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, por el cual se modifica el texto de la Carta Magna y de cuyo contenido llama la atención lo siguiente:

“…Artículo 123….A. …I. a XVII… XVIII…XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. …

Antes de acudir a los juzgados o tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales”.

Con independencia de que dicha reforma evidencie un cambio de nombre y cambio de poder, que en lugar de llamarse juntas se les llame tribunales y que pertenecerán ahora al Poder Judicial, e incluso más allá de la desaparición de la resolución tripartita de los conflictos, lo preocupante radica no sólo en las modificaciones sustantivas que pudiera tener la legislación laboral, sino precisamente en el aspecto procesal.

 En los procesos jurisdiccionales pueden ser muchos los elementos en común, conforme a la Teoría General del Proceso, sin embargo, las diferencias son las que otorgan los distintivos a cada materia. Y uno de los aspectos particulares son los principios procesales que los rigen.

 En ese sentido, llama la atención que se coloque en un nivel constitucional una “delimitación” o reglamentación procedimental, por lo que es hasta cierto punto preocupante que el texto constitucional ahora establezca los principios o reglas que acotarán la actuación del órgano conciliador y del juzgador, pero lo más importante, de las resoluciones laborales. Los principios, según el diccionario jurídico Espasa, “son criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento de una determinada legislación, que expresados en reglas y aforismos, tienen virtualidad y eficacia propias con independencia de las normas formuladas en el plano positivo”.

 El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que “el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral, conciliatorio y se iniciará a instancia de parte…Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso”.

De este texto se traducen los principios entendidos de la siguiente manera: publicidad, que implica que cualquier persona puede acercarse y presenciar las actuaciones que se lleven a cabo; gratuidad, que el proceso no tendrá ningún costo; inmediatez, que los procesos discurran en el menor tiempo posible entre el inicio, el desarrollo y el final; oralidad preferente, que posibilita que las actuaciones sean verbales para mayor celeridad; conciliación, que las partes se pueden avenir en cualquier momento; instancia de parte, que requiere el accionar del interesado; economía, la aplicación de criterios que produzcan el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional; concentración, que implica que en la medida de lo posible todo se trate de desarrollar en un solo momento procesal; y sencillez, que significa que no existen formalidades, formulismos o solemnidades.

Los principios contenidos en el precepto legal antes citado, si bien distinguen el proceso, no son los más característicos. No olvidemos que la materia laboral poseía principios muy propios, como el contenido en el artículo 18 de la LFT que señala que:

 “En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador”, principio que es conocido como in dubio pro operario.

Otro de los principios característicos es el de suplencia de la demanda, contenido en el artículo 685 de la LFT que establece que “Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta… Lo anterior, sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley”, principio que no debe confundirse con el de suplencia de la queja deficiente que existe en materia de amparo, y el cual permanece intocado hasta este momento.

De igual manera encontramos el principio de suplencia del error, que según algunos autores que lo diferencian del anterior, consiste en que cuando la demanda es oscura, imprecisa o contradictoria, la autoridad puede requerir a la actora para que aclare y/o precise su contenido, tal y como lo dispone el artículo 873 segundo párrafo, que dispone lo siguiente: “Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días…”

 Los principios antes mencionados constituyen sin lugar a dudas una ruptura relativa al estricto derecho, una ruptura parcial, pero esencial para los fines de las normas del trabajo. Más aún si tomamos en consideración aquellos principios o reglas con los que el legislador dotó al juzgador para resolver las controversias laborales y que encontramos en el artículo 841 de la citada norma laboral, el cual establece que “Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas..”.

Del anterior precepto legal encontramos los principios o reglas de primacía de la realidad, buena fe, conciencia y libre valoración de las pruebas, o prueba no tasada, los cuales permiten al juzgador resolver conforme a la verdad.

Contrario sensu, los principios de los que nos habla el texto constitucional reformado en febrero de este año, relativos al actuar de la autoridad, son certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Y los principios que regirán las resoluciones son legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Estos distan de los principios que podrían considerarse tradicionales en los procesos laborales. Respecto de los principios de transparencia, autonomía e independencia pareciera no haber problema, sin embargo, respecto de los principios de certeza, si tomamos en consideración que la Real Academia de la Lengua la define: “Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar”, podemos considerar que este principio alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre el alcance de las atribuciones de las partes y del juzgador.

Este principio que establece nuestra norma fundamental y que acotará el actuar de la autoridad, podría no admitir la “duda” o la “interpretación” y aun cuando la norma secundaria pudiera mantener los principios que ya se contienen al día de hoy en la LFT, podríamos encontrarnos frente a una jerarquía de principios, donde de manera inconcusa, aquellos que ordena la Carta Magna deberían prevalecer, atendiendo a la supremacía constitucional sobre los que se contengan en una norma secundaria

Otro de los principios de los que llama la atención su constitucionalización es el de imparcialidad, del cual podemos considerar que se traduce “en la posición neutral de quienes ejercen la jurisdicción, o ausencia de predisposición en favor o en contra de cualquiera de los contendientes en un proceso”. No se trata de que el derecho laboral esté en favor de alguna de las partes, pero las normas laborales deberían revestirse de lo que Alfredo Sánchez Castañeda llama un “principio protector”, para equilibrar las desigualdades que existen entre las partes.

Si a lo antes expuesto sumamos el principio de legalidad, que por mandato constitucional deberán revestir las resoluciones, es claro que existe el riesgo de que nuestra materia se encamine hacia el ius strictum, característico del Derecho Civil.

En la materia común podemos encontrar que, según el diccionario Espasa, dicho principio “implica, en primer lugar la supremacía de la Constitución y la ley como expresión de la voluntad general, frente a todos los poderes públicos”; implica la sujeción de la administración a sus propias normas; por tal razón, por legalidad entendemos el cumplimiento de las formalidades y actuaciones de las partes del proceso, incluidas las de la autoridad que resolverá, que deben estar claramente contenidas en la norma.

Es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la contradicción de tesis visible bajo el rubro: “LAUDO. EL ARTÍCULO 841 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012), en el que nuestro máximo tribunal establece que el citado precepto no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que las Juntas pueden dictar el laudo sin sujetarse a las reglas utilizadas por los órganos judiciales, por no ser un tribunal de derecho SINO DE ARBITRAJE; tan es así, que incluso se les permite recabar pruebas oficiosamente para conocer la verdad buscada en aplicación de una justicia objetiva, acorde con la realidad de los hechos debatidos en el conflicto; por lo que dicho precepto atiende a la finalidad perseguida por el legislador, al fijar las normas del Derecho Procesal del Trabajo, las cuales tienden a establecer el predominio que requiere la verdad frente al hecho social, a veces en contradicción con la constancia formal”.

No obstante, ello ocurría cuando los preceptos legales se encontraban en un mismo plano jerárquico. Dicho en otras palabras, consideramos que el “Constituyente” o bien maliciosamente suprimió los principios más elementales del Derecho del Trabajo, o bien ha olvidado aquellos que ya se contenían en la norma secundaria, por lo que si pensaba constitucionalizar los principios rectores de la materia laboral, debió hacerlo con todos ellos, y el no hacerlo así pone en entredicho el futuro de la regulación de los procedimientos.

En razón de lo anterior, existe el peligro de que estos nuevos tribunales de los que habla nuestra Constitución Política resuelvan en “estricto derecho”, apartándose de principios como duda favorable al trabajador, suplencia de la demanda, suplencia del error, pudiendo quedar atrás las reglas, principios o facultades como los de primacía de la realidad y buena fe, que precisamente tenían las juntas previstas en el artículo 841.

Parecería apresurado adelantarse a la elaboración de lo que aún no sabemos si será una nueva Ley Federal del Trabajo o un código sustantivo y uno de procedimientos, y del que desde luego desconocemos su contenido, pero precisamente esa debe ser la labor de quienes nos dedicamos a la materia, pero sobre todo de las Asociaciones y Colegios de Abogados: alzar la voz, proponer y, en la medida de lo posible, sugerir e influir en esas transformaciones del derecho positivo.

Debemos recordarle al Poder Legislativo que el Derecho del Trabajo no surgió para generar empleos, como trata de justificarse en la exposición de motivos la reforma constitucional, sino para proteger el trabajo. Es inevitable que las realidades se transformen y con ello el Derecho que las regula, pero en la medida en que participemos podríamos lograr que fueran más democráticas y más justas.

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