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Acuerdos Reparatorios: Pros y Contras.

Manuel Moreno Melo. Doctorando en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Especialista en Amparo y Garantías Constitucionales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Justicia Penal, por la Universidad de Castilla la Mancha, España. Calificación Notable. Especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Salamanca en España, calificación apto. Licenciado en Derecho con mención honorifica de la Facultad de Derecho de la UNAM

Manuel Moreno Melo.
Doctorando en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Especialista en Amparo y Garantías Constitucionales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Justicia Penal, por la Universidad de Castilla la Mancha, España. Calificación Notable. Especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Salamanca en España, calificación apto. Licenciado en Derecho con mención honorifica de la Facultad de Derecho de la UNAM

MANUEL MORENO MELO/JURISTA.- En este texto se abordará la mecánica de solución en el ámbito del derecho penal, que refleja una menos claridad en la división que existía entre el derecho privado, el derecho público e incluso el derecho social, evidentemente las reformas en América Latina en materia de enjuiciamiento criminal reflejan una perspectiva de eficiencia y economía por parte del Estado, sin embargo conlleva un cambio de principios procesales y por ende una afectación en la esencia del Derecho Penal en tanto la punición pierde en gran medida su relevancia para que exista una prioridad en la reparación del daño y la terminación pronta de los procedimientos a partir de mecanismos que propician dicha situación.

DESARROLLO

Desde el Digesto en el Siglo VI Ulpiano realizaba una distinción entre el Derecho Público y Derecho Privado esto obedecía al interés de la “res”, “cosa” o “asunto”^ que se ventilaba en el litigio, evidentemente si el litigio interesaba a la generalidad de los ciudadanos encuadraba dentro de derecho público y si únicamente era importante a los individuos que estaban inmersos en el conflicto sería catalogado como derecho privado. Por mucho tiempo esta división imperó en tanto siempre se partía de que solo existe un Derecho Estatal, y para el ámbito académico la división resultaba indispensable para su plena comprensión.

Las formas auto-compositivas suelen ser utilizadas de forma común en la materia civil, mercantil y familiar, es decir en el derecho privado, y en cambio en el derecho penal en tanto se deben esclarecer los hechos delictivos y la responsabilidad o no de uno o varios sujetos, la heterocomposición en su vertiente del Proceso ha sido tradicionalmente la única forma de llegar a dicho fin, y por ende en su caso la imposición de un castigo.

En tanto los delitos en un plano discursivo afectan los bienes jurídicos de mayor relevancia en una sociedad estaba claro pues que sus normas se situaban dentro del derecho público y por ende se privilegiaba la sanción estatal en relación a la reparación del daño del particular afectado.

La relevancia de movimientos de trabajadores y campesinos en diferentes estadios de la historia, generó normas específicas para el trato sustantivo y procesal de dichos grupos generándose una tercera rama del derecho denominada como derecho social, quedando de esta manera un orden jurídico tripartito compuesto por Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social.

El Derecho Penal tradicionalmente desde Beccaria es básicamente un compuesto de normas relativas a regular delitos y penas, modernamente bajo los principios garantistas de mínima intervención y última ratio, estas reglas deben ser generadas y aplicadas solo a conductas verdaderamente ofensivas a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a los intereses principales de la sociedad y por ende de interés público.

En los últimos años se ha presentado en gran parte de los países de la Región Latinoamericana un fenómeno de homogenización del sistema de enjuiciamiento criminal, que se le se le ha denominado como “Proceso Penal Acusatorio” o “adversarial” y su signo distinto es el énfasis en la oralidad y en el uso de medios alternos para lograr la reparación del daño.

 

La implementación del proceso acusatorio ha acarreado que dentro del proceso penal se generen figuras que privilegian la autocomposición, como ejemplo en México y otros países que cuentan con instrumentos procesales con denominaciones semejantes las llamadas soluciones alternas como son:

  • Suspensión Condicional del Proceso.
  • Acuerdos Reparatorios

La Suspensión Condicional del Proceso que implica un planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Esta figura procede en nuestro país por:

  1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; II.   Delitos culposos, o III.        Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

El juez decretará la extinción de la acción penal una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada de carácter absolutoria una vez que ha quedado firme.

Es importante señalar que en la legislación se establece que previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción.

Esta figura llama la atención por diferentes aristas:

Primero es un mecanismo procesal que permite la terminación de un proceso de forma anticipada, siempre y cuando se cumpla con la reparación del daño, es decir se le da prioridad a la propiedad al interés de esclarecer los hechos.

Segundo el monto de la reparación del daño queda sujeta a la negociación y satisfacción de las partes.

Tercero es que en caso de que la autoridad estime que las obligaciones son desproporcionadas o que no hay desigualdad entre las partes no se podrá aprobar dicho acuerdo.(Lo cual genera toda una interpretación de la autonomía de la voluntad, en tanto se puede dar el caso de que un juzgador al no aceptar el acuerdo implícitamente genere la continuación del proceso en contra del imputado y una eventual sentencia condenatoria que se trató de evitar por las partes e incluso prestaciones desproporcionadas en favor del imputado y que la víctima acepta a fin de no continuar el proceso.)

De lo anterior estimamos que esta clase de mecanismos más allá de buscar un fin legítimo que es situar al interés de la víctima u ofendido como una prioridad, genera también una desigualdad en la negociación ya que el proceso se verifica en contra del imputado que incluso puede estar restringido de forma absoluta o relativa de su libertad y otra basada en el factor económico, ya que estarán en condiciones de aceptar dicha figura aquellos imputados que cuenten con una mayor solvencia económica como lo ha señalado el profesor Claus Roxin[1], ya que quienes se encuentren en una posición vulnerable no podrán obtener dicho beneficio procesal.

Así los acuerdos reparatorios se sitúan como mecanismos de auto-composición en materia penal, que se pueden llegar a auxiliar de medios alternos como son la negociación, mediación o conciliación para que el imputado y la víctima u ofendido puedan resolver su conflicto mediante el pago de la reparación del daño, de esta manera se permean características del derecho privado al derecho penal, ya que la autonomía de la voluntad principio rector de los pactos civiles se utiliza para resolver una controversia del orden criminal.

Sin duda por lo anterior en los delitos señalados se privilegia una celeridad y justicia restaurativa o alternativa en relación a la finalidad propia de un proceso penal como es el esclarecimiento de los hechos.

Como alternativa legislativa se puede optar en vez de intentar despresurizar el sistema a partir de herramientas procesales, buscar el cambio por lo sustantivo, es decir que ciertos tipos penales de mínima e incluso nula ofensividad sean tratados como faltas en un derecho sancionador de carácter administrativo o distinto al criminal, a fin de que el Derecho Penal realmente cumpla su principio rector en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho como es el de la Mínima Intervención.

Lo anterior sin detallar diferentes figuras que enlazan ambas ramas como es la acción privada, el criterio de oportunidad en tanto da un carácter potestativo a la persecución penal bajo ciertos supuestos, el embargo como providencia precautoria y medida cautelar, entre tantas otras instituciones procesales.

Así por medio de estos mecanismos existe en gran medida una homologación de los mecanismos del derecho privado al  proceso penal para la solución de controversias.

BIBLIOGRAFÌA:

  • Blanco Suarez, Rafael, et al, Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal, Editorial Lexis Nexis, Chile, 2005.
  • Mir Puig, Santiago, Bases Constitucionales del Derecho Penal, Editorial Iustel, España, 2011.
  • Moreno Melo Manuel, Principios Constitucionales de Derecho Penal, Ubijus, México, 2015.
  • Roxin Claus, et al, Perspectivas y retos del Proceso Penal, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 2015, p. 369.

[1]Roxin Claus, et al, Perspectivas y retos del Proceso Penal, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 2015, p. 369.

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