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La Protección de Derechos Humanos en los Conflictos entre Particulares

EDUARDOA

MAGISTRADO DR. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ. Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Procurador General de Justicia de Veracruz. Diputado federal y local. Senador de la República. Periodista deportivo. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Xalapa y el Colegio de Veracruz. Autor de numerosos textos universitarios.

 

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ/JURISTA.- En la solución de conflictos entre particulares cuando se alegan violaciones de derechos humanos resulta muy útil partir de la revisión histórica de los que fueron originalmente proclamados como derechos del hombre y del ciudadano, referidos en nuestros días como derechos humanos, para precisar su extensión  y asegurarnos de que su salvaguarda no se plantee de manera tan amplia que resulte desprovista de contenido real o este pretenda abarcar tanto que termine por carecer de utilidad o lo que es peor, se utilice para defender las más variadas posiciones incluso contradictorias entre sí. Cuando esto último sucede la presunta protección puede convertirse en un arma que daña los derechos humanos en vez de preservarlos.

Sobre el tema, tuve oportunidad de asistir a una conferencia impartida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo[1], en la que advirtió sobre el peligro de que el juzgador al preservar el derecho humano de una de las partes, afecte los derechos de la parte contraria.

En los conflicto entre particulares está presente un derecho humano que ampara a ambos contendientes: el de que la justicia del Estado se pronuncie de manera pronta, completa e imparcial, como dispone el artículo 17 constitucional.  

Las contradicciones que surgen de la preservación de derechos humanos en un juicio entre particulares obligan a examinar el derecho humano a la igualdad. Las partes en juicio deben encontrarse en condiciones de estricta igualdad para que la justicia sea imparcial. Tal igualdad formal puede atemperarse, siempre que así lo disponga la ley, por criterios de equidad que vienen a compensar desigualdades fácticas a fin de que se actualice una auténtica igualdad entre las partes, así ocurre, por ejemplo en el Derecho Laboral. Consecuentemente, la igualdad procesal configura un derecho humano esencial cuando las partes son personas privadas. Por eso es fundamental recordar que los derechos humanos se hacen valer, se reclaman, contra una autoridad que tiene la obligación de respetarlos y protegerlos.

En los casos de litigios entre intereses privados es preciso analizar con enorme cuidado las consecuencias de una inaplicación normativa por estimar que viola derechos humanos.  Ese examen es distinto al que se efectúa cuando se opone la pretensión de una autoridad al interés de un gobernado. Así, cuando un  juez encuentra que un tipo penal resulta inconstitucional, al dejar de aplicar la norma correspondiente impide la acción penal pública pero deja intacta la acción civil que tiene a su favor el afectado por la conducta ilícita aunque esta no sea delito. En el Derecho Administrativo si una norma señala una multa que resulte inconstitucional por excesiva, la inaplicación derivada de su inconstitucionalidad, no genera afectación a ningún particular.

Ahora bien, la situación no es tan sencilla cuando se trata de la materia  civil. No debemos olvidar que la salvaguarda y el respeto a los derechos humanos corre siempre a cargo del Estado quien es el sujeto pasivo de los mismos. No parece justificarse que un juez, que es un agente del Estado, a fin de proteger  un derecho humano correspondiente a una parte, acabe por vulnerar el de acceso a la justicia que tiene  el otro contendiente, cuyos derechos subjetivos en el caso concreto provienen del orden jurídico en vigor.

La protección de un derecho humano constitucional o convencionalmente reconocido, no debe hacerse a costa de otro derecho humano con el mismo reconocimiento. Este principio no riñe con la facultad del juez de establecer cuál de los derechos materia del litigio debe ser favorecido con base en la ley, pero la inaplicación de una norma establecida para regir la situación jurídica en disputa, por razones ajenas a las estrictas pretensiones de las partes, puede dar por resultado un trato violatorio de derechos humanos.

Pensemos en la no aplicación de un precepto que se estima discriminatorio, la cual a su vez priva a alguien de un derecho adquirido con base en la aplicación estricta de la ley. Debe reconocerse que el perjudicado en ese caso también tiene derechos humanos de igual rango que el de no discriminación, como es el de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica consagrados en los artículos 17 y 14 constitucionales. Es necesario tener presente que todos los derechos humanos a los que alude  el artículo primero de la Constitución se consideran de igual jerarquía.

La seguridad jurídica es pilar fundamental  del Estado de Derecho; sin ella se pierde toda certeza sobre cualquier otro derecho. El artículo 14 dispone que las sentencias de los juicios civiles deberán emitirse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica.  La Constitución garantiza así a los gobernados que la letra de la ley protegerá sus derechos y que la justicia que se le imparta será pronta, completa e imparcial, con base en su artículo 17.

Si con el objeto de proteger el derecho a la no discriminación, se favorece a una parte, el afectado puede argumentar que se ha procedido contra él de manera parcial y por tanto inconstitucional. El punto fino es que la medida protectora no se impone como un  límite a la acción del Estado, sino como fundamento de una determinación que menoscaba los derechos subjetivos de quien se vio afectado por la inaplicación de la norma, el cual podría aducir  que la justicia obtenida no fue completa y, por lo mismo, vio vulnerado su derecho humano a obtener la justicia como lo ordena la Constitución.

Vuelvo aquí a la premisa básica: los derechos humanos, salvo rarísimas excepciones, se esgrimen siempre frente al Estado, este es el sujeto obligado en esa relación jurídica. Su obligación correlativa consiste en algunos casos en una abstención frente al particular, en otros se cumple mediante una acción específica que permita el disfrute de esos derechos, cuando se trata de  los de segunda o tercera generación. La consecuencia lógico jurídica de tal premisa es que sólo el Estado, si falta a su deber, puede ser identificado como responsable de la violación de tales derechos. No entraré en este estudio a las excepciones derivadas de la actuación de un particular como autoridad en cuya condición podría afectar derechos humanos reclamables por la vía del amparo.

Respecto a los derechos de la primera generación, el Estado puede violentarlos por el despliegue de actos de distinta naturaleza, ya sea administrativos que atropellan derechos de los gobernados, decisiones jurisdiccionales que impliquen una indebida aplicación de la ley, o por leyes o reglamentos que contravengan los derechos establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales.

El juicio de amparo está diseñado para remediar estos posibles excesos de la autoridad; constituye la más importante garantía del respeto a los derechos humanos de los gobernados. Se plantea entonces la cuestión de si a través de ese juicio pueden resolverse los casos en que un precepto jurídico vigente emitido por el Estado, al aplicarse a una situación jurídica concreta, viola un derecho fundamental consagrado en la Constitución o en un tratado, o si dicho juicio podría resultar insuficiente o no idóneo para reparar la injusticia padecida por quien fue afectado por una resolución que dejó de aplicar una ley que le favorecía pero que se estimó inconstitucional por la autoridad judicial del fuero común o incluso por la del fuero federal.

Para encontrar la solución se necesita diferenciar entre el Derecho público y el privado. Si la norma es de Derecho público y de su aplicación surge una afectación de derechos humanos, resulta adecuado dejarla de aplicar.

Podemos fácilmente imaginar casos en que una ley permite ejercer facultades estatales de modo desigual o discriminatorio, sea la exigencia desigual de un impuesto o una disposición penal que sanciona a las personas con criterios injustificadamente  diferentes; en esos casos la inaplicación de la norma impide o remedia el tratamiento desigual en beneficio del gobernado.

Por otro lado puede ocurrir  que la norma presuntamente inconstitucional prevea consecuencias jurídicas distintas para situaciones que deberían resolverse de modo igualitario y que tal diferencia implica resultados que afectan a una de las partes en un juicio entre particulares. Por ejemplo, la regulación de la herencia legítima en el concubinato en determinadas condiciones trata al miembro supérstite de dicha relación de forma diferente a la que corresponde al cónyuge supérstite.  En el matrimonio, si este último concurre con hijos de ambos cónyuges o de uno solo de ellos, la ley le otorga una parte de la herencia igual a la de un hijo. En cambio, en el concubinato, si la concurrencia se da con hijos que no son de ambos concubinos, el supérstite solo tiene derecho a la mitad de lo que corresponde a tales hijos.

Salta a la vista que la ley contiene una discriminación por razón de estado civil puesto que da un tratamiento diferente a la esposa o esposo por una parte y a la

concubina o concubinario por la otra. En este ámbito del Derecho Privado la inaplicación de la norma no conduce a una resolución justa, pues si se corrige la indebida desigualdad surgida de la ley, se produce un daño al derecho que la propia ley concede a otras personas.

En este ejemplo, los hijos, por efecto de la norma, son titulares de la parte de la herencia que les corresponde desde que ocurrió el fallecimiento del de cujus; su derecho ya existe, no es una expectativa o una posibilidad. ¿Es justo que el juzgador les prive de la parte de la herencia que la ley les confiere para compensar el trato discriminatorio a la que está sujeta la concubina o el concubinario? Si deja de aplicar la ley en virtud de considerarla discriminatoria, y da el mismo tratamiento previsto en las disposiciones que regulan la herencia entre cónyuges, podría incurrir en la vulneración de derechos humanos de los justiciables, cometida en ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.

Este poder está obligado a preservar el derecho humano de acceso a la justicia en los términos constitucionales y garantizar la seguridad jurídica, que es columna vertebral del Estado de Derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Las bases de este derecho se encuentran según indicamos ya, en el artículo 17 de nuestra Constitución y en el 14. De acuerdo con este, las resoluciones que aluden a cuestiones civiles, deben emitirse con base en la letra de la ley o en la interpretación jurídica de la misma y de faltar esta última, se recurre a los principios generales del derecho. Si existe clara disposición de la  ley que concede un derecho a los particulares,  dejar de aplicarla para favorecer a otro particular que participa del conflicto, supone una eventual  actuación injusta puesto que el otorgamiento de protección a un derecho humano afectado por la ley, resulta en la desprotección del otro derecho humano surgido  de la misma ley. Es preciso también fijar un criterio nítido en cuanto a que la atribución de “interpretar la ley” no debe, en sana lógica extenderse hasta el extremo de “no aplicarla”.

El objeto supremo de la actividad jurisdiccional es impartir justicia y la jurisdicción consiste en decir el derecho. El juzgador debe tratar de conciliar la búsqueda de la justicia y la preservación del Estado de Derecho; ese delicado equilibrio debe establecerse sobre un soporte razonable y consistente de seguridad jurídica. Quien juzga no debe asumir funciones administrativas o legislativas en la persecución de la justicia. La inaplicación de leyes en ejercicio  del control difuso es un instrumento que debe usarse con gran prudencia. No quiere esto decir que se abdique de esa posibilidad con la que ahora cuenta la judicatura sino que se tengan bien presentes sus límites y se parta de criterios que permitan una justa combinación  del respeto y promoción de los derechos humanos con la preservación  del Estado de Derecho, en tanto este implica la responsabilidad del Estado frente a actos violatorios de los derechos humanos.

La tesis aquí sostenida es que frente al  conflicto derivado de la existencia de una ley que violenta o parece violentar un derecho humano protegido por la Constitución o por un tratado, de cuya inaplicación surja la afectación  del derecho legítimo de un particular, la solución se encuentra en la concepción central de que los derechos humanos son exigibles siempre al Estado.

Si está vigente una norma discriminatoria o transgresora de derechos humanos, el autor y responsable de la misma es el propio Estado. En el ejemplo ya explicado, los hijos de la concubina o el concubinario no son responsables de la posible discriminación, ellos no elaboraron la ley que les beneficia en supuesto detrimento del miembro supérstite del concubinato. La parte que les toca se las da la ley y tienen derecho a que esta sea estrictamente  aplicada; si tal ley contiene elementos discriminatorios esa no es razón para pararles un perjuicio.

Resulta, pues, improcedente desconocer un derecho basado en disposición expresa de la ley, para corregir una inconstitucionalidad o inconvencionalidad, porque al proteger los derechos humanos  de una parte, lesiona los de la otra pues esta última resiente una inexacta aplicación o una inaplicacion de la ley en afectación al derecho a la justicia.  En virtud de que el Estado es siempre el  obligado en materia de derechos humanos, debe responder por la existencia de una norma que viola la Constitución o un tratado por ser discriminatoria o por alguna otra razón. Quien resulte perjudicado por la norma tiene una acción contra el Estado, con independencia de que esté o no expresamente prevista, pero no debe satisfacerse su derecho a costa del de otro.

En el ejemplo empleado,  la concubina (o el concubinario) que pudiera resultar afectada en la partición de la herencia, podría demandar al  Estado el resarcimiento del perjuicio que hubiese resentido, dado que la norma discriminatoria le produjo dicha afectación.

Por otro lado, si la decisión jurisdiccional consistente en la inaplicación de la norma discriminatoria daña a los hijos que ya tenían derecho a una determinada porción de la herencia,  estos que resultaron privados de un derecho para favorecer a la contraparte  cuyos derechos humanos el juez estimó violados, podrían accionar contra el Estado para que les resarza el perjuicio sufrido por la violación del derecho humano de acceso a la justicia partiendo de la base de que ningún supuesto legal existente autoriza tal privación, ni esta resulta del incumplimiento de alguna obligación jurídica que tales hijos tuviesen.

Se trata por supuesto de un territorio novedoso que habría que explorar a partir de las propias previsiones constitucionales señaladas en el artículo 109 sobre responsabilidad objetiva del Estado, el cual dispone:

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

 

Es verdad que el texto reproducido alude a una actividad administrativa irregular, pero cabe señalar que dentro de los mismos principios constitucionales se abre la posibilidad de una interpretación que resulta más favorable a la persona en cuanto a que cualquier actividad del Estado puede producir una afectación y la irregularidad derivar de una violación constitucional o convencional.

Debe considerarse, igualmente, la posibilidad de que un rechazo de la autoridad jurisdiccional de última instancia, a una petición de indemnización basada en las posibles violaciones aquí analizadas, podría ser materia de la jurisdicción internacional aplicable a los derechos humanos.

[1] Conferencia dictada en la Barra Mexicana Colegio de Abogados,  el 26 de junio de 2015 sobre Control de Convencionalidad y principio pro homine en la teoría y en la práctica. www.youtube.com/watch?v=nvDLiO_Z8pU

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