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Jurisdicción indígena. La tensión entre derechos humanos y autodeterminación.

 

            La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, que es no sólo para estos, sino para todo pueblo, el elemento democrático de decidir su estructura política y jurídica.

Dr. Benjamín Rubio

Dr. Benjamín Rubio

            Como parte de ese derecho a la autodeterminación, se encuentra la facultad de tener jurisdicción, es decir, la acción de administrar justicia a su interior, aplicar sus propias normas y solucionar sus conflictos, tomando como punto de partida que las comunidades y pueblos indígenas tienen procesos y procedimientos diferentes frente a las normas generales que conocemos, punto de gran relevancia, pues su ejercicio implica la autodeterminación bajo sus usos y costumbres.

            Dentro de esa línea, la Constitución prevé en el artículo 2 apartado A fracción II, lo siguiente:

…II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes…

            Este precepto establece un derecho humano de gran importancia para los pueblos y comunidades indígenas, reconocer jurisdicción trasciende en el derecho a la autodeterminación, hecho que por sí solo es de gran calado y destacable, sin embargo, hay puntos a debate que deben ser discutidos para corregir o bien para dar explicaciones, uno de ellos es; si esta jurisdicción en materia penal deba tener acotaciones en su competencia, otro, si el limite consistente en respetar derechos humanos en esa jurisdicción es correcto o no.

            Las respuestas pueden ser variadas, así es el derecho, pero comencemos con el primer punto, ¿la jurisdicción indígena en materia penal debe tener restricciones en su competencia?, para dar una posible respuesta propongo el seccionamiento de la norma Constitucional a efecto de verificar que derechos regula, de la siguiente forma:

–       Los pueblos indígenas tienen derecho a jurisdicción propia,

-       con una limitante, se respete los derechos humanos, la perspectiva de género y la dignidad humana,

-       deja en manos del legislador ordinario desarrollar este enunciado normativo, solo respecto los casos y procedimientos de validación por jueces o tribunales.

           En el primer punto, la Constitución cumple con una deuda añeja, establece el derecho a la jurisdicción indígena, lo que permite que sean los pueblos y comunidades las que desarrollen las reglas que han de aplicar para la solución de sus controversias, que debe abarcar tanto la parte de procedimiento como el de sanciones.

           De la redacción Constitucional se aprecia, que la Jurisdicción indígena no está limitada en cuanto a la competencia, esta es amplia no hay precepto que la restrinja, es decir, abarca toda materia, cuantía, gravedad y grado, por tanto, sería incongruente que el legislador ordinario la limitara, cierto, se dejó que el legislador desarrollara parte del enunciado, pero solo con referencia a los casos y procedimientos de validación, lo que presupone que estos –casos y procedimientos- previo a la validación fueron ejecutados por la jurisdicción indígena, es decir, los pueblos y comunidades son los que aplican el procedimiento y las sanciones, después, solo en los casos y procedimientos que la ley establezca expresamente, son remitidos para validación a Jueces o Tribunales ordinarios.

           Esto lo traigo a cuenta ya que el artículo 420 del Código Nacional de Procedimiento Penales, limita la competencia de la Jurisdicción indígena, ya que excluye de su ámbito de conocimiento los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa – delitos graves- estableciendo lo siguiente:

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.

Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la legislación aplicable.

 

             Considero que el enunciado normativo fue construido por el legislador extralimitando su facultad; ya que insisto, la jurisdicción indígena no tiene límite en su competencia, si, como se dijo, el legislador está facultado para crear un catálogo de casos y procedimientos para validación, pero no para limitar jurisdicción a través de competencias, esto es, los pueblos y comunidades por la amplia jurisdicción reconocida en la Constitución, deben conocer de todo tipo de asuntos en materia penal, aun de aquellos que la legislación considere graves, y quizás en estos temas ahora sí el legislador, generar normas que permitan validar esas decisiones por jueces o tribunales ordinarios. Siendo esto, un punto a debate que se debe discutir a efecto de establecer si hay o no extralimitación, o si el constituyente buscaba en realidad acotar la competencia según la gravedad o no el delito.

              Otro punto a debate, es la limitante o restricción constitucional de la fracción II apartado A del artículo 2 de la Constitución, en dónde se reconoce jurisdicción a las comunidades y pueblos indígenas pero con una restricción; respeto a derechos humanos, perspectiva de género y dignidad humana.

             Esta parte quizás para los operadores jurídicos acostumbrados al sistema normativo, no hace ruido, ya que visualizamos como correcto que exista esa restricción, no concebimos en este momento un sistema sin respeto a derechos humanos, sin embargo, en materia de derechos de pueblos indígenas eso genera un gran debate, ya que cuestionan los contenidos de esos derechos, no conciben correcta la restricción, partiendo de la forma en que ellos conciben el mundo a través de sus propios sistemas. Estas dos visiones impactan en el orden jurídico, ya que parecería que una excluya a la otra, es decir, parece que no pueden coexistir un catálogo de derechos humanos frente al reconocimiento de jurisdicción indígena, ya que esta última puede existir, si y solo si, excluya de su sistema procedimientos o sanciones que a la vista de la justicia ordinaria son violatorios de derechos humanos.

             En ese punto es donde se tensa el debate, ya que tenemos una restricción constitucional que tuvo que ser consultada con los interesados y no solo debatida por un constituyente, pues conforme a la redacción Constitucional, los pueblos y comunidades indígenas deben acatarla, con ello reconstruir sus procedimientos y sanciones; adecuándolos al sistema ordinario de protección de derechos humanos.

            Lo anterior, muestra que los pueblos y comunidades indigenas al acatar esa restricción por lo menos dejarán de ejercer dos derechos: el de información; en el que se exponga las causas por las cuales se considera que cierto procedimiento o sanción son violatorios de derechos humanos, o, por qué son adecuados, después el de consulta; a efecto que decidan si las sanciones o procedimientos son humanamente indignantes o no, y solo así respetar el derecho de autodeterminación.

           Por otro lado, con esa restricción constitucional se impide que subsista un sistema paralelo de jurisdicción autónoma, se convierte simplemente a la jurisdicción indígena en un Juzgado o tribunal más, estructurado en forma general con bases ordinarias del sistema normativo aceptado, dónde el pilar importante es el respeto a los derechos humanos, aun cuando los pueblos indígenas no compartan en su totalidad la misma visión del mundo, ni de los contenidos normativos en esa materia.

De ahí que deba debatirse los contenidos sobre Jurisdicción indígena, sin dar por sentado que la sola inclusión de enunciados normativos en la Constitución y leyes ordinarias cumplen con el principal de sus derechos, la autodeterminación y en consecuencia el de jurisdicción.

Comentarios: @brubiochavez

 

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