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Juicio de Amparo y Nuevo Sistema de Justicia Penal: Suplencia de la Queja vs Principio de Contradicción

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Benjamín Rubio Chávez Juez de Distrito en el Estado de México. Dr. en Derecho, con maestría en derecho fiscal. Cononocedor de temas en juicio de amparo, derechos humanos, migración, derecho de niños y niñas, administrativo y fiscal. Twitter @brubiochavez.

BENJAMÍN RUBIO CHÁVEZ/JURISTA.- El nuevo sistema de justicia penal conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se conforma de una serie de principios sin los cuales no pudiera entenderse, uno de ellos es el DE CONTRADICCIÓN, que refiere a que las partes pueden conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, esto es, una igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa.

Este principio tiene interdependencia con diversos derechos, tales como:

- Igualdad Procesal, con dos vertientes, una para el imputado que le da derecho a ofrecer pruebas, alegar o controvertir la acusación, otra para la víctima, que le permite intervenir en audiencia: ofreciendo pruebas, participar en el desahogo de las mismas, con derecho a interponer recursos, solicitar medidas cautelares, alegar o argumentar, todo con un fin; sostener o demostrar la acusación y en su caso la reparación del daño.

- Adecuada defensa, que refiere que tanto la víctima como el imputado deben ser asesorados y representados en todas las etapas del procedimiento por un experto en derecho público o privado.

- Inmediación, que obliga al Juez a estar presente en cada una de las diligencias que se celebren, pero, no se concreta a ello, también es necesario una participación activa por lo menos en dos situaciones: vigilar la adecuada defensa al grado que puede ordenar el cambio de abogado y, respeto de los derechos procesales que le asisten a las partes.

- Estricto derecho, la contradicción en un juicio excluye la suplencia en la deficiencia de la queja, en razón, que las partes se encuentran en un mismo plano procesal, representados por expertos en derecho, y con una norma que es puntual sobre los aspectos que debe vigilar el juez en esa igualdad, por tanto, en cualquier petición o recurso que debe estudiar el juez se debe ceñir a lo solicitado y argumentado por las partes, con el fin de no perturbar el equilibrio procesal.

Como se advierte el principio de contradicción protege en términos generales la igualdad en el proceso y la representación adecuada, asimismo, obliga al Juez a vigilar se cumplan esos derechos y, a respetar el estricto derecho.

Lo expuesto tiene relevancia, en razón que vinimos de una tradición en dónde no existía el equilibrio procesal, ni la adecuada defensa, ni el estricto derecho, por lo siguiente:

- El ministerio público tenía el monopolio de acción penal, la víctima no era considerado como parte, por tanto, carecía de diversos derechos procesales, tales como: ofrecer pruebas, participar en el desahogo de las mismas, interponer recursos, en general estaba muy limitada su participación en el procedimiento.

- La víctima no tenía acceso a una defensa adecuada, por dos situaciones: solo podía coadyuvar con el Agente del Ministerio Público y estar expensas de lo que este decidiera, tampoco podía acceder a un un asesor jurídico público o privado, que lo orientara, asesorara o representara. En cuanto al imputado este podía ser representado por cualquier persona, fuera o no experto en derecho.

- Los dos puntos anteriores justificaban que el Juez tuviera que suplir la deficiencia de la queja en favor del imputado, por considerarlo vulnerable, además por la disposición normativa que disponía que este podía ser representado por cualquier persona fuera o no experto en derecho. Así por mucho tiempo el imputado gozó de este privilegio, no así la víctima, fue en últimos años cuando comenzó a surgir el discurso sobre los derechos de estas, como consecuencia se fue admitiendo suplir deficiencia solo en aquellos acto procesales en los que podían participar.

Como podrá advertirse el principio de contradicción es piedra angular en el nuevo de sistema de justicia penal, sin embargo, es susceptible de ser burlado si alguna de las partes somete un acto reclamado a la acción constitucional vía juico de amparo, ya que en ese proceso subsiste la Suplencia de la deficiencia de la queja en favor del imputado y de la víctima.

El artículo 107 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio general en el trámite del juicio de amparo la suplencia de la deficiencia de la queja, dejando la regulación en concreto en la ley reglamentaria que en el artículo 79 fracción III, entre otros casos establece, que la suplencia en materia penal opera en favor del inculpado o sentenciado, y en favor del ofendido o víctima que tenga el carácter de quejoso.

De lo anterior se denota que si un imputado o víctima en su carácter de quejoso acude al Juicio de Amparo es beneficiado con la suplencia en la deficiencia de la queja, burlando con ello el principio de contradicción que opera en el sistema de justicia penal.

Suplir la deficiencia de la queja tuvo su justificación en el sistema inquisitorio por los motivos que se expusieron líneas arriba, es decir, no existía igualdad procesal, no interesaba ni se vigilaba la adecuada defensa, por tanto, existían razones para que el Juez de Amparo o de proceso realizara esa tarea, pues debía vigilarse que los derechos constitucionales estuvieran debidamente cumplidos. En el sistema adversarial su punto de partida es otro, el de la contradicción, la igualdad procesal como fuente de imparcialidad en todo proceso, excluyendo la ficción generalizada que el imputado esta siempre vulnerable.

Así, si la Constitución establece el principio de contradicción este debe prevalecer sobre los supuestos de suplencia de la queja en el juicio de amparo, ya que si bien la suplencia como tal está prevista en la carta magna, su regulación en concreto está en una ley secundaria que debe adaptarse a las exigencias y restricciones que establece el parámetro de control de regularidad constitucional.
Orienta el anterior argumento la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de número P./J. 20/2014 (10a.) que establece:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

El criterio trascrito permite orientar el argumento, ya que deja en claro que el análisis de constitucionalidad parte de atender el contenido legal frente a la compulsa con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así de la mera comparación se advierte que el artículo 20 de ese cuerpo de leyes prevé como principio del nuevo sistema de justicia penal el de contradicción, y la ley de amparo en su artículo 79 fracción III establece las hipótesis de suplencia de queja en materia penal, así pues, debe prevalecer la norma constitucional sobre la norma secundaria.

Refuerza lo anterior la tesis de número 1a. LXXVIII/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menciona:

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UNA NORMA ORDINARIA. NO ES VÁLIDO REALIZAR EL EXAMEN RESPECTIVO A PARTIR DE SU ADECUACIÓN A ALGUNA LEGISLACIÓN SECUNDARIA. El análisis sobre la regularidad constitucional de una norma se efectúa atendiendo al contenido legal impugnado y su compulsa con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los derechos fundamentales que ésta y los tratados internacionales de los que México es parte tutelan. De ahí que no es válido evaluar la constitucionalidad de una norma ordinaria a partir de su adecuación a alguna legislación secundaria, porque ello condicionaría la constitucionalidad de un ordenamiento legal a la calificación de los factores asumidos por el legislador ordinario para emitir sus leyes secundarias en detrimento del principio de supremacía constitucional, lo que es inaceptable en nuestro sistema jurídico.

Pudiera pensarse que lo dicho arriba es una interpretación fácil, ya que excluir un derecho por no estar previsto en la Constitución es sencillo, basta la comparación o la compulsa entre la norma constitucional y la legal para obtener una solución, sin embargo, en el caso considero se deben abonar más razones que la exclusión constitucional, tomando en cuenta que la suplencia de la queja en materia penal es un derecho que beneficia a las partes.

Ahora bien, el simple hecho que la suplencia de la deficiencia de la queja beneficie a las partes, no es óbice para justificar su constitucionalidad o existencia, ya que no debe perderse de vista que si bien debe subsistir en materia de derechos humanos lo que más beneficie a las personas, también lo es, que la interpretación debe regirse por el principio de interdependencia, que permite coexistir a diversos derechos encadenados unos con otros, subsistiendo el derecho de mayor entidad, lo que conlleva a analizar el contexto constitucional que está en juego o en pugna para hacerlos coexistir.

El principio de contradicción cumple una protección amplia, garantiza el debido proceso, reconoce a los principales actores del procedimiento penal como partes –victima, ofendido, imputado-, establece enunciados normativos que protegen la debida defensa, otorga a las partes el derecho a la defensa pública y profesional, obliga al juzgador a vigilar que los representantes en juicio actúen debidamente y sean acuciosos, equilibra las fuerzas en juicio, las partes tienen mismos derechos, en un solo principio confluyen diversos derechos humanos que permiten una planeación extensiva en proceso.

En cambio, la suplencia de la queja en amparo en materia penal, rompe diversos derechos constitucionales, por decir algunos:

- El establecido en el artículo 14 que prevé el debido proceso;

- La adecuada defensa mencionado en el artículo 17;

- El principio de contradicción estricto sensu mencionado en el 20;

Entonces de subsistir o no adecuarse la suplencia de la queja al nuevo sistema de justicia penal, contravendría los derechos mencionados, pero además sería contradictorio con la esencia del juicio adversarial al acabar con la igualdad procesal, convertiría al Juez de Amparo en abogado de una de las partes, contribuiría a que los abogados dejen de prepararse y asuman la responsabilidad que se tiene cuando se representa a una persona, permitiría la trampa procesal que provoca no agotar definitividad en el procedimiento, y optar por interponer juicio de amparo.

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