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Entrevista con la Ministra Juarista: Olga María Sánchez Crodero

Por OCTAVIO RUIZ MARTÍNEZ Y JAIME RÍOS OTERO

Fotografía XAVIER MAGAÑA

Juzgar con equidad de género

  • Nuevas semánticas por la propia dinámica del Derecho
  • Se requieren prensa libre y poder judicial independiente
  • Perspectivas sensibles a derechos de grupos vulnerables

LA MINISTRA OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ

CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS es la novena mujer designada como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su condición femenina y por convicción, se ha caracterizado por impulsar la perspectiva de género, tanto al dictar sentencias como al proponer soluciones para lograr la equidad en esta área, y tiene el orgullo de haber visto la materialización de esos esfuerzos en el Protocolo para Juzgar con Equidad de Género, emitido recientemente por la Corte.

 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título respectivo el 17 de julio de 1970 con la tesis “Una Revolución en la  Interpretación del Derecho”, la hoy Ministra Sánchez Cordero de García Villegas cursó el posgrado en Política Social y Administración, en el University College of Swansea, Gran Bretaña; es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Universidad Interamericana de Morelos.

Ha sido secretaria de Asuntos Escolares en la Facultad de Derecho de la UNAM, en 1976-1979; y Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica, en 1980-1984; Notaria Pública 182 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble del Distrito Federal (primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal, actualmente con licencia). Fue Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de marzo de 1993 a enero de 1995; y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada por el Senado de la República, cargo que ocupa actualmente y que asumió el 1 de febrero de 1995, donde quedó adscrita a la Primera Sala Civil y Penal.

De esta manera, Sánchez Cordero considera que ha brindado su contribución para consolidar la actualización del sistema jurídico mexicano, mediante la armonización del ordenamiento interno con la aplicación de los criterios internacionales de protección a los derechos humanos, para el beneficio de todas las personas.

Su gestión ha estado inmersa en la búsqueda de soluciones concretas, por ejemplo, mediante el otorgamiento de las licencias de paternidad, de lactancia y de cuidado extendido; la propuesta de capacitación en horario laboral, modificar los criterios de contratación para no descartar a mujeres por su situación marital o reproductiva, etcétera.

La Ministra recibe a Jurista, Derecho y Justicia, en su despacho. La Bandera Nacional y un gran cuadro de Benito Juárez presiden el recinto donde la abogada oficia el arte sacro de dictar justicia. Se trata de una mujer cordial, ataviada con una indumentaria sobria de color negro, con un acento de pequeñas flores estampadas a lo largo de una de las solapas. De su cuello cuelga una cadena de la que pende una llave. Y comenzamos la sesión de preguntas:

¿Cuál es su opinión sobre el nivel que ha alcanzado en México la independencia judicial?

Hasta hace algunos años, la opinión de un importante sector de la doctrina constitucional mexicana era que el papel del Poder Judicial de la Federación en el esquema de división de poderes había sido muy pequeño, sometido a presiones y consignas políticas y poco independientes. Esta opinión fue construida con base en la actuación del Poder Judicial de la Federación en la vida del país, desde su establecimiento como poder encargado de ejercer claras funciones de control político constitucional en 1857, hasta, digamos, 1987, por señalar una fecha cierta, en la que se reforma el Poder Judicial de la Federación de manera sustancial y comienza un proceso de reversión de esta tendencia de opinión.

Por mucho tiempo se discutió en México sobre la necesidad de realizar una profunda reforma a la estructura del Poder Judicial Federal que fuera acorde a las necesidades y problemas que esta nación enfrentaba, estableciendo con ello las condiciones necesarias para garantizar una eficiente impartición de justicia.

Por ello, la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994 habría de transformar profundamente la organización y funcionamiento del sistema judicial federal. A partir de ese momento, el papel del Poder Judicial dejó de estar determinado por factores políticos y se comenzó un camino de independencia sustentado, principalmente, en la labor que ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, es claro que nuestra Corte dejó de ser un órgano jurisdiccional más, y se convirtió en la punta de lanza para transformar la realidad jurídica en la que vivimos.

Estoy consciente de que aún nos encontramos en una etapa de transición para poder alcanzar el grado ideal de independencia, sin embargo, en los últimos años hemos vivido avances sumamente significativos. Hoy tenemos en México una nueva Suprema Corte y un nuevo Poder Judicial; pero también tenemos una nueva sociedad en la que todavía coexisten lo nuevo y lo viejo; tanto las instituciones como la sociedad requieren de un conocimiento recíproco más profundo, pues las circunstancias que las vinculaban han cambiado sin remedio.

¿Cómo debe concebirse la aplicación retroactiva de la jurisprudencia?

El tema de la retroactividad de la jurisprudencia es uno de esos temas que con mucha facilidad se prestan a la discusión teórica y que suscitan innumerables comentarios en la práctica; sin embargo, es uno de los temas que no han sido explorados suficientemente por la doctrina y que a nivel constitucional encuentran una regulación poco satisfactoria.

Durante el tiempo en el que he tenido el honor de ser Ministra de la Suprema Corte, he sostenido que la jurisprudencia es una fuente del Derecho distinta de la ley y, por lo tanto, tiene efectos y consecuencias diferentes. De este modo, creo que establecer la no retroactividad de la jurisprudencia es consistente con su naturaleza (como labor interpretativa de los tribunales) y cumple con el objetivo de diferenciarla de la ley en cuanto a los efectos de su aplicación. En efecto, estimo que la jurisprudencia no es una norma en el sentido clásico de la expresión. Cuando en el año 2000, formulé este criterio que hasta la fecha la Corte continúa discutiendo, mi esquema de pensamiento partía de la distinción clásica entre jurisprudencia y ley, y en ese sentido hacía la distinción.

En la actualidad, por la propia dinámica del Derecho se han ido estableciendo semánticas nuevas para poder hacer estas distinciones, por lo que ahora compartiría aquélla que distingue entre enunciado como disposición o texto, y norma como atribución de sentido o significado a ese texto.

Ciertamente, la jurisprudencia, a diferencia de la ley, no es una norma en sentido estricto, sino una perspectiva interpretativa obligatoria; es decir, los juzgadores quedan vinculados a pensar taxativamente y a ajustar sus razonamientos a la lógica y estructura del mandato jurisprudencial, el cual se vuelve obligatorio desde el momento de su emisión.

Por regla general, la jurisprudencia se significa como una presunción de la recta interpretación de la ley a partir del momento en que el criterio jurisprudencial se produce y adquiere las características de obligatoriedad, resultando eficiente para aplicarse, también por lo general, a casos hacia el pasado, pero siempre y cuando dichos casos no estén resueltos (como ya se mencionó antes por el Alto Tribunal en otros criterios anteriores ), sirviendo como fundamento de dicha aplicación del nuevo criterio hacia el pasado, además de las características propias de la jurisprudencia como mandato de taxatividad la cláusula legal conforme a la cual los nuevos criterios no pueden afectar las situaciones jurídicas concretas ya resueltas, sin que esa aplicación hacia el pasado represente una retroactividad prohibida del criterio en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor.

Por regla general, la jurisprudencia debe aplicarse a partir de que se convierte en criterio vinculante, sin importar cuándo se suscitó el acto jurídico o hecho materia de la controversia, por lo que, si un acto o hecho está siendo sujeto a una controversia ante una autoridad jurisdiccional y previo a la emisión de la sentencia se emite una jurisprudencia que da sentido a la normatividad aplicable, el juzgador debe fallar el caso aplicando la jurisprudencia obligatoria y vigente sobre dicha normatividad desde que el criterio resulte vinculante.

A mi juicio, la jurisprudencia sólo cobra aplicación en el presente y lo que prohíbe el último párrafo del artículo 217, de la Ley de Amparo, es el perjuicio que esa aplicación pueda traer a una persona; la jurisprudencia no puede tener aplicación retroactiva, salvo el caso en el que pudiera beneficiar a una persona y de la misma manera prohíbe que esa aplicación perjudique a esa persona en sus bienes o en sus derechos. La jurisprudencia sólo opera en el presente y excepcionalmente puede analizarse su aplicación retroactiva siempre que, o bien, su aplicación redunde en un perjuicio, o bien pueda generar un beneficio en favor de una persona.

¿Por qué considera que es imprescindible echar mano del binomio mujer y Derecho para la construcción de una nueva cultura jurídica?

Considerando que hoy los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México han sido elevados a rango constitucional, entre otros, los derechos de la mujer, el binomio mujer y Derecho, así como aquellos constituidos por grupos vulnerables, estructuran una cultura jurídica diferente, en la que los Derechos de las mujeres deben vislumbrarse bajo ese nuevo marco constitucional, buscando una protección más amplia, ello con base en los principios de igualdad y no discriminación

¿Qué tan importante es el componente de ser mujer para juzgar?

La igualdad de género presupone la eliminación de estereotipos de género, por lo que calificar la labor de una mujer juzgadora por encima de la que puede realizar un hombre, con base en características tales como sensibilidad sería estereotípico; hoy, la función jurisdiccional, sin atender al género de quien la realiza, tiene gran importancia, ya que debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.

En esa medida las y los juzgadores ahora debemos tener un conocimiento especializado en relación con los derechos humanos y, desde mi punto de vista, con una perspectiva más sensible por lo que hace a los derechos de grupos vulnerables, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, migrantes y personas con preferencias sexuales diferentes.

Alguna vez se inspiró usted en Simone de Beauvoir. ¿Por qué?

Siempre he admirado a Simone de Beauvoir, pues en 1949, cuando publicó su libro “El segundo sexo”, ella ya veía a la mujer como ser humano y señalaba que la palabra mujer está llena de contenido. Incluso, ella llegó a pensar que el debate sobre el feminismo estaba casi terminado. Hoy nos damos cuenta que el debate que inició hace 66 años apenas empieza a cosechar frutos; claro que de Beauvoir es fuente de inspiración para quienes somos luchadoras de los derechos de las mujeres.

¿Cree que el Poder Judicial de la Federación tiene una consolidación óptima acorde a las exigencias sociales del país?

Hoy en día podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel primordial en la etapa histórica que vive nuestro país y que, gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, ha sabido consolidarse como un verdadero poder, cada vez más fuerte e independiente.

El desarrollo de los Estados depende en gran medida de la confianza que la población tenga de sus instituciones, específicamente en los órganos de impartición de justicia. Un Poder Judicial independiente contribuye a mejorar las relaciones entre los gobernantes y gobernados, así como entre los propios poderes constituidos.

El “poder” del Poder Judicial Federal radica en que nuestra Ley Fundamental lo ha facultado para revisar la constitucionalidad de los actos y leyes de los restantes poderes públicos, sin que ninguna otra instancia u órgano de gobierno pueda revisar o cuestionar lo resuelto por los tribunales federales. En otras palabras, el Poder Judicial Federal es el encargado de preservar el orden constitucional, sin que los poderes Legislativo o Ejecutivo, u otros órganos jurisdiccionales puedan eludir el cumplimiento de sus resoluciones. Es el “poder del equilibrio”.

Es necesario que los tribunales federales sigan velando por la independencia de los jueces; mejorando la calidad en sus funciones y sus relaciones con la sociedad; acercando la justicia a los más necesitados y abatiendo el rezago. En suma, el reto mayor al que se enfrenta el Poder Judicial consiste en dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional que prevé la impartición de justicia en México de una manera pronta, completa e imparcial.

¿Cuáles es su opinión en general sobre los poderes judiciales de los estados? ¿Cómo se ven desde la Suprema Corte?

Creo que la independencia judicial es la mayor garantía que el Poder Judicial puede ofrecer a los ciudadanos.

Esa independencia se da, tanto al interior como al exterior de los propios poderes judiciales. Defender la independencia interna significa considerar que los fallos de las autoridades judiciales locales son solamente fallos dictados en una esfera distinta de competencia que, por cuestiones propias del sistema recursal, las autoridades federales revisan. Reafirmar esta idea es básica para que los poderes locales se consoliden. Sólo son esferas competenciales distintas.

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La Ministra Sánchez Cordero ha desarrollado también la docencia. Ha sido maestra de Derecho Positivo Mexicano y Sociología en el Colegio Francés del Pedregal y en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt; maestra Titular por oposición de la cátedra de Sociología General y Jurídica en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Ha sido objeto de numerosos premios y distinciones. Entre las más importantes se cuentan la designación como Distinguida Abogada de las Américas, otorgada por la Barra Interamericana de Abogados; la Presea Tepantlato, otorgada por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Campus Aragón; fue nombrada Mujer del Año 2004, por el Patronato de la Mujer del Año; Medalla Anáhuac al Mérito Jurídico 2007, por la Universidad Anáhuac; su nombre aparece en el Dictionary of International Biography, 2007, del lnternational Biographical Centre, de Cambridge; la revista Líderes Mexicanos la nominó durante varios años como una de los 300 Líderes más influyentes de México; Reconocimiento “Clara Zetkin”, entregado en el marco del Centenario del Día Internacional de la Mujer, otorgado por la United for Solidarity, con el auspicio de la UNESCO, la Embajada de Dinamarca y la Secretaría de Gobernación; la revista Newsweek la reconoció como una de las 150 mujeres audaces en el mundo; en marzo de este año fue una de las 50 homenajeadas en la celebración anual del Día Internacional de la Mujer de la Escuela de Derecho de Harvard, organizada por Harvard Women´s Law Association y Harvard Law and International Development Society; y la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León instituyó la Presea de los Derechos Humanos Olga Sánchez Cordero, entre muchos otros galardones y homenajes de que ha sido objeto

¿Considera que la nueva Ley de Amparo está cumpliendo los propósitos que le dieron modificación?

Me parece que sí, en términos muy generales. El acceso a la justicia se ha visto fortalecido. La resolución de las cuestiones que son planteadas en los juicios, el incremento de asuntos derivados del nuevo paradigma constitucional, son temas que demuestran todo esto. El trabajo para el Poder judicial Federal se ha Incrementado sustancialmente a partir de la entrada en vigor de la ley. Y muchos temas que eran asignaturas pendientes, por ejemplo, los que señalaba el ministro Zaldívar en un libro escrito antes de la entrada en vigor de la ley, son temas ahora resueltos de manera diferente.

¿Qué significados que resulten trascendentes encuentra usted en la frase “cultura de la legalidad”?

Considero que esa expresión es un concepto equívoco, es decir, con múltiples acepciones que no pueden ser limitadas bajo una sola idea. La expresión cultura de la legalidad trasciende a cualquier concepción que pretenda designarla solamente como cultura jurídica o Estado de Derecho. Cultura de la legalidad significa, sí, imperio de la ley; pero también significa obediencia de la ley, y la obediencia requiere, necesariamente, conocimiento de la ley. La definición más clara de la cultura en general tiene que ver con el conocimiento que se tiene del mundo, de las cosas; tiene que ver con la forma en que percibo y soy percibido. De la misma manera, la cultura de la legalidad implica necesariamente el conocimiento del ordenamiento jurídico, mismo que puede tenerse a distintos niveles, pero que tiene, como irremediable consecuencia, el fortalecimiento del orden social en un Estado.

Cultura de la legalidad tiene que ver con una mejoría sustancial en nuestra deficiente educación cívica y política y se traduce, también, en un serio compromiso de maestros y alumnos por promover los fines del Derecho, por mejorar la calidad de su enseñanza y por asumir un compromiso interminable de actualización constante. Cultura de la legalidad es también, y sobre todo, fortalecer a cada uno de los poderes en la forma particular en que cada uno necesita ser fortalecido.

En resumen, la cultura de la legalidad exige que cada órgano, cada familia, cada persona, asuma el papel que le corresponde desempeñar responsablemente,  sin ambages ni temores. Solamente así se logrará el fortalecimiento de nuestra democracia y el bienestar del pueblo.

¿Cómo debería ser la preparación idónea para los jueces y qué jueces deben ser evitados?

La capacitación de nuestros jueces se convierte hoy en un tema toral, en tanto que las tendencias mundiales exigen que la actuación de los jueces sea más participativa, a fin de contar con una justicia mejor y más expedita. Además, quisiera resaltar el carácter esencialmente humano que la función judicial tiene y, en ese sentido, todo lo que se refiera a la personalidad del juez también será de suma importancia en relación con esa función.

Las relaciones sociales en una nación como la nuestra se han incrementado con la expansión de la actividad del Estado y con el incremento de la actividad de los hombres mismos; y estas relaciones se rigen por leyes. En consecuencia, donde hay una ley debe haber también un juez que, en determinado momento se tendrá que ver obligado a interpretarla y aplicarla. Como hombre, el juez no puede abstraerse de la sociedad en la que vive, es miembro de ella, en ella se desarrollan su vida y sus expectativas. En ella encuentran sitio sus aspiraciones y vivencias. En ella es él mismo gobernado, contribuyente, consumidor, usuario de servicios, etcétera.

Por todas esas razones, el juez debe ser un hombre que tenga una excelente formación profesional, técnica y, además, una auténtica formación humanista. Debe ser probo, honesto, independiente y culto, porque su función tiene un indudable carácter intelectual que le obliga a discernir, apreciar, enjuiciar, comprender; a analizar, a sintetizar y a exponer razonamientos. El juez no es ni órgano ciego, ni señor del Derecho.

El juez es un ser humano que, quizá con mayor ahínco que sus congéneres, deba luchar por mejorarse a sí mismo, a través de todos los medios posibles. Y creo que, en nuestros días, eso no es tan difícil como suena.

¿Cuáles cree que han sido las aportaciones de la Corte en los últimos años respecto de los derechos indígenas?

Siempre he creído que los pueblos indígenas son el sector más marginado y vulnerado en la población mexicana. En ese sentido, la Corte ha tenido que asumir el reto de abrir la brecha para el diálogo con este grupo social. No ha sido una labor fácil y las decisiones que hemos tomado como Corte, no han estado exentas de crítica; sin embargo, puedo afirmar que la aportación que hemos logrado es este ámbito, es la de abrir el diálogo y sentar las bases desde una perspectiva constitucional, para que los pueblos indígenas puedan ser respetados en su totalidad, con la complejidad que implican sus milenarias tradiciones y con la firme convicción de que representan el legado de generaciones anteriores. La Primera Sala ha emitido mucha jurisprudencia y precedentes sobre defensores multiculturales y defensores en las distintas lenguas, sobre auto adscripción, sobre las pruebas idóneas para acreditar la condición de indígena cuando ésta es cuestionada.

En fin. Yo recuerdo un asunto en el que, incluso, desde la propia Corte se otorgó la libertad a una indígena tzotzil.

¿Cuál es la situación del marco constitucional en relación con los Tratados Internacionales, a la luz de las reformas constitucionales más recientes?

Resulta para mí muy claro que la incorporación de los derechos humanos contenidos en los tratados, al derecho interno, se da de manera automática por el texto del primero constitucional. A mi juicio, no se requiere un acto de producción normativa interna, ni ningún otro acto de cualquier poder de la Unión, pues una vez ratificado internacionalmente, en el nivel interno requiere sólo de su publicación.

Para identificar cual es el derecho aplicable a los tratados, debemos entender que los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y, en consecuencia, es el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. El derecho interno, por su parte, sólo se encargará de designar el órgano del Estado que tendrá competencia para celebrarlos, pero también el que deba aplicarlos; señalará los requisitos que deben cumplirse para su perfeccionamiento y determinará la jerarquía que tienen al interior del Estado.

De ninguna manera, se han establecido supuestos de excepción a la Constitución, no se trata de restarle autoridad y valor. La Constitución es nuestra ley suprema y, como tal, tiene absoluta supremacía.

Es más, es por ello que el primero constitucional, debe ser absolutamente respetado; que debemos concederle toda la deferencia al poder reformador de la Constitución, que en el artículo 103 estableció como supuesto de procedencia, como parámetro de control, como extensión de los derechos, como bloque, o como queramos llamarle, a los Tratados Internacionales; y guardarle esa misma deferencia al Legislativo que, incluso, al promulgar la Ley de Amparo, estableció en su artículo primero, ni más ni menos, la posibilidad de impugnar toda norma, acto u omisión de la autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los Tratados Internacionales.

¿Qué opina sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal, vistos los fenómenos de jóvenes delincuentes o niños sicarios

Me parece que los Tratados Internacionales son muy claros. Hace muchos años comenzaba conferencias sobre el tema con una frase de don Felipe Tena que decía justamente eso: los tratados son para cumplirlos. Pero el tema hay que discutirlo con argumentos, con bases firmes, teniendo en cuenta los principios constitucionales y convencionales sobre el interés superior del menor, pero también los que se refieren a la reinserción social y al papel que la cárcel juega en todo esto.

¿En qué consiste el “derecho a la inocencia”, que usted ha abordado en algunos trabajos 

En esos trabajos hablaba sobre el reconocimiento de inocencia, una figura procesal que destaca lo que hoy

más que nunca se ha venido reforzando: el derecho a la presunción de inocencia, que fue un camino de difícil construcción jurisprudencial. Mientras que la presunción de inocencia posee, además de la eficacia procesal inherente a este derecho, una extraprocesal de recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos, el reconocimiento de inocencia va más allá: permite al sentenciado que ha sido declarado culpable de un delito, alegar en su favor circunstancias supervenientes que demuestran su inocencia.

Lejos de ser un simple procedimiento incidental, el reconocimiento de inocencia debe verse como un derecho subjetivo público que posee su eficacia en un solo plano: el plano procesal; y  que encuentra un influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Es una institución de carácter extraordinario y excepcional que, reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por  objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente.

Este derecho se materializa en la declaración del órgano judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal, según el caso) por virtud de la cual el sentenciado por la comisión de un delito ha de ser considerado inocente, luego de haberse demostrado con posterioridad a la sentencia definitiva, de manera fehaciente e indubitable, que lo es. La presunción de inocencia, como decía, va más allá y fue un logro que llegará a considerarse como ahora lo hace la Suprema Corte, como un derecho y un principio que, en materia procesal penal, impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones, mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia, con las modulaciones del caso.

min2¿Qué quiere decir cuando usted ha mencionado la expresión “Prensa libre y Poder Judicial independiente”?

Prensa libre se traduce en “pueblo libre” y un pueblo no es verdaderamente libre si no existe un Poder público que se encargue de velar por sus derechos, de vigilar que se respeten todas las esferas de su libertad. La libertad, en consecuencia, no se vuelve tangible si no se hacen respetar las libertades humanas y éstas no son tales sin un Poder Judicial independiente.

La relación que une a los medios de comunicación con el Poder Judicial se vuelve trascendental, pues en una sociedad que demanda información como necesidad y como derecho, los informantes asumen el papel de intermediarios entre quienes cumplimos con la misión de vigilar el respeto de las libertades individuales y la sociedad que nos demanda cumplir cabalmente con esa función.

La palabra libre vive cuando hay periodistas libres, que no se dejan intimidar por nadie y que, de manera transparente y clara, plasman la información que se verá reflejada en los medios de comunicación. De la misma manera, la palabra libre vive en el funcionario judicial que de manera transparente resuelve los juicios encomendados, sin la intervención de nadie más que no sean su conocimiento y su conciencia.

El buen funcionamiento de la justicia depende también del buen funcionamiento del resto de las instituciones y de quienes integramos la sociedad en general, de los profesionales de la información, de los profesionales del Derecho y de todos los que queremos un país con nuevos horizontes institucionales.

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