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Enseñar y aprender la Ciencia Jurídica

Lic. Juan José Llanes

Lic. Juan José Llanes

El presente artículo se propone explorar algunos elementos vinculados a los problemas del proceso enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica. Se destaca que, independientemente de las opiniones de algunos especialistas en los temas educativos y jurídicos que aquí se citan, planteo la problemática desde la perspectiva de una reflexión personal, con base en la experiencia y en la observación.

  1. La deficiente formación previa.

                        Asumimos que el estudio de la “ciencia jurídica” se aborda en los años universitarios, cuando un individuo ha determinado estudiar la carrera de licenciado en derecho, abogado, o cualquier otra análoga. De tal suerte, se dar por sentado que el primer punto de contacto entre el estudiante y el derecho se da en la universidad y allí inicia el proceso enseñanza-aprendizaje de esta ciencia.

                        En los años previos a la enseñanza universitaria (el bachillerato, la secundaria, la primaria, incluso el preescolar), el individuo adquiere nociones muy vagas en torno de la ciencia jurídica, más que nada enfocados a una formación axiológica, en donde se le intenta imbuir el sentido de lo “correcto-incorrecto”, “debido-indebido”. Hacia la educación media superior, materias como el “civismo” o “educación cívica”, se encaminan más hacia el fomento de los valores nacionalistas y a la armónica convivencia social, que al estudio del derecho.

                        Con la incorporación de los Derechos Humanos al ámbito del derecho positivo en México (a partir de las reformas constitucionales de 2011), el tema de la enseñanza del derecho desde la educación básica ha cobrado relevancia, sin que todavía se formalice la inclusión de materias relativas en los planes y programas de estudio de este nivel.[1]

                        Encontramos aquí un primer problema en la relación enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica: el individuo no se acerca al derecho sino hasta la universidad.

                        A lo anterior, debe sumarse que las políticas educativas en México han privilegiado la enseñanza de las ciencias exactas en los niveles previos a la universidad, bajo la perspectiva de que en un país en (perpetua) vía de desarrollo, debe formar especialistas en tecnologías, antes que en Humanidades. Esa visión llegó al extremo de retirar la materia de Filosofía del plan de estudios del bachillerato en México.[2]

                        No obstante, la parte más complicada del proceso enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica en la etapa universitaria, radica en la deficiente formación integral del individuo. Sabido de sobra es que los bachilleres ingresan a las universidades sin contar –siquiera- con un buen nivel de lectura de comprensión.

                        Cuando las universidades públicas dejaron de contar con la capacidad de brindar formación profesional a la totalidad de los egresados del nivel de bachillerato, comenzó la expansión de la educación superior en el ámbito privado. Dichas escuelas privadas se han caracterizado –al menos en lo que respecta a la disciplina jurídica- por dos cosas: el bajo nivel educativo, y la oferta de formar “líderes”. Los planes y programas de estudio en materia de derecho en las universidades privadas, en su mayoría, se encuentran orientados a egresar abogados destinados a prestar servicios al sector empresarial.

                        Los abogados egresados de escuelas privadas rara vez se les encuentra en el foro; casi nunca patrocinando causas sociales. Formados para servir a intereses corporativos, pretenden responder no a la necesidad de hacer más asequible la justicia a todos (particularmente a los sectores vulnerables), sino de proveer de estrategias jurídicas a las clases dominantes para evadir todo aquello que afecte sus intereses.[3]

                        Por otra parte, aunque resulta innegable que el derecho debe avanzar a la par de una sociedad cuyas dinámicas, tecnologías, necesidades, etcétera, se han modificado sustancialmente en el último siglo, la aparición de las llamadas “nuevas ramas” del derecho, resulta ampliamente cuestionable.

                        Se advierte el debut en los planes de estudio de vertientes del derecho que responden a la aparición de nuevas tecnologías (el derecho genómico, el derecho informático, de telecomunicaciones); a la toma de conciencia en torno de problemas que cobran actualidad (el derecho ambiental, el derecho de indígenas, el derecho de animales). Y otras que pretenden abordar áreas muy específicas: el derecho aduanero, el regulatorio, etcétera.

                        Quienes compartimos la noción de que muchas de estas “nuevas ramas”, no son sino vertientes de otras “grandes ramas” del derecho (el derecho aduanero o el ambiental no son sino derecho administrativo con un enfoque específico), vemos con preocupación que los pilares de la formación de un jurista son paulatinamente sustituidos por estas nuevas ramas: en muchas escuelas privadas ya no se imparte el derecho romano, por ejemplo, sino que se prefiere el “derecho informático”.

                        Al volverse optativo aquello que otrora se consideraba parte de la formación fundamental de un jurista, el cariz socio-ético que abrazaba la profesión de abogado se difumina en aras de una mayor “competitividad”.

  1. Pobre perfil docente.

                        Incide notablemente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica, el bajo perfil de quienes, no encontrando una realización profesional en el ejercicio de la profesión de abogado, optan por la docencia.

                        La perspectiva de que la academia era la culminación de una carrera de jurista, al contarse con la preparación, la experiencia y la capacidad reflexiva necesarias para formar a otros en la disciplina del derecho, ha sido sustituida por otra realidad: la de que el acceso a la academia en las universidades públicas está definido por criterios inciertos, y la retribución de quienes dan clases en las escuelas privadas es, en la mayoría de los casos, paupérrima.

                        A lo anterior, añádase la circunstancia de que las escuelas de derecho (tanto públicas como privadas), nunca se han preocupado por dotar a sus estudiantes de herramientas para formar a otros; en otras palabras, no se ha tomado en cuenta que es indispensable contar con juristas que sepan cómo formar otros juristas. No existen, en los planes de estudio de las licenciaturas vinculadas a las ciencias jurídicas, materias que permitan a quienes egresan como abogados enseñar a otros la ciencia jurídica.

  1. La deficiencia del método.

                        El método tradicional de la enseñanza de la ciencia jurídica, en otro momento caracterizada por la solemnidad de la cátedra dictada y la escasa o nula interacción con los estudiantes, paulatinamente se ha visto superado por la necesidad de propiciar que el estudiante conozca plenamente la realidad con la que se va a enfrentar en el ejercicio de su profesión. El egresado de la carrera de derecho, acabada su formación profesional, debe comenzar a aprender el oficio de abogado.

                        Héctor Fix-Zamudio en “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho en México y Latinoamérica”, (Witker, Jorge. Comp.), apunta que “Desde por lo menos la década de los sesenta del siglo XX, se han generado impulsos intermitentes en América Latina en general, y en México en particular, tendentes a introducir cambios importantes en los métodos de la enseñanza del derecho. Pueden citarse, como ejemplo, las Conferencias Latinoamericanas de Facultades de Derecho realizadas en distintas épocas, en las cuales se ha insistido en la necesidad de implantar una metodología de enseñanza activa, que exija de los alumnos una participación directa y constante”.[4]

                        Como se anticipó, la enseñanza en nuestro país ha sido considerada como de corte tradicional; en donde el docente es el que única y exclusivamente domina los contenidos, y los sujetos motivados se limitan a ser meros receptores, amén de poner en juego más que la capacidad de razonamiento, la memoria. A tal apreciación, claro está, no escapa la enseñanza del derecho.[5]

                        La noción de la enseñanza de la ciencia jurídica teniendo como medios exclusivamente el pizarrón, en la actualidad resulta ampliamente superada por la tecnología que permite desde el uso de las computadoras para compartir información hasta la educación a distancia.

                        La revolución tecnológica ofrece la posibilidad de acceder a información de manera rápida y barata; la idea de la búsqueda de datos relevantes para el aprendizaje de la ciencia jurídica en material impreso (la jurisprudencia, por citar), ha sido reemplazada por el uso del internet.

                        Solamente cabría acotar que la cantidad de información a la que ahora los estudiantes de la ciencia jurídica tienen acceso es de tal magnitud que resulta en extremo complicado discriminar aquella que carece de sustento epistemológico. En otras palabras, la información a la que se tiene acceso, en múltiples ocasiones, no tiene relevancia, tiene enfoques poco científicos o, en el peor de los casos, contiene datos erróneos o falsos.

                        La “Biblioteca Jurídica Virtual” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (visible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/) representa la más importante aportación en materia de acceso a la doctrina de la ciencia jurídica a través del internet. Sin embargo, a la fecha, ofrece acceso a menos de cuatro mil libros.

                        Deberemos asumir que, en el futuro, el docente tendrá que desempeñar un papel orientador decisivo en la pesquisa de información jurídica, coadyuvando con el alumno en el proceso de discernir qué datos son útiles y cuáles no. En tal sentido, podemos aseverar los medios para la enseñanza de la ciencia jurídica, en el momento actual, no representan –de manera alguna- un dique para el aprendizaje.

                        Conclusiones

                  1.- El proceso enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica en México, adolece de problemas significativos que parten de una deficiente formación integral previa a los años universitarios.

                  2.- El Estado mexicano, ha privilegiado la formación de los ciudadanos en áreas científicas tecnológicas que en áreas humanísticas.

                3.- No obstante, la incorporación de los Derechos Humanos al derecho positivo en México a partir de la reforma constitucional de 2011, ha revitalizado la noción de que el derecho debe comenzarse a estudiar desde el nivel básico.

                 4.- Existe una amplia disparidad de contenidos de la enseñanza de la ciencia jurídica entre las instituciones de educación superior públicas y privadas. Las primeras, privilegian el sentido social y ético del derecho. Las segundas, el sentido utilitarista.

                5.- La calidad de la enseñanza de la ciencia jurídica, se ha visto menoscabada por el decremento en el perfil docente. La tarea de enseñar el derecho está mal retribuida. No se considera indispensable formar –desde las licenciaturas- maestros que enseñen la ciencia jurídica.

                  6.- La formación del estudiante de la ciencia jurídica está disociada de la realidad.

                7.- La aparición de nuevas tecnologías de la información abatió el problema de la escasez de medios para el proceso enseñanza-aprendizaje de la ciencia jurídica. Ahora, la información concerniente a cualquier área del derecho es accesible, rápida y barata.

[1] Sobre este tema, resulta valiosa la reflexión de Alma Delia Torquemada González contenida en el artículo La práctica educativa de derechos humanos en educación primaria,

http://www.revistadefilosofia.com/13-13.pdf

[2] A la postre, la Secretaría de Educación Pública debió rectificar, ante las fundadas protestas de la clase intelectual en México. Véase: http://www.jornada.unam.mx/2009/05/23/sociedad/036n1soc.

[3] Personalmente, puedo asegurar que, en mi campo de acción, el derecho laboral, quienes egresamos de universidades públicas pensamos en esta área como un instrumento tendiente a lograr el equilibrio entre el capital y el trabajo. Y advierto que la formación recibida en instituciones privadas está más encaminada a conseguir que la clase empresarial evada responsabilidades laborales.

[4] Citado por SERNA DE LA GARZA, José María, Apuntes sobre las opciones de cambio en la metodología de la enseñanza del derecho en México, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art7.htm

[5] HERNÁNDEZ, María del Pilar, La enseñanza del Derecho en México, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2406/14.pdf

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