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Por LUCERO ALEJANDRA DE ALBA PEÑA. 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón.
Por LUCERO ALEJANDRA DE ALBA PEÑA. Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón.

Eliminación de los conflictos individuales de seguridad social de la competencia de los tribunales laborales

Sumario

  1. Introducción; II. Derecho del trabajo y seguridad social; III. El problema de la doble jurisdicción, a. La jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, b. Estadísticas laborales, c. Reforma constitucional; d. Eliminación de los conflictos individuales de seguridad social de la competencia de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; IV. Conclusión.

 

  1. Introducción.

En relación con la Reforma Constitucional en Materia Laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 2017, el senador Héctor David Flores Ávalos al presentar el proyecto del Decreto relativo, destacó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

 “Hoy se plantea una nueva perspectiva que prevé una mejora para todos los trabajadores de nuestro país. La reforma constitucional, agregó, es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral.

 En atención a ello, resulta importante destacar la necesidad de excluir los conflictos generados por cuestiones de seguridad social del ámbito jurisdiccional laboral y replantearlos dentro de la esfera contenciosa administrativa, eliminando así las intensas cargas de trabajo que esos temas generarían en el trámite que se lleve ante las autoridades jurisdiccionales laborales que se creen con motivo de la Reforma Constitucional, de modo que éstas puedan enfocarse a resolver controversias relacionadas con el vínculo entre patrón y trabajador, mejorando así el acceso a la justicia laboral y evitando que este sistema se vea saturado desde su implementación.

 Para efectos de lo anterior, en principio, se establecerá qué debe entenderse como “derecho del trabajo” y “seguridad social”, para poder comprender sus diferencias.

 Enseguida, se explicará qué preceptos legales determinan la competencia para el conocimiento de cada uno de estos temas, ello con el ánimo de entender por qué razón, de ambos conflictos, a pesar de sus diferencias, conoce el mismo órgano de jurisdicción especializada.

 Luego, se hará una exposición detallada de los datos estadísticos relacionados con el número de asuntos que se tramitan ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, con la intención de determinar cuáles se desahogan por motivos eminentemente laborales y cuáles atienden a temas de seguridad social; para así poder hacer conciencia de la carga de trabajo que representa el tema de la seguridad social ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

 Por último, se hará hincapié en la finalidad de la reforma al artículo 123 Constitucional y, de ese modo, poder validar la necesidad de eliminar las funciones de naturaleza administrativa de que gozan los órganos de impartición de justicia en materia de trabajo.

  1. Derecho del trabajo y seguridad social.

En primer lugar, debe determinarse cuáles son las semejanzas y diferencias que existen entre la seguridad social y el derecho del trabajo, toda vez que existen similitudes entre ambas que han generado confusiones en su estudio, pues se ha llegado a considerar a la seguridad social como parte integrante del derecho del trabajo, cuando debería ser reconocida como una rama del derecho independiente de aquél, dado que cuenta con los elementos para ello.

 Esto es así, ya que el derecho del trabajo nació del derecho civil por regular las relaciones entre particulares, y actualmente se reconoce su autonomía, no solo de legislación y procuración de justicia, sino como ciencia del derecho; lo que no ha sucedido con el derecho a la seguridad social, toda vez que esta última no ha logrado independizarse de la materia de trabajo, pese a contar con legislación independiente e instituciones creadas para su desarrollo, y no tratarse de una institución creada solo para favorecer a la clase trabajadora.

 Para una mejor comprensión de lo planteado, se exponen algunos conceptos de lo que se entiende como “seguridad social”.

 Al respecto, el artículo 2º. de la Ley del Seguro Social, establece:

 “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.”

 Como se observa, el citado precepto se refiere a la seguridad atendiendo a su teleología, por lo que puede entenderse como una “herramienta” para garantizar a los gobernados el acceso efectivo a diversos derechos históricamente adquiridos.

 En ese contexto, de conformidad con el numeral 3º del mismo ordenamiento[1], corresponde al Estado como “garante de la seguridad social”, ejercer el uso de esa herramienta en favor de los gobernados.

 Tocante a la seguridad social, Miguel A. Cordini[2] propone este concepto: “Es el conjunto de principios y normas que, en función de solidaridad social, regula los sistemas e instituciones destinados a conferir una protección jurídicamente garantizada en los casos de necesidad bioeconómica determinados por contingencias sociales.”

 Por su parte, Miguel García Cruz[3] la define del modo siguiente: “La Seguridad Social tiene por objeto tratar de prevenir y controlar los riesgos comunes de la vida y de cubrir las necesidades cuya insatisfacción vital para el individuo es al mismo tiempo esencial a la estructura de la colectividad.”

 En resumen, para el Estado, la Seguridad Social implica la obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión de los ciudadanos, entre otras cuestiones; por lo que se trata de una relación entre los entes del Estado y el particular, y no solamente de los entes del Estado con patrones y trabajadores; de ahí que se encuentre, en principio, regulada por el derecho administrativo.

 En otro orden de ideas, resulta primordial definir al derecho laboral, para así poder comprender su relación con la rama de seguridad social.

 De Ferrari[4] nos proporciona la siguiente definición: “Es el Derecho que rige el trabajo humano prestado en estado de subordinación, en virtud de un contrato y mediante el pago de un precio.”

 Así pues, entendemos que el derecho laboral (también conocido como derecho del trabajo) es una rama del derecho cuyos principios y normas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, bajo una relación de subordinación y a cambio de una contraprestación.

 De lo antes expuesto, se logran apreciar las diferencias existentes entre el derecho del trabajo y el de seguridad social, ya que el primero resulta ser el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrón y trabajador con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, por lo que se trata de una cuestión entre particulares; mientras que, respecto al derecho a la seguridad social, se trata del conjunto de normas positivas que regulan la actuación del Estado para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión; de ahí que los sujetos que intervienen en esta relación son el Estado y los gobernados.

III. El problema de la doble jurisdicción.

 Si bien, como ya se destacó, el derecho laboral y la seguridad social regulan relaciones diferentes entre sí; no pasa desapercibido que los conflictos que se suscitan en ambas ramas se resuelven ante la misma autoridad, que lo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se trata de un órgano de jurisdicción especializada, que el constituyente de 1917 excluyó del Poder Judicial Federación, aun cuando atendiendo a la naturaleza de la seguridad social, debería ser materia exclusiva del procedimiento contencioso administrativo, tal como se expone a continuación.

 

  1. La jurisdicción del trabajo y de la seguridad social.

 La doctrina en general, y la Constitución en particular, distinguen las funciones del Estado en legislativa, administrativa y jurisdiccional, las cuales resultan cada vez más difíciles de deslindar de manera tajante, en atención a la creciente complejidad de los Estados contemporáneos y de las funciones y naturaleza que le son asignados a los distintos órganos que los integran.

 Así, la función jurisdiccional ha sido encargada al órgano judicial; empero, atendiendo a la complejidad de las controversias que ante él se dirimen, se le han delegado facultades que resultan competencia de otro poder del Estado.

 En ese tenor, se debe traer a colación que la lucha revolucionaria y social logró que en 1916 se convocara a un Congreso Constituyente que tuvo como objetivo generar las nuevas bases gubernamentales del Estado Mexicano y la nueva situación política, económica y social.

 En dicho Congreso Constituyente se formó una Comisión del Derecho del Trabajo que tuvo la tarea de crear un aparato legal que respondiera a las nuevas demandas sociales y laborales de la época.

 El resultado de dicha Comisión fue la conformación del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana de 1917, el cual se incluyó en un título especial denominado “DEL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL”, que contempló el catálogo de derechos y obligaciones para trabajadores y patrones en todo tipo de relación laboral, agrupando en cinco rubros los siguientes derechos:

  1. Derecho individual del trabajo: Que regula las prerrogativas y obligaciones de los trabajadores y patrones, establecidas en prestaciones y derechos mínimos.
  1. Derecho colectivo del trabajo: Que regula los derechos de asociación profesional y defensa de intereses comunes mediante la huelga y el paro.
  1. Derecho procesal laboral: Que establece las autoridades y las formalidades esenciales del proceso para resolver conflictos en materia laboral.
  1. Seguridad social: Que establece el sistema de seguros que cubren a los trabajadores y sus familias de los riesgos previsibles.
  1. Previsión social: Que establecen las prestaciones mínimas con las que el trabajador incrementará su patrimonio y, con ello, su calidad de vida y la de su familia.

De ahí que, como se ve, desde su origen se han otorgado a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje facultades para resolver conflictos que deberían solucionarse en la esfera administrativa, justificando tal proceder en las normas que imponen obligaciones legales al patrón con el objeto de coadyuvar con el Estado en garantizar los derechos sociales del trabajador; tal como se desprende del contenido del artículo 123, apartado A), fracciones XII, primer párrafo, y XXIX, Constitucional, que dicen:

“XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. (…)”

“XXIX: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares;(…)”

 Norma Suprema de la que se desprende que si bien el derecho del trabajo surgió a la vida jurídica para regular las relaciones entre particulares a consecuencia del trabajo; lo cierto es que como se ha podido observar, se le incluyó un carácter eminentemente social[5], del que se destacan los derechos y obligaciones que establece, en lo que interesa, la Ley del Seguro Social, como se ve de los artículos siguientes:

“Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

  1. Riesgos de trabajo;
  2. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

  1. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
  2. Guarderías y prestaciones sociales.”

 

“Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

  1. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

  1. Los socios de sociedades cooperativas, y

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes.”

 

“Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:

  1. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;
  2. Los trabajadores domésticos;

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios;

  1. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y
  2. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social.

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal.”

 

“Artículo 15. Los patrones están obligados a:

(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

  1. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; (…)”

Así, del contenido de las disposiciones antes citadas, se desprenden las diversas controversias que pueden suscitarse con motivo del ejercicio de los derechos de seguridad social, entre las cuales se encuentran las hipótesis que se citan:

  • Cualquier incumplimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las obligaciones que tiene con los asegurados con relación al régimen voluntario.
  • La omisión del patrón de registrar o inscribir a un trabajador en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual implica una controversia de carácter eminentemente laboral, ya que se trata del incumplimiento de obligaciones de una de las partes que conforman la relación laboral.
  • La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgar a los trabajadores -asegurados en el régimen obligatorio-, los seguros por riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o el de guarderías y prestaciones sociales; lo que implicaría que la controversia resulte de carácter administrativo, al involucrar el incumplimiento de obligaciones del Estado respecto del gobernado.

 De los conflictos citados, específicamente, aquel que surge con motivo del régimen voluntario, es conocimiento de la sede administrativa que se desahoga ante el Tribunal Federal de Justica Administrativa; sin embargo, tocante a las dos últimas controversias planteadas, en términos generales, nuestro sistema jurídico responde de la misma manera, ya que de ambas conocen las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

 Lo anterior, tal como lo establecen los artículos 294, 295 y 296 de la Ley del Seguro Social, a saber:

“(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

SECCION SEGUNDA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente.

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.”

 

“(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

Artículo 296. Los derechohabientes podrán interponer ante el Instituto queja administrativa, la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad.

 

El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previamente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de algún procedimiento administrativo, recurso o instancia jurisdiccional.

 

(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)

La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo respectivo.”

Asimismo, a partir de la Reforma laboral del año 2012, en términos de la sección I del capítulo XVIII del Título catorce de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, los artículos 899-A, 899-B y 899-C, establecen:

 

“Conflictos Individuales de Seguridad Social”

“(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.

La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios.

En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente.”

 

“(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 899-B. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán ser planteados por:

  1. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social;
  2. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios;

III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a esta Ley o sus beneficiarios; y

  1. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.”

 

“(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012)

Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección deberán contener:

  1. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad;
  2. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación;

III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide;

  1. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social;
  2. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada;
  3. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda;

VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez;

VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y

  1. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte.”

 Circunstancias de las que se desprende que tratándose de controversias entre los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador del Estado, serán las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje las autoridades competentes para conocer sobre éstas.

 No se inadvierte que la Ley del Seguro Social, en su artículo 294, establece el recurso de inconformidad cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto; sin embargo, también de dicho numeral se desprende que se trata de un recurso optativo, ya que pueden elegir su desahogo o bien, tramitar la controversia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; máxime, que la fracción VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando señala que anexos a las demandas se deben presentar los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos; ello no es suficiente para considerar que dicha fracción obligue a exhibir la resolución del recurso de inconformidad ante la Junta para la procedencia de la demanda.

 De todo lo antes expuesto, se puede concluir que actualmente las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, son a quienes atendiendo a su naturaleza jurisdiccional, únicamente debe corresponder el conocimiento y la resolución de los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones, entre los primeros o entre los segundos, derivados de los vínculos de trabajo o de hechos con ellos relacionados; empero, también conocen y resuelven conflictos individuales de seguridad social que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro; cuando tales cuestiones, al tratarse de derechos de seguridad social que se reclaman a una autoridad del Estado, deberían corresponder únicamente a la esfera administrativa.

 Sin que se desprenda justificación alguna de por qué razón las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el citado Instituto, sobre las prestaciones de seguridad social, deban tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y no directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atendiendo a que se trata de una relación entre una Institución del Estado y un particular; por lo que debería regirse atendiendo al derecho administrativo y no al laboral.

 

  1. Estadísticas laborales.

 Para mayor sustento de la premisa antes aludida, debe destacarse que la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social[6] cuenta con información oportuna acerca del sector laboral, como son cifras de: 1) trabajadores asegurados en el IMSS; 2) salarios; 3) revisiones del salario contractual; 4) contratos colectivos de trabajo; 5) emplazamientos y huelgas; 6) procuración de justicia laboral; 7) servicio nacional de empleo; 8) apoyo para el consumo de los trabajadores (Instituto FONACOT); así como encuestas en: hogares, establecimientos, migración y sectoriales continuas.

 En lo que nos interesa, en el apartado 6) relativo a la procuración de justicia laboral, se desprenden datos inherentes a los motivos por los que se generan los conflictos en materia laboral, mismos que se clasifican como sigue:

 Aguinaldo: 1

Aportaciones: 2291

Condiciones generales de trabajo: 7

Designación de beneficiarios: 2838

Despido: 742

Medidas disciplinarias: 18

Reparto de utilidades: 24

Pensiones y riesgo de trabajo: 755

Preferencia de derechos: 7

Prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo: 599

Prestaciones de Seguridad Social: 64

Recisión de contrato: 11

Retención Salarial: 26

Retiro voluntario: 32

Otras: 1

 Ahora bien, de los datos obtenidos por el periodo correspondiente a los años de 2007 a 2011, se observan tramitados ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje un total de 132,511 demandas, de las cuales 100,227trataron sobre conflictos de seguridad social, y sólo 32,194 se refirieron a conflictos laborales entre patrones y trabajadores; esto es, un 75% de los asuntos que resolvían los órganos laborales correspondían a cuestiones de índole administrativa y no jurisdiccional laboral.

MC

 Así, posterior a la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, en la que se adicionaron los artículos 899-A, 899-B, 899-C, antes citados, fue evidente la disminución de presentación de conflictos de seguridad social ante las Juntas, pues en el lapso correspondiente a los años 2012 a 2016, se tramitaron un total de 99,249 demandas, de las cuales, 49,019 corresponden a conflictos de seguridad social y 50,222 a conflictos entre el capital y el trabajo; como se ve, aun con la citada reforma de 2012, la mitad de los asuntos que ingresan ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, conciernen a cuestiones de seguridad social, tal como se desprende de la siguiente gráfica:

MC2

De ahí que se concluye que el número de asuntos relativos a la rama de seguridad social que ingresan a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, aun después de la Reforma de 2012, representan una carga excesiva de trabajo que tiene como consecuencia el retardo en la impartición de justicia por los órganos especializados para ello.

  1. Reforma constitucional.

Como antecedentes, objeto y tareas desarrolladas para la formulación del Dictamen del Decreto de reformas y adiciones al artículo 123 Constitucional, concretamente de la exposición de motivos, se advierte que el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Informe de Resultados de los Foros de Justicia Ciudadana de abril de 2015, presentó 20 propuestas para la articulación y ejecución de un plan de acción en materia de justicia laboral, entre las que se encuentran:

  1. La adopción de una estrategia para crear una cultura de derechos entre los mexicanos.
  2. La adopción de medidas para facilitar la solución de conflictos suscitados entre los ciudadanos y las instancias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
  3. La revisión del funcionamiento y la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Con motivo de la presentación de dicho informe y sus recomendaciones, en noviembre de 2015 se iniciaron los diálogos por la Justicia Cotidiana, que se dieron el propósito de deliberar colectivamente en pos de la construcción de soluciones a los problemas más significativos que afectan a la justicia laboral; así, la mesa de trabajo arribó a la conclusión general de que los problemas en la impartición de justicia en la materia comprenden el funcionamiento de los tribunales de trabajo (Junta Federal, Junta Local y Tribunal Federal), así como la práctica del litigio inadecuado dentro de los mismos.

 En esos diagnósticos se identificaron varios problemas específicos, entre los que se destacan, por su relevancia:

 “13. La asignación de funciones de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de justicia del trabajo, toda vez que en las leyes se les ha responsabilizado de algunos procedimientos ajenos al conocimiento y resolución de conflictos de trabajo, como son las cuestiones administrativas relacionadas con los regímenes de seguridad social o de ahorro para el retiro.”

 “16. Las insuficiencias administrativas que se presentan en un número importante de órganos de impartición de justicia del trabajo. Hacen falta diagnósticos integrales sobre su situación para atender problemas de falta de organización, integración adecuada de recursos humanos, materiales y tecnológicos, en un ambiente de cargas excesivas de trabajo y falta de incentivos a la productividad de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.”

 Lo que dio como resultado que en octubre de 2016 fuera aprobada, por unanimidad de votos, en el Senado de la República y en febrero de 2017 por la Cámara de Diputados y las treinta y dos legislaturas de los Estados, la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, que contempla, en lo que es de interés, la modificación de la fracción XX del Apartado A del artículo 123, que considera la desaparición de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, para dar paso al surgimiento de los tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación; modificaciones que se efectuaron en los términos siguientes:

“Artículo 123. (…)

A).

  1. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.”

Por ende, es dable concluir que la reforma contribuye a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y, en particular, expresa su intención de lograr una justicia laboral efectiva, pronta y expedita que dé certeza jurídica a trabajadores y empleadores..

 

  1. Eliminación de los conflictos individuales de seguridad social de la competencia de los tribunales laborales.

 Como ha quedado de manifiesto, la finalidad de la modificación a la fracción XX del Apartado A del artículo 123, para dar paso al surgimiento de los tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación, tuvo como una de sus razones la celeridad de los juicios laborales ante las insuficiencias administrativas que generan cargas excesivas de trabajo; entonces, atendiendo a la naturaleza jurídica administrativa de los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador del Estado; a la carga de trabajo que generan las controversias relacionadas con los planteamientos en materia de seguridad social, que como se destacó corresponden casi a la mitad de los asuntos que se resuelven; y a la finalidad que persigue la Reforma Constitucional Laboral, con la intención de que el nuevo sistema jurisdiccional en materia de trabajo no inicie sus funciones saturado por este tipo de controversias; es que se considera primordial que se elimine la competencia de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de justicia del trabajo.

 Ello, en la medida que, como ya se destacó, se ha responsabilizado legalmente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del conocimiento de procedimientos ajenos a la resolución de conflictos de trabajo, como son, se insiste, las cuestiones administrativas relacionadas con los regímenes de seguridad social o de ahorro para el retiro, entre otras.

 Así, es pertinente que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios, y los organismos del Estado encargados de la seguridad social, deberán ser tramitadas ante el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, conforme a las leyes y principios correspondientes, o bien creando una jurisdicción especializada en materia de seguridad social; de lo que se sigue que, si en atención a la Reforma Constitucional, en la fracción XX del Apartado A del artículo 123, deberá ser reformado todo el Titulo Catorce de la Ley Federal del Trabajo que regula el Derecho Procesal del Trabajo; entonces resulta viable la eliminación de los Conflictos individuales de seguridad social que ahí se contemplan.

 

  1. Conclusión.

 En primer lugar, es claro que el derecho del trabajo y el de seguridad social, son dos ramas distintas del derecho, ya que la primera resulta ser el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrón y trabajador, con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, por lo que se trata de una cuestión entre particulares, que se resuelve en la vía jurisdiccional; mientras que, respecto al derecho a la seguridad social, se trata del conjunto de normas positivas que regulan la actuación del Estado para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión; de ahí que los sujetos que intervienen en esta relación son el Estado y los gobernados, por lo que debe entenderse que cualquier conflicto debería resolverse vía administrativa.

 Sin embargo, los conflictos que se suscitan en ambas ramas se resuelven ante la misma autoridad, que lo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aun cuando, atendiendo a la naturaleza de la seguridad social, debería ser materia exclusiva del contencioso administrativo.

 Esto es, se han otorgado a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje facultades para resolver conflictos que deberían solucionarse en el ámbito administrativo, justificando tal proceder en las normas que imponen obligaciones legales al patrón con el objeto de coadyuvar al Estado en garantizar los derechos sociales del trabajador; tal como se desprende del contenido del artículo 123, apartado A), fracciones XII, primer párrafo y XXIX, Constitucional, 11, 12, 13, 15, 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, y los artículos 899-A, 899-B y 899-C, de la Ley Federal del Trabajo.

 Tales facultades han ocasionado que la mitad de los asuntos que ingresan ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, correspondan a cuestiones de seguridad social.

 De ahí que si la modificación a la fracción XX del Apartado A del artículo 123, que considera la desaparición de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, para dar paso al surgimiento de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, tuvo como una de sus razones la celeridad de los juicios laborales ante las insuficiencias administrativas que generan cargas excesivas de trabajo; entonces, atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a la carga de trabajo que generan, se propone la eliminación de las funciones de naturaleza administrativa a los órganos de impartición de justicia del trabajo; logrando así que la implementación del nuevo sistema de justicia del trabajo no inicie viciado desde un principio.

 

Bibliografía

 Coprdini, Miguel A. Derecho de la Seguridad Social, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1966.

 De Ferrari, Francisco, Derecho del Trabajo, Ed. Buenos Aires, 1996.

 García Cruz, Miguel. La Seguridad Social, México, 1951.

Carpizo, Jorge. La naturaleza de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en México. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/2/982/4.pdf

Marquet Guerrero, Porfirio. Resolución de Controversias laborales y de Seguridad Social. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/ libros/5/2458/37.pdf.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley Federal del Trabajo.

 Ley del Seguro Social.

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de justicia; de trabajo y previsión social, y de estudios legislativos, segunda, sobre la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.

Página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html

[1] El artículo 3º.de la Ley del Seguro Social señala: “La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.”

[2] Miguel A. Coprdini. Derecho de la Seguridad Social, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1966, -9-

[3] Miguel García Cruz. La seguridad Social, México, 1951m pags.30y 33.

[4] De Ferrari, Francisco, Derecho del Trabajo, Ed. Buenos Aires, 1996, p. 426.

[5] Para efectos prácticos, se destaca que el presente estudio se limitará únicamente a estudiar derechos, obligaciones y jurisdicción respecto de la Ley del Seguro Social, sin hacer mayor énfasis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sin que ello implique que la propuesta de eliminar las cuestiones de seguridad social de la jurisdicción laboral no abarque también a estas últimas.

 [6]http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html

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