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El límite constitucional del político

En las constituciones democráticas, el político es alguien quien ejerce el poder en nombre del pueblo. De hecho, esto es verdad en las democracias modernas y así debe ser, pero ni siempre el político ejerce este poder que el pueblo le otorgó para trabajar por el pueblo. Lo que se debe hacer, en este caso, va a depender de la gravedad del caso. Mucha de las veces solo se puede esperar por mejoras y cobrarlas después. Pero y si esto supera el límite? Que se debe hacer en este caso? Como mucho se ha divulgado, Brasil pasa por una fase en que los brasileños no están satisfechos con la presidente. Sin hacer juzgamiento si es justificado o no el descontentamiento, debemos saber lo que se puede, efectivamente, ser una razón para que haya la salida compulsoria de un agente político, como es el caso de un presidente.

Sin embargo, hay que entender que el proceso de impeachment está basado en el principio constitucional de que, según el párrafo único del artículo primero, “todo el poder emana del pueblo”. Así, el pueblo es el detentor del poder pero más adelante el propio texto constitucional elucida que “que lo ejerce por medio de representantes elegidos directamente”. Esto es, los políticos ejercen el poder que originalmente es del pueblo. Entonces podemos afirmar que hay un vinculo de confiabilidad que el político debe tener con el pueblo y cuando esto se rompe de manera muy traumática, que es el caso del crimen de responsabilidad, no hay más razones que puedan sustentar el político en su cargo.

En este sentido, voy a tomar el constitucionalismo brasileño como base. En la constitución brasileña, el artículo 85 deja en claro cuáles son los casos en que un detentor de un alto cargo público puede sufrir un impeachment, tales son los casos “del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, especialmente contra:

1. la existencia de la Unión;

2. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación;

3. el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales;

4. la seguridad interna del País;

5. la probidad en la Administración;

6. la ley presupuestaria;

7. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales.

Todo esto del proceso y casos de impeachment está reglado por la ley n. 1.079/50 y Ley n. 10.028/2000 que amplió el rol de crimines. Es necesario entender que hay todo un proceso que pasa por un sistema complejo que se inicia en la Cámara de los Diputados y posteriormente llega al Senado Federal pasando, al fin, a la presidencia de la Corte Superior brasileña, que en Brasil es llamada de Supremo Tribunal Federal. Cabe, todavía, destacar que el rol los agentes públicos que pueden sufrir el proceso de impeachment es muy amplio, desde el presidente, vicepresidente, ministros del Supremo Tribunal Federal hasta alcaldes y gobernadores. En todos los casos, aquél que sufre el impeachment quedará alejado de la vida política y funciones públicas por 8 años.

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