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EL ERROR JUDICIAL Y LA INTERPRETACIÓN ORIGINARIA DE LA CONSTITUCIÓN.

El hombre en la búsqueda de obtener seguridad frente a su gobernante ha tratado de establecer limitaciones al poder del soberano. Quizás uno de los pasajes más memorables de la historia en este sentido es el de “Juan sin tierra”, en el que se impuso la firma de una carta magna al Rey Juan I de Inglaterra en 1212, en el que se mermaba el poder del rey sobre todo tratándose de tributos. Al resultar insuficientes estos textos derivados de los constantes excesos de los “órganos” del Estado (fuera cual fuere su forma de organización y gobierno) se hizo necesario que el hombre en distintas partes del mundo emitiera instrumentos en los que señalara su exigencia de dignidad, como ocurrió con la Declaración de independencia hecha por las 13 colonias, la Constitución de Estados Unidos de 1787, que fue la primer constitución escrita y posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Francia de 1789.

En nuestro país, también existieron varias constituciones como la de Apatzingán de 1814, la constitución de 1824 y 1857 por mencionar solo algunas y cuyos contenidos respondían a las condiciones del entorno histórico y ahora se han cumplido más de 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin duda una de las mejores aportaciones jurídicas de México para el mundo al ser de las primeras en tutelar derechos sociales.

No es un secreto que las constituciones han encontrado en la doctrina diversas conceptualizaciones y clasificaciones, pero para Burgoa era suficiente con reducirlas a dos, como son la real, ontológica, social, y deontológica y la jurídico-positiva siendo esta ultima la que a el interesa y de la que señala que según el derecho constitucional mexicano “se traduce en un conjunto de normas de derecho básicas y supremas cuyo contenido puede o no reflejar la constitución real o la teleológica” (Burgoa, 1997 p.319). En una definición un poco más contemporánea se ha sostenido que “desde el punto de vista estricto, jurídicamente hablando, una constitución se refiere a la organización de los poderes públicos repartiendo su competencia y a los derechos de las personas” (Azuela, S. 2010, p.10 ) por lo que en ese sentido podemos afirmar que “todos los países tienen, en sentido material, una constitución, una manera de estar constituidos” (Barragan, J. 2012 p. 35) esta necesidad de establecer la forma de organización a partir de una norma suprema es la base del constitucionalismo.

Al día de hoy según la Organización de las Naciones Unidas existen 194 países soberanos de los cuales son pocos los que no cuentan con una constitución escrita como Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y el Reino Unido. Estas formas de constituirse como estados soberanos han venido evolucionando, el espíritu positivista se ha encargado de que en la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos si existan constituciones escritas y con ellas las “garantías” de los derechos que en esa norma máxima se contienen, a través de mecanismos de protección que varían dependiendo de cada sistema de justicia constitucional, es decir atendiendo al tipo de controles de constitucionalidad que ejercen, como el austriaco, difuso o mixto, siendo este último el contenido en nuestra norma máxima.

Conforme a la teoría de la constitución, la supremacía jerárquica de las normas constitucionales se impone y debe imponerse sobre cualquier regla de orden inferior como ocurre con las Leyes Federales, ello, para estar en posibilidades de consolidar un principio de regularidad constitucional, para lograrlo es necesario realizar cuando se requiera un ejercicio de interpretación que compare y procure el respeto y apego de las normas secundarias a la norma fundante y en ocasiones el sentido de esta última, es decir, una interpretación conforme.

La palabra interpretar viene del latín Interpretari que según el diccionario de la lengua española consiste en “explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto.” (Recuperado de http://dle.rae.es/?id=LwUON38) El segundo párrafo del artículo primero de nuestra norma máxima señala que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Algo que conocemos como principio Pro Homine o principio Pro persona.

Este precepto constitucional que encontró la luz en el año de 2011 ordena la realización de lo que en la doctrina se conoce como la Interpretación ex oficio. Así el estado (dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial) asegura que todo el orden normativo se apegue a su norma regulatoria primordial, dotando de facultades expresas a órganos del poder judicial para ejercer lo que la doctrina denomina control concentrado de constitucionalidad y el cual suele establecer criterios de interpretación que sirven para resolver problemas similares en el futuro. Una vez que estas han reunido determinadas características pueden convertirse en Jurisprudencias.

La jurisprudencia según el diccionario jurídico Espasa consiste en el “conjunto de soluciones dadas por ciertos tribunales” (Espasa, 2011) Sin embargo en nuestro país para que un criterio se convierta en jurisprudencia debe reunir ciertas condiciones como son las señaladas en el artículo 222 de la Ley de Amparo, el cual acota que “La jurisprudencia… se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho votos.”

De acuerdo a la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la jurisprudencia puede establecerse por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución” tal y como se señala en su numeral 215 en los términos que en dicha ley se precisan.

Según el cardinal 216 de la citada ley, la jurisprudencia por reiteración de criterios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. Por su parte las contradicciones de tesis operan en términos de lo que dispone los numerales 225 a 227 de la Ley de Amparo; sea cual sea el tipo en el que se contiene la interpretación, a excepción de las tesis aisladas, de manera genérica suele llamarse jurisprudencia.

Desde que se inicia la formación jurídica se nos muestra que la jurisprudencia es una fuente del derecho, pero cuya jerarquía normativa se encuentra casi hasta el final en lo que conocíamos como la pirámide kelseniana, sin embargo en lo que se considera el Nuevo paradigma constitucional quizás esto ha sido superado, en principio por que conforme al artículo 94 de la Constitución en su párrafo decimo señala que “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.” Lo que se reglamenta en el numeral 217 de la Ley de Amparo que ordena “La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y demás para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales”

Así al otorgarse al Poder Judicial el control de constitucionalidad este puede regular el actuar de los demás poderes, ya que las determinaciones de la SCJN vertidas en dichas jurisprudencias como se ha indicado en el párrafo que antecede son obligatorias, y obligan en tratándose de la regularidad de una norma incluso al poder legislativo, como en el caso de que se realice la declaración general de inconstitucionalidad establecida en los artículos 231 a 235 de la Ley en cita, los cuales establecen que: “Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma.”

Más adelante el cuerpo legal en mención establece en el segundo párrafo de su cardinal 232 que “Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.” Aunque a este respecto algunos autores señalan que la creación de esta figura no era necesaria, en razón de que incluso con anterioridad a la Ley de amparo del 2013, las normas que fueran señaladas de inconstitucionales debían desaplicarse (aun de manera relativa) en todos los casos sometidos a su jurisdicción, como consecuencia de la obligatoriedad de la jurisprudencia, ya que asi se establecía en la anterior ley en el artículo 192, por lo que el efecto sería casi el mismo, sin embargo hay quienes sostienen que “es por medio de esta, no dentro del juicio de amparo que es posible obtener la invalidez erga omnes, con efectos generales, de leyes y otras normas abstractas e impersonales; a la manera del kelseniano “legislador negativo” que las expulsa del sistema jurídico” (Ferrer, E. 2013 p.48).

Es entonces la obligatoriedad de estas interpretaciones vertidas en la jurisprudencia lo que motiva la presente disertación, dado que derivado de la facultad de interpretar la constitución que le fue otorgada a la Suprema Corte De Justicia De La Nación en ocasiones esta ha incurrido en interpretaciones que pueden ser cuando menos “académicamente cuestionables”, quizás la primera en llamar nuestra atención fue por poner solo un ejemplo la establecida bajo el rubro “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.” Dicha jurisprudencia consideramos desnaturaliza los objetivos del principio Pro persona contenido en el artículo primero de nuestra Carta Magna, partiendo de que dicho principio ordena la aplicación e interpretación de las normas o tratados que más favorezcan y la corte lo desdice en una interpretación a nuestro juicio por demás limitativa.

La SCJN al formarse por individuos aun cuando son personas altamente honorables y letradas lo cierto es que como humanos, al igual que todos somos imperfectos pero sobre todo diferentes, una de las pruebas más relevantes de lo anterior quizás es el libro: “Las Costumbres Del Poder” en el que los ministros Góngora Pimentel, Cossío Díaz, Gudiño Pelayo y Silva Meza relatan lo que consideran un equívoco de sus compañeros ministros.

Si partimos de la idea de que en las ciencias sociales no existen verdades absolutas, es común que puedan reflejarse pensamientos distintos o encontrados en cada persona, por lo que no es raro encontrar motivos de disenso en la interpretación del texto constitucional entre los mismos integrantes de la Corte. Otra prueba de estos señalamientos los encontramos en sus propios criterios en los que sostienen “una nueva reflexión” que a menudo motiva el abandono de determinada jurisprudencia, lo que puede significar que o su interpretación anterior era la incorrecta o que abandonan la correcta por una equivocada, sea cual sea ¿ello nos llevaría a inferir que existió un error?

Lo que algunos autores han llamado “El error judicial” ha sido abordado por diversos doctrinarios como Urureta Uriarte quien a diferencia de otros autores que se concentra en las condenas penales injustas, el autor chileno ha sostenido que “el error judicial se verifica cuando el juez o magistrado en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, ha actuado de manera manifiestamente equivocada en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la ley, ocasionando un daño efectivo, evaluable económicamente o individualizado con relación a una persona o un grupo de personas.”(Uriarte, 1996) este autor refiere que el error puede ocurrir incluso en la actividad del intérprete de la ley ordinaria (el juzgador) aun cuando no hace referencia al interprete constitucional quien no está exento de los mismos errores.

Por su parte la interpretación mexicana ha defendido el actuar del interprete ordinario (operadores) como pueden ser actuarios o notificadores ya que en junio de 2016 el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito dicto la tesis: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL. NO LA CONSTITUYE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA QUE PREVÉ EL EMPLAZAMIENTO REALIZADA POR UN NOTIFICADOR, AL TRATARSE DE UNA “DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA” Y NO DE UN “ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE”. En la que determina: “Si la posición de la autoridad jurisdiccional revisora, al considerar que el actuar de un notificador en una diligencia de emplazamiento es contrario a la ley adjetiva, implica un criterio de interpretación diferente al efectuado y si, por tanto, el motivo o causa de la sanción disciplinaria tiene como sustento esa contrariedad, es inconcuso que dicha circunstancia no constituye una responsabilidad administrativa del servidor público del Poder Judicial porque, en todo caso, el Juez del proceso jurisdiccional está en condiciones de verificar, de oficio, si su proceder fue acorde o no con un criterio razonable de interpretación, pues si puede revisar oficiosamente cuando hay alguna irregularidad en el emplazamiento, o cuando falta éste, con mayor razón cuando se lleva a cabo conforme a un criterio razonable, aunque no se comparta. De donde se sigue que si el Juez del proceso jurisdiccional no invalida lo actuado, o no lo constriñe a apegarse a su propio criterio, es porque implícitamente considera válido el proceder de su funcionario y lo que subyace es un intento de interferencia de la autoridad sancionadora a la garantía de independencia judicial. Entonces, aquel actuar del notificador se ubica en la denominada “diferencia razonable de interpretación jurídica”, mas no en un “error judicial inexcusable”… A la par emitió la tesis bajo el rubro “DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS” Y “ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE”. SU DISTINCIÓN.” En el que señala que: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la motivación del acto jurisdiccional debe operar como una garantía que permita distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones jurídicas” y un “error judicial inexcusable” que compromete la idoneidad del Juez -y, por extensión, del Poder Judicial- para ejercer su función, de forma que no se le sancione por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas, aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por las instancias de revisión… Así, la diferencia razonable de interpretaciones jurídicas se presenta cuando no cabe una única solución interpretativa posible, o en la determinación de la denotación significativa de los casos marginales que aparecen dentro de la zona de penumbra. En consecuencia, para que exista un error en la interpretación del texto jurídico propuesta por el Juez, es necesario que ésta no pueda reconocerse por ningún criterio interpretativo aplicable razonablemente; de ahí que las interpretaciones novedosas, pero avaladas con razones, no caben dentro de esta categoría. Por tanto, no constituye un error judicial la interpretación del derecho que puede argumentarse dentro de la hermenéutica jurídica, si en el caso no es irrazonable, aunque el criterio no se comparta…”

Las tesis anteriores se concentran en la exención de responsabilidad más que en la posibilidad de materialización del error, sobre todo tratándose del ejercicio interpretativo ello para no dar lugar a responsabilidad del estado, pero entonces subsiste la interrogante cuando ocurren interpretaciones contrarias (sustitución de tesis), ¿la interpretación anterior era la incorrecta o abandonan la correcta por una equivocada?, ¿Pero qué es lo correcto o que es lo incorrecto sobre todo cuando se trata de interpretación constitucional?

Así como el juzgador tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de la individualización de las normas, el intérprete constitucional no solo tiene la misma responsabilidad, sino que además tiene en sus manos el futuro de la aplicación no solo de las normas y su sentido, sino de la misma expresión del sentir del pueblo (que ha sido plasmado en la constitución). De esta manera cuando se trata de interpretación de preceptos de la constitución, podrían no solo ser vulnerados los Derechos Humanos de un gobernado cuando se realiza una interpretación contraria al texto o al sentir plasmado por el constituyente, sino que a futuro podrían vulnerarse una y otra vez al volverse obligatoria determinada jurisprudencia, en la que dicho interprete puede o no partir de la letra de la norma suprema, o de una mera interpretación de la probable intención del constituyente.

Al encontrarse en la cima del Poder Judicial y poder controlar la constitucionalidad de los actos del ejecutivo así como de las normas dictadas por el legislativo e incluso realizar la “adivinación” de lo que el constituyente quiso decir cuando se interpreta la constitución la SCJN y la jurisprudencia que emite se ha convertido en un poder absoluto, uno que podríamos llamar el poder de poderes. Antes de parecer radical, hay que hacer una distinción entre la interpretación de las normas secundarias, y la interpretación de las normas constitucionales porque si bien ambas son emitidas por la representación del pueblo, es decir, a través de la cámara de diputados, en tratándose de las normas constitucionales representan algo más que la mera intención declarativa del gobernado. Como sostuviera Ferdinand Lasalle hace más de 100 años “En el espíritu unánime de los pueblos, una constitución debe ser algo mucho más sagrado todavía, más firme y más inconmovible que una ley ordinaria” (Lasalle F. 2009) en otras palabras se considera no otra cosa sino la misma esencia de la nación y su gente.

En ese orden de ideas, la voluntariedad del demos manifiesta en el poder constituyente, debería expresarse en el espíritu de su propio seno, ya que el juzgador no necesariamente (pese a la utilización de cualquier método histórico, causal o teleológico de interpretación de las normas) podrían entender lo que en representación de los gobernados pensaban al dictar las normas fundantes, dicho en otras palabras quien mejor que el constituyente o el reformador para establecer la ratio legis correspondiente a las normas fundamentales ¿no sería quien elaboro la norma fundante quien conoce mejor su espíritu? ¿Si se envía una carta a un ser querido quien conocerá mejor su sentido el que la escribió o el que la lee? Si consideramos que la respuesta corresponde a quien la escribió, quizás deberíamos considerar que cuando la SCJN realice la interpretación de algún precepto de la constitución el legislativo a su vez debería poder contar con algún medio de control sobre la interpretación constitucional, alguna especie de “recurso de réplica” que le permita señalar al poder judicial representada por su máximo tribunal que la interpretación del texto no es la que sus representados le mandataron realizar cuando así ocurra. No se pasa por alto que nuestras legislaturas (Federales y Locales) cada vez parecen demostrar menor nivel escolar, sin embargo no debemos perder de vista que con independencia de la escolaridad de los diputados o senadores en ellos se deposita no solo la tarea de representar al pueblo, sino de plasmar el aspecto desiderativo de toda la Nación con independencia de la preparación que tengan.

Es por ello que incluso Santiago Saravia Frías apunta que debería incluirse “un recurso de revisión en los códigos provinciales que aún no lo contemplan y en el de la nación, estableciendo las causales con base en las cuales procedería la revisión de la sentencia que hace cosa juzgada, redundaría en una mayor seguridad jurídica a la par que brindaría la posibilidad de evitar la subsistencia de sentencias injustas” (recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/12.pdf)

Como sostiene Luis Abraham Paz Medina “El Estado, considerado más allá del gobierno en turno, se gana el respeto, la confianza y el apoyo de sus ciudadanos a través de un actuar impecable, que si bien no está libre de errores, los reconoce y repara. Un Estado que por el contrario no reconoce, ni repara sus propios errores y que peor aún, evade su sentido de responsabilidad no tendrá jamás el prestigio que requiere para alcanzar el pleno desarrollo, el fortalecimiento, consolidación de sus instituciones, Estado de Derecho y el reconocimiento internacional” (recuperado de http://www.reibci.org/publicados/2016/dic/2000112.pdf)

La constitución en su origen obedece a un medio de control al poder absoluto con el ánimo de dotar al pueblo de derechos y libertades. Pues aun “el estado constituido de la manera más racional, más liberal, animado en las intenciones más justas, no deja por esto de ser una potencia enorme capaz de aplastarlo todo a su alrededor si no se le pone un contrapeso” (Proudhon, J 1862). Al darse al Poder Judicial el control de constitucionalidad y de manera específica a la SCJN la interpretación de la constitución, la obligatoriedad de la jurisprudencia le ha permitido erigirse como el poder de poderes, aun cuando en ocasiones la interpretación pudiera ser contraria la expresión literal del contenido constitucional no existe en nuestro sistema actual ninguna forma un contrapeso, máxime que nuestro país sin duda se distingue de los demás, precisamente por la lucha de poderes en intereses manifiestos política y económicamente visibles, por lo que siguiendo la teoría de la división de poderes de Montesquieu “ningún poder debería estar por encima de otro” y si dotamos a uno de ellos de un imperio tan amplio podríamos estar desnaturalizando el espíritu propio que le dio el constituyente al conservar en este órgano y sus interpretaciones lo que podríamos llamar un súper poder. De esta suerte sino nuestro estado es un país sui generis no deberíamos contar con un sistema que responda a esas características únicas, después de todo, ¿No fue en su momento el juicio de amparo un sistema único en el mundo? Entonces, ¿Porque no establecer un mecanismo de interpretación originaria que le permita al constituyente la explicación del sentir del texto constitucional?

Referencias
Azuela, Salvador. (2010), Curso de derecho constitucional, México.
Barragan Barragan, José. (2012), Teoría de la Constitución, México.
Burgoa Orihuela, Ignacio. (1997), Derecho Constitucional Mexicano, México.
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2013), El Nuevo Juicio De Amparo, México.
Lasalle F. (2009), Que es una constitución, México.
Proudhon, Jean Pierre, (1862). Teoría de la propiedad.
Uriarte, Jiménez y Porcar (1996) El error judicial y alcance del artículo 49.7 del Estatuto de los Trabajadores
Paz Medina, Luis Abraham, El estado del arte del error judicial en México
Saravia frias, Santiago, Responsabilidad del estado por error judicial y deficiente administración de justicia.

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