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CONGRESO

Desaparece en Veracruz el fuero constitucional o político.

LUIS FRANCISCO VIEIRA ROMANO/JURISTA.-Durante muchos años la clase gobernante nacional ha gozado de impunidad al cobijo de la figura denominada “fuero político”, que han otorgado tanto la Constitución Política local como la federal, a los servidores públicos o autoridades electas por voluntad popular, en sus respectivos ámbitos. Como todos sabemos, al amparo de esta protección legal, que ha sido equivalente a una “patente de corso”, innumerables servidores públicos investidos por esa figura han cometido excesos, actos de corrupción, enriquecimientos ilícitos, abusos de autoridad, omisiones y otros delitos considerados como graves durante el desempeño de sus funciones.

La mayoría de las veces han sido solapados por los Congresos de los estados o por el Congreso de la Unión, al no declararse procedentes los desafueros, dado que las comisiones legislativas los protegen por ser correligionarios de los partidos políticos a los que pertenecen sus integrantes o por consignas de no incriminarles para salvaguardar la imagen de sus partidos.

En Veracruz, la actual Legislatura ha aprobado recientemente una reforma a la Constitución Política de Estado para retirar el fuero a funcionarios que venían gozando de esta protección legal, tales como el titular del Ejecutivo estatal, los secretarios de despacho, el contralor general, los presidentes municipales, síndicos y miembros de los Concejos, así como el secretario ejecutivo y consejeros del Instituto Electoral Veracruzano (Organismo Público Local Electoral) y, de igual modo, a los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Esto significa que cualquier ciudadano que sea nombrado para ocupar un cargo público, o bien sea electo para desempeñar un puesto representativo, en caso de incurrir en conductas delictivas, sin mayor trámite de ese engorroso juicio político o de desafuero, podrá ser sujeto de manera inmediata, inhabilitado y sometido a un proceso civil, administrativo o penal, según el caso, lo cual es destacable e histórico.

No obstante, esta reforma, que no entrará en vigor hasta el próximo primero de diciembre de dos mil dieciséis, prevé que los diputados, el fiscal general del Estado, los magistrados del Poder Judicial y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, seguirán gozando de este privilegio constitucional y sólo podrían perderlo si dos tercios del total de los legisladores que integran el Congreso local así lo determinan, en caso de que tales servidores públicos incurran en ilícitos que sean considerados constitutivos de delito.

La reforma se realizó cuando los legisladores aprobaron, con 43 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, este Dictamen, que establece la disposición de eliminar el fuero, dado que en el contexto actual no hay justificación para la existencia de esta figura jurídica, lo cual ha sido un antiguo reclamo social.

El dictamen del decreto que deroga disposiciones del artículo 76 y reforma el 78 de la Constitución Política del Estado refiere que en la actualidad no debe haber privilegios o fueros para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, tanto del ámbito estatal como municipal, pues la tendencia internacional ha apostado por la transparencia y la aplicación expedita y oportuna de la ley. Al ser aprobada en dos periodos ordinarios, como lo marca la ley, corresponde enviar este decreto a los 212 ayuntamientos de la entidad para que en un plazo máximo de 60 días envíen su acta de Cabildo a la Secretaría General del Congreso del Estado, con el sentido de su voto.

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