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A un siglo del constituyente

Lic. Juan José Llanes

Lic. Juan José Llanes

Nos preparamos para conmemorar, el año próximo, el centenario de la Constitución de 1917. Pero no es prudente perder de vista que nuestra Carta Fundamental fue fruto de un Congreso convocado hace un siglo. ¿Cómo se originó nuestra vigente Constitución?

El 19 de septiembre de 1916, Carranza, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, expidió el decreto de convocatoria al Congreso Constituyente, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4º de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en el puerto de Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, del 26 de marzo de 1913.

Se previno cómo se integraría ese Constituyente: habría un diputado por cada 60,000 habitantes (o fracción que rebasare los 20,000), representantes que serían electos directamente el 22 de octubre de 1916. Se castigó al huertismo, prohibiéndose expresamente que cualquier colaborador del régimen usurpador pudiese ser diputado.

Es interesante advertir que cada diputado del Constituyente cobró una dieta de $60.00 diarios. Si tomamos como referencia la paridad peso-dólar, y consideramos que en 1916 cada dólar valía en México $23.83, 1 bien podría dilucidarse que cada diputado del Constituyente ganó, por su servicio a la Nación, poco menos de 3 dólares diarios. Así pues, el 1º de diciembre de 1916 quedó instalado el Congreso en la ciudad de Querétaro. Se le dio a dicho Congreso un plazo fatal: tendría dos meses para discutir y aprobar la nueva Carta Fundamental.

La composición del Congreso fue muy heterogénea: asistieron diputados jóvenes y ancianos, y de todos los antecedentes laborales: abogados y químicos, sastres, cocheros, tipógrafos, ingenieros, maestros, artistas, literatos, comerciantes, empleados públicos, periodistas, médicos y militares. La primera sesión ordinaria del Congreso comenzaría el 2 de diciembre de 1916, bajo el lema “Constitución y Reformas”.

La Constitución de 1917 tuvo como antecedentes la elaborada por Ignacio López Rayón (1811), la de la Monarquía Española (también conocida como Constitución de Cádiz o Constitución española de 1812); los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón (1813); el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (1814); el Reglamento provisional político del Imperio mexicano (1822); el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (1824); la Constitución Federal de 1824; las Siete Leyes o Constitución de 1836; las Bases Orgánicas de la República Mexicana o Constitución de 1843; el Acta de Reformas y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; por supuesto, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857; incluso, el Estatuto provisional del Imperio Mexicano o Constitución de 1865, y destacadamente el Programa del Partido Liberal Mexicano, de 1906.

El 13 de diciembre de 1916 (ante la presencia de Carranza, de visita en el Congreso), se discutió lo que sería, a la postre, el Artículo 3º constitucional, base de la Educación, significado por la defensa de su condición de “laica” a cargo de Francisco J. Múgica.

El 19 de diciembre se comenzó a discutir lo que sería el Artículo 5º (sobre la libertad de trabajo). El 26 de diciembre, el diputado poblano Froylán Cruz Manjarrez, expresó que la Revolución no había sido solamente política, sino que era una “revolución social”; de ahí, la necesidad de que, más allá de la garantía de libertad de trabajo consignada en el Artículo 5º, debía la Constitución hacer un apartado que consagrase los derechos de los trabajadores.

Y fue un veracruzano, Heriberto Jara Corona, el que propuso que en un artículo diferente al 5º, se concentraran los derechos laborales: nacería así el Artículo 123 cuyo proyecto inicial fue presentado al Congreso el 10 de enero de 1917. El antecedente de lo que ahora son las “controversias constitucionales”, lo encontramos en la discusión del 22 de enero de 1917, en la que el diputado Fernández Martínez propuso que los tribunales federales resolvieran las controversias entre municipios y gobiernos estatales. El proyecto fue desechado.

Un tema fundamental en la nueva Constitución, era el relativo a la materia agraria. Cabe mencionar que la propuesta que remitió Venustiano Carranza no fue aceptada, porque los Constituyentes estimaron que no tendía a satisfacer las demandas de los campesinos de México.

Así pues, fue el diputado Pastor Roauix, quien preparó una nueva propuesta que fue aceptada por unanimidad. Nacería el artículo 27, que intentaba armonizar el régimen de la pequeña propiedad con la dotación de ejidos a los pueblos; para ello, era necesaria una auténtica reforma agraria, que disolviera los latifundios. Comenzaba así –al menos en la Constitución- el anhelado reparto de la tierra.

El subsuelo, rico en petróleo y minerales, fue declarado dominio de la nación. Se debatió también a profundidad el artículo 115: las bases del Municipio Libre, tendientes a restituirle su autonomía y atribuciones, abatidos por los jefes políticos del porfiriato.

Respetando la tradición liberal de la Constitución de 1857, los artículos 24 y 130 preconizaron la separación entre las iglesias y el Estado. No sin razón, 50 años después de la Reforma, aún se concebía al clero como un instrumento de dominio político y apéndice de un Estado extranjero. En materia territorial, se definió cómo sería la Nación Mexicana, de la post Revolución: con 28 Estados, dos Territorios y un Distrito Federal.

Se distinguió, pues, la Constitución de 1917 de su predecesora, por el llamado “contenido social”; “Radical es la palabra perfecta para designar a los artífices de los artículos 3º, 27, 123, 130. Radical viene de raíz: aquellos constituyentes eran radicales en doble sentido: querían partir desde la raíz de los problemas, y arrancar su raíz, su era necesario”.2

La inclusión de postulados constitucionales relativos a la educación, al reparto agrario, al trabajo y a la separación entre iglesias y Estado, vino a darle, además, legitimidad tanto a la Constitución, como a la Revolución misma.

COLOFÓN

La Revolución de 1910 significó muchas cosas: el derrocamiento de una dictadura –la de Porfirio Díaz, otrora héroe de la Reforma y de la lucha contra el Imperio-; la entronización de una nueva clase política; el intento de reivindicación de las clases marginadas (que dotó de sentido social a la lucha armada); un nuevo paradigma electoral (condensado en el “Sufragio efectivo. No reelección” del maderismo); y la renovación del pacto nacional: la Constitución promulgada en 1917.

Frank Tannenbaum en México: la lucha por el pan y la paz, opina que “La Constitución de 1917 proveyó a la Revolución con un programa que podía ponerse en juego para justificar la política oficial y su realización en detalle. Desde ese punto de vista, la Revolución es el producto del Congreso Constituyente”.

Solemos preferir la ecuación que nos describe que, primero, fue una inconformidad social y política, preñadas de una ideología libertaria, luego el estallamiento social –léase la Revolución-, y al final, la Constitución pactada en 1917.

Pero los reclamos sociales que dieron origen a los postulados que nutrieron a nuestra Carta Fundamental, posiblemente no se ubiquen tanto en el principio del proceso revolucionario como en su nudo y su final, o sea, en la Constitución. El comienzo del proceso revolucionario está significado por el hartazgo hacia el régimen, habida cuenta de que “la política porfiriana era intensamente personalista”. 3

Comenzaba a cumplirse el vaticinio de Sebastián Lerdo de Tejada, desde su exilio en Nueva York: “Yo profetizo para México la más grande y poderosa de las revoluciones. No revolución de partidos, estéril y gastada, sino revolución social. Nadie podrá evitarla”.4

Sin embargo, la renuncia de Díaz a la Presidencia (presionado por la revuelta), no pacificó a México. La llegada de Francisco I. Madero al poder, menos.

La Revolución y los revolucionarios tenían otra agenda que no se agotaba con el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo. El endeble gobierno maderista sucumbió ante la ambición de Victoriano Huerta, al que debía hacérsele frente para reconfigurar el Estado.

Pronto, esa suerte de contracontrarrevolución tomó nombre y un significativo apellido: Revolución Constitucionalista. Se pensó, sobre todo, en la reinstauración plena de la Constitución de 1857, fracturada tras la revuelta iniciada en 1910 y, particularmente, por la usurpación de Huerta.

Y pronto, también, surgió la necesidad de renovar el Pacto Federal, porque la Constitución de 1857 resultaba insuficiente en el contexto revolucionario, de carácter eminentemente social, que contó con una amplia participación de obreros y campesinos.

Tannenbaum, como lo apuntamos, define que la Constitución no fue fruto de la Revolución, sino viceversa. A diferencia de las otras revoluciones del siglo XX –dijo Octavio Paz en Convergencias-, la de México no fue tanto la expresión de una ideología más o menos utópica como la explosión de una realidad histórica y psíquica oprimida, ni fue la obra de un grupo de ideólogos decididos a implantar unos principios derivados de una teoría política.

La Constitución de 1917, entonces, no es el fruto ideológico de la Revolución, sino fue lo que le dio sentido de Revolución a lo que fue, en todo caso, una revuelta.

  1. Dato aportado por el Colegio de Sonora, visible en http://www.colson.edu.mx:8080/barco/Databases/Economicas/M_tipoCambio.htm
  2. Krauze, Enríque, “Venustiano Carranza. Puente entre siglos”, Biografía del Poder, t. 5. Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 170.
  3. Paul Gamer. Porfirio Díaz. Del héroe al dictador, una biografía política, Planeta, México, 2003, p. 80.
  4. Citado por Enrique Krauze, Siglo de caudillos. Tusquets, México, 1994, p. 31.

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